Castilla y León vive un 'boom' fotovoltaico con proyectos que ocuparán 15.000 hectáreas
Expertos, ecologistas y sindicatos agrarios reclaman un «plan ordenado». Agricultores y ayuntamientos se frotan las manos ante el maná de arrendamientos e ingresos
«El campo castellano, en lugar de cultivar colza, a partir de ahora cultivará kilovatios». El vaticinio del presidente de la Unión Española Fotovoltaica ( ... UNEF), José Donoso, ya está aquí. Los proyectos se multiplican por toda la comunidad con docenas de peticiones que hacen cola en los trámites de información pública. Empresarios, agricultores y alcaldes hablan sin rubor de «la nueva burbuja».
El maná es de tal dimensión que, solo con los casi 25.000 megavatios (Mw) que se están tramitando hoy día en Castilla y León, daría para cumplir el 65% de todo el plan nacional previsto por el Gobierno central hasta 2030 (casi 40.000 Mw).
Algunos proyectos son de dimensiones 'macro'. Tordesillas Solar FV proyecta una inversión de 152 millones de euros para instalar 20 islas solares con 625.000 placas que conectarían a la red 300 Mw. Unido a los kilómetros de cables y enganches a la red, se desparramará por al menos cinco municipios colindantes. Entre ellos, Villalar de los Comuneros. Su alcalde, Luis Alonso Laguna, admite que «con esto vamos a triplicar el presupuesto municipal y todo el mundo va a ser compensado».
En Wamba, un proyecto similar, 'sembrará' cerca de 900 hectáreas con 150 millones de euros de placas para producir 330 Mw, el equivalente a 62 millones de toneladas de dióxido de carbono (C02) anuales que no irán a la atmósfera. «Poco tardaron en sacarlo adelante. Y nosotros esperamos cuatro millones de euros en ingresos», calcula su alcalde, José Luis Álvarez.
Los ayuntamiento recibirán unos 10.000 euros al año por megavatio enganchado a Red Eléctrica. «Muchos agricultores están como locos. Piensan que con esto se jubilan», resume gráficamente la letrada experta en asesoría agraria, Celia Miravalles. No es para menos, la 'burbuja' que no deja de inflarse está ofreciendo ya más de 1.500 euros por hectárea de terreno. Seis o siete veces más de lo que renta una buena cosecha de cereal. Esto unido a alquileres a 30 o 40 años supone la jubilación anticipada de cualquier propietario.
Confusa bolsa de empleo
Los promotores aseguran a esos alcaldes que se van a crear 250 o 300 empleos por proyecto. Una cifra exagerada y que solo se acercaría durante la ejecución. Después, el mantenimiento apenas necesitará personal.
Solo en Valladolid, la Delegación del Gobierno tramite otros ocho grandes proyectos fotovoltaicos, siempre con inversiones superiores a los 50 millones de euros. A los que hay que sumar los de menos de 50 Mw, cuya tramitación corresponde a la Junta regional.
No todo son 'autopistas' administrativas. En Renedo de Esqueva la ampliación del actual parque fotovoltaico está provocando una campaña digital de protesta en la web change.org.
La región se está dando la máxima prisa en sustituir las térmicas del carbón por las fuentes de energías renovables. «Hay ya 700 instalaciones y 6.800 proyectos que nos permitirán que el 74% de nuestra producción eléctrica sea 'verde'», explicó en las Cortes regionales el martes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
La liquidez de las inversiones renovables, unido a la recuperación de las ayudas públicas y los fondos europeos para cumplir con el cambio climático no dejan de inyectar aire al nuevo 'globo'.
Tras el arreón inicial de las eólicas, la fotovoltaica ha tomado el relevo. Hasta el punto de que van a convertir las solanas de la meseta en «un espejo de miles de hectáreas», advierte el portavoz medioambiental del PSOE en las Cortes regionales, José Luis Vázquez.
Las Administraciones no dan datos y hay que rastrearlos en los boletines oficiales. Pero Vázquez calcula que, si fructifican todas las peticiones de la región, la ocupación «superará las 15.000 hectáreas» agrícolas reconvertidas en 'girasoles metálicos'. Un cálculo que otras fuentes consultadas consideran «muy modesto».
La cultura fotovoltaica no es nueva. Pero ha cambiado de dimensiones. Los pequeños 'huertos' solares «están dando paso a 'macroparques'. Todo el mundo está en contra de las macrogranjas pero nadie discute a la 'energía verde'. Y, donde se ponen placas, desaparecen los agricultores», lamenta el secretario general del sindicato ASAJA en Castilla y León, José Antonio Turrado.
Y el problema para el sector primario es que dos de cada tres labradores son arrendatarios por lo que una instalación supone su salida obligada de las tierras.
No todo son cantos de sirena. Cada vez se oyen más voces que reclaman una regulación para ordenar esta especie de 'salvaje Oeste' de las peticiones. Pequeñas sociedades, sin capital ni trabajadores, y con sedes en Cádiz o Murcia, protagonizan estos primeros trámites. «Detrás de todo esto están los fondos de inversión que se lo acaban vendiendo a las grandes eléctricas de siempre», remarca Miravalles.
Picaresca a trozos
Varios proyectos «se presentan de forma fragmentada, en varias piezas, para simplificar los trámites», advierte desde Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos, atento a las «dinámicas especulativas y prácticas corruptas» que puede generar esta 'carrera'. Esta práctica es fácilmente comprobable en los trámites de exposición pública, con proyectos que se llaman Torozos 1, Torozos 2, Torozos 3 (Valladolid). O Villameca 1, Villameca 2, Villameca 3 (León).
La Alianza por el Clima, que reúne a sindicatos, ambientalistas y oenegés, reclama a las comunidades autónomas «una guía para evitar que los promotores puedan fragmentar los proyectos para sortear la tramitación por parte del Estado».
Y todo parece más fácil en la España vacía, donde «solo con los eriales (zonas sin cultivo) de Castilla y León hay sitio para hacer 10 planes nacionales de renovables», asegura el presidente de la patronal UNEF, José Donoso. Un estudio de esta organización calcula que en la región bastaría con ocupar un 0,24% de terrenos de cultivo.
Muy inferior a los cálculos de expertos como el investigador del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid (GEEDS), Íñigo Capellán que calcula que «para que la energía solar sea rentable, España necesitará ocupar un 3% de su territorio, que ya sería más que toda la superficie urbanizada (2%)».
Capellán acaba de publicar un estudio en la revista 'Scientific Reports', junto al Centro Vasco por el Cambio Climático y el Joint Global Change Research Institute (Univ. Maryland, EE UU) en que advierten de los riesgos para la sostenibilidad si no se regula bien. «La creación de parques fotovoltaicos desplazará la producción de alimentos o la ganadería extensiva a otras tierras que previamente eran, por ejemplo, superficies forestales, lo que generará emisiones de gases de efecto invernadero que se pretenden eliminar», advierte Capellán. Este equipo ha creado un modelo que llaman 'emisiones desplazadas' y que puede aplicarse en cualquier mapa.
Los colectivos ecologistas también empiezan a poner la lupa sobre el sector. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a proyectos como Tordesillas Solar FV. Reclaman «una planificación igual que se acabó haciendo con los parques eólicos», además de que se impida su instalación en lugares «donde se ponga en peligro la diversidad ambiental o sean zonas de protección de fauna o flora». También desde la Sociedad Española de Ornitología (SEO), su directora, Asunción Ruiz, clama «un planeamiento territorial vinculante que garantice la exclusión de las áreas de alto valor y priorice la ocupación de espacios ya degradados».
Atentos al zumbido sordo de las quejas contra las aparentemente mudas planchas solares, la patronal, que reúne a 400 empresas, toma medidas. Y publica decálogos de buenas prácticas con una batería de pautas para que «no seamos un problema para la biodiversidad, que los proyectos sean reversibles y poner 'muros verdes' para minimizar el impacto», propone Donoso.
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