Castilla y León

La ayuda de alquiler alcanza este año los 2.331 euros de media por familia

Este apoyo al alquiler está a la cabeza de las subvenciones autonómicas en relación con el número de solicitantes y el montante económico. Han sido 31.362 los expedientes tramitados desde que finalizó el plazo de presentación de peticiones, a finales de enero, y la dotación presupuestaria alcanza los 48,9 millones de euros, al incrementarse los 19,57 iniciales en otros 29,39. Todas las personas que cumplen los requisitos percibirán la ayuda. Valladolid, con 4.853 subvenciones concedidas, encabeza el reparto por provincias.

Un análisis de las características generales que deja el listado de beneficiarios apunta a una mayoría de personas nacidas en España, con más peso de mujeres y jóvenes. El grueso principal acredita vivir con unos ingresos modestos y opta por presentar la solicitud en persona frente al trámite por Internet.

El 75,6% de los beneficiarios de esta ayuda que tramita la Junta de Castilla y León son españoles: 15.884. De los 5.122 ciudadanos de origen extranjero empadronados en la comunidad que percibirán este apoyo al alquiler, casi la mitad son originarios de Marruecos, a los que siguen rumanos, búlgaros, colombianos y venezolanos. Todos los inquilinos que cobran la subvención deben cumplir un requisito de renta mínima y máxima, estar en situación de residencia legal, aportar el contrato de alquiler y abonar la renta del mismo a través de un banco, para que quede acreditado lo que se paga y a quién. En el listado de personas que recibirán la ayuda figuran 12.694 mujeres y 8.312 hombres. Por edad, hay 6.280 menores de 36 años y 2.111 mayores de 65.

El requisito de ingresos para resultar beneficiario de la ayuda oscilaba entre un mínimo de 4.200 euros brutos anuales (0,5 veces el indicador de precios IPREM) y un máximo de 25.200 (3 IPREM) por unidad de convivencia, tope más flexible en el caso de familias numerosas o víctimas del terrorismo hasta los 33.600 euros anuales (4 IPREM) o los 42.000 euros para familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad (5 IPREM).

Los datos facilitados desde la consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones arrojan que el 44% de los beneficiarios documentan ingresos por debajo de 8.400 euros brutos anuales (1 IPREM). Ese porcentaje crece hasta el 76,6% cuanto el corte económico se sitúa en 16.800 euros brutos de renta anual (2 IPREM). Y alcanza el 98,1% del listado si se toma como referencia los 25.200 euros (3 IPREM). Hay 65 ciudadanos (0,3%) con ingresos de hasta 42.000 euros anuales, que forman parte de esos colectivos con catalogación especial: familias numerosas, víctimas del terrorismo o personas con discapacidad.

La tramitación de esta ayuda, muy farragosa por el volumen de solicitudes y los documentos a presentar y comprobar, ha sufrido ajustes en los últimos años. El plazo de presentación de las dos convocatorias más recientes ha coincidido con el final del año de alquiler que se subvencionaba. Eso ha hecho posible que los solicitantes aportaran ya los recibos del pago. Antes se les pedían a toro pasado, después de resolver la ayuda. Eso retrasaba el pago y había solicitantes con la ayuda concedida que no presentaban correctamente los recibos (no valen los confeccionados a mano) y obligaba a expurgar el primer listado. Eso ahora no pasa.

La consejería ha articulado también una vía para que quienes perciben la ayuda y vuelven a solicitarla sin que haya cambios en sus circunstancias no tengan que presentar de nuevo toda la documentación por duplicado. El apoyo al alquiler de vivienda habitual es de las cada vez menos líneas de subvenciones autonómicas que pueden solicitarse de manera tradicional, llevando el formulario y los documentos a un mostrador en el que atiende un funcionario. El 75% de los solicitantes opta por esta fórmula, frente al 25% que se anima con la tramitación telemática, por Internet.

La ayuda al alquiler llegará en Castilla y León a 21.006 personas. Completa la tramitación otros 8.121 expedientes que se deniegan porque «no han cumplido con los requisitos». Encabezan este contingente de negativas 1.802 en los que se solicitó a quien firmaba la petición que aportara documentación o acreditara algún extremo y no lo hizo. Les siguen otros 1.711 casos en los que el alquiler de la vivienda superaba lo que marcaba la Junta. No se subvenciona el arrendamiento de cualquier vivienda. Un solicitante puede no pasarse de ingresos, estar empadronado en la vivienda o habitación que ha alquilado, aportar contrato y recibos bancarios de pago, pero el precio que paga no debe superar los 550 euros al mes en Valladolid, Segovia, Burgos y Salamanca, ciudades con el mercado inmobiliario más caro de la comunidad o los 450 en un municipio rural.

Hay otras 1.666 denegaciones porque quien pide la ayuda no está empadronado en el inmueble alquilado; 1.540 que superan los ingresos máximos de renta y otros 1.445 que no llegan al mínimo de 4.200 euros brutos anuales que la Administración considera imprescindibles para poder afrontar el alquiler de una vivienda. Hay otros 755 que se quedan sin la ayuda por ser deudores de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social; 525 no eran los titulares del contrato de arrendamiento y 410 figuraban como propietarios o usufructuarios de otra vivienda.

Los que sí percibirán la ayuda verán como el pago llega a su cuenta bancaria ese mes. «En Castilla y León, a quien precisa un hogar se lo ponemos más fácil: menos burocracia, menos preocupación y más independencia», aseguró Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, el día que anunció la resolución de las ayudas. Una valoración que tuvo su réplica desde las filas del PSOE. «Solo uno de cada cuatro euros que se destina a vivienda en Castilla León procede de la Junta, porque el resto lo pone el Gobierno de España», valoró Javier Muñoz, secretario de organización adjunto de los socialistas autonómicos.