Avanza la nueva Ley de Violencia de Género, que incluye a los huérfanos
El anteproyecto de la Consejería de Familia supera el informe del Consejo Económico y Social, un trámite del que aún está lejos la normativa sobre violencia intrafamiliar que exige Vox
La nueva Ley de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia de Género en Castilla y León, que aspira a sustituir a la ... que entró en vigor en 2010, avanza trámites. El anteproyecto que elabora la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para incorporar «nuevas realidades surgidas en la última década» en el ámbito de la violencia hacia la mujer cuenta ya con el informe del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León.
Al texto que depende de la consejera Isabel Blanco (PP) solo le queda una escala antes de pasar por el Consejo de Gobierno de la Junta para su aprobación y envío a las Cortes. Se trata del informe del Consejo Consultivo, institución que realizará un análisis jurídico y a la que la consejería aún no ha remitido un anteproyecto que contempla el impulso al acceso telemático a servicios de asistencia y prevención, recogiendo la experiencia práctica de la etapa de la covid-19.
El texto de la Junta plantea como objetivos «crear una cultura de rechazo a la violencia de género y la necesaria restitución de los derechos vulnerados»
La futura regulación refuerza la parte de ayudas y apoyos para los huérfanos de mujeres asesinadas. Estos perciben en Castilla y León una ayuda de 5.000 euros anuales mientras son menores de edad y matrículas gratuitas en universidades públicas, apoyos que quedarían blindados por ley en la nueva regulación, que contempla acceso preferente a viviendas y ayudas de vivienda para «quienes asumen la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del o la menor huérfano».
El anteproyecto redactado por el equipo de Isabel Blanco resume el objetivo de la nueva norma: «El conjunto de la ley está enfocado a apoyar a las víctimas de violencia de género en el camino hacia la recuperación de su autonomía personal y a movilizar a la sociedad civil para crear una cultura de rechazo hacia la violencia de género y de necesaria restitución de los derechos vulnerados de las víctimas»
El envío al CES supuso la reactivación de la tramitación de un anteproyecto que quedó colgado de la brocha durante la etapa de Gobierno de PP y Cs, con el adelanto electoral. Estaba en puertas de aprobación en diciembre pasado. El pacto de PP y Vox, con la clara posición anti violencia de género de los últimos, sembró dudas sobre el futuro de una regulación que Isabel Blanco, dirigente de la total confianza del presidente Alfonso Fernández Mañueco, decidió reimpulsar en verano.
El preámbulo del texto resalta que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León encomienda a la comunidad «la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de violencia de género» y defiende el trabajo «en red» en la atención a las mujeres maltratadas y los niños y mayores que estas tienen a su cargo. También que el anteproyecto, que parte de un acuerdo del Diálogo Social, entre la Junta, UGT, CC OO y CEOE Castilla y León es fruto de un «amplio consenso» con entidades de sensibilidades diversas.
Violencia 'sexual y reproductiva'
El CES advierte en sus observaciones sobre el texto remitido por Familia obvia contenidos recogidos en el acuerdo del Diálogo Social, en la parte de la «violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres». Estima el informe de este Consejo que «las referencias a la libertad de disfrutar de una vida sexual plena y sin riesgos para la salud, y al derecho a decidir y ejercer la maternidad, son derechos de la mujer». El anteproyecto suprime la inclusión expresa de estos derechos -alguno de ellos, como el de la interrupción voluntaria del embarazo regulado en ley orgánica, de rango superior- y opta por la regulación genérica que apela a «los derechos reconocidos a las víctimas de violencia de género en otras leyes». Esa 'suavización' del texto podría allanar el paso de la regulación por un Consejo de Gobierno en el que el PP tiene mayoría, pero se sienta Vox.
El avance en la tramitación de la nueva Ley de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia de Género en Castilla y León se contrapone al de otra normativa que Vox impone al PP en el pacto autonómico, que es la Violencia Intrafamiliar. El Gobierno de coalición aún no ha publicado borrador alguno de anteproyecto. El único paso oficial dado sobre esa regulación es el anuncio en la web de la Junta este verano de la intención de regular sobre violencia intrafamiliar, con un pequeño resumen en el que se recalca que no tendrá aplicación en «los supuestos que, desde el punto de vista jurídico, se consideren como violencia de género ni a los supuestos de desprotección de menores».
En ese texto de presentación de lo que será la norma que abandera Vox, la Consejería de Familia e Igualdad circunscribía la normativa de Violencia Intrafamiliar a «esferas» de aplicación como: situaciones de violencia filioparental, de hijos menores a padres y hermanos; en casos de maltrato a personas mayores y a personas con discapacidad; en supuestos de violencia de mayores con deterioro cognitivo o demencias seniles, o personas con discapacidad o trastorno mental con comportamientos disruptivos hacia los familiares que los cuidan; y en casos «de violencia de pareja que no tengan la consideración de violencia de género».
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