Amplían la denuncia contra el Ecyl por las subvenciones para los cursos de parados en Castilla y León

La nueva documentación se presentó el pasado 7 de noviembre en el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid, donde se siguen las diligencias previas de la querella presentada en agosto por el ministerio público por supuesta prevaricación administrativa continuada, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y abuso en el ejercicio de su función en el Ecyl, además de percepción fraudulenta de subvenciones. Si en la denuncia inicial se aludía a supuestas subcontrataciones de centros formativos por las empresas que obtuvieron la licitación por más de 20 millones de euros correspondientes al Programa de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD), ahora se extiende también al Programa de Orientación, Formación e Inserción Profesional (OFI) y al de formación continua.

El sustrato legal de la querella es la Ley General de Subvenciones de 2003 y otras normas posteriores, como la Ley del 30 de 2015, donde se regula la formación para el empleo. En ellas «se prohibe taxativamente subcontratar con terceros tanto la organización como la ejecución de las acciones formativas subvencionadas». La subcontratación está tipificada como una infracción muy grave.

En este caso, «para dar una apariencia de legalidad», las empresas adjudicatarias de las subvenciones darían de alta en su número de patronal en la seguridad social a los docentes que impartían la formación en los centros subcontratados pero, en realidad, estos centros habrían sido «los que verdaderamente ejecutaron las acciones formativas objeto de las subvenciones concedidas a los presuntos subcontratistas». Según el abogado, estos «subterfugios» en las políticas activas de empleo se suceden en los concursos convocados por el Ecyl desde 2016 «y, para eludir fraudulentamente la prohibición de subcontratación de la Ley General de Subvenciones, el servicio de empleo habría habilitado en sus concursos un documento 'ad hoc' de cesión de instalaciones con una duración por el periodo estricto de la acción formativa.

Estos concursos ya fueron impugnados en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuya Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid tiene todavía que pronunciarse. En esta vía contenciosa hay planteadas reclamaciones en dos juzgados también por las recientes convocatorias y adjudicaciones provisionales.

En Castilla y León existen 1.100 centros formativos homologados y registrados «sin tener que recurrir a los subterfugios que se han utilizado para burlar la prohibición de la subcontratación con terceros», apostilla. Además del intento fraudulento de legitimación mediante la cesión de instalaciones, los adjudicatarios de las subvenciones también incumplirían la normativa «al subcontratar tanto la organización como la ejecución de los cursos con los centros que les han alquilado las instalaciones».

Estas entidades, ya acreditadas ante el Ecyl, en lugar de ir como licitadores directos a los concursos, «han sido utilizadas como pantalla o empresas interpuestas». Las subvenciones se adjudicaban a los licitadores –casi siempre, a tres grupos empresariales y dos de ellos, vinculados al Partido Popular–, y estos recibían de los subcontratados una comisión sobre la subvención gestionada. Además, la simulada cesión de instalaciones servía a los adjudicatarios para imputarlas como gastos a deducir de la subvención. De esta forma, se pervierte la concurrencia competitiva. En un mismo concurso, algunas empresas de estos grupos eran arrendadoras y otras, arrendatarias y otras veces las arrendatarias hacían de arrendadoras de otras empresas del mismo grupo y en la misma convocatoria. Y para garantizarse las adjudicaciones, se habría tejido una red de nepotismo en la que familiares de funcionarios del servicio de empleo estarían trabajando en los grupos de empresas que serían «los grandes beneficiarios» de estas subvenciones de los cursos de formación.

Estas irregularidades, concluye el denunciante, «podrían suponer, además, un retorno a las arcas públicas próximo a los cien millones de euros por contaminación de toda la concurrencia competitiva de todos los concursos de 2016 donde se han baremado unos items derivados de unas subcontrataciones prohibidas por ley».

Desde la Consejería de Empleo e Industria se indicó este viernes que, de acuerdo con la información aportada por el Servicio Público de Empleo (Ecyl), «la Consejería no tiene ninguna prueba de que haya existido una actuación que no sea ajustada a derecho por parte de los funcionarios públicos». Asimismo, tanto las bases como la convocatoria de subvenciones, subraya, «cuentan con los informes favorables (de normativa, jurídico y de intervención). Respecto de las diligencias judiciales, el Ecyl «está recopilando toda la documentación solicitada por el juzgado para su remisión a esta instancia y continuará estando a su disposición para aportar toda la información que solicite».

En paralelo, desde Presidencia de la Junta se indicaba ayer que que los servicios jurídicos están a la espera del «ofrecimiento de acciones» por parte de la jueza para decidir si se persona en el procedimiento».

Sobre los mecanismos de control respecto de estas subvenciones, la Consejería reconoce que «efectivamente, la subcontratación en formación está prohibida» y puntualiza que el Ecyl «comprueba que esto se cumple con el cruce informático de datos, visitas a las instalaciones durante la impartición de los cursos y mediante la verificación de las facturas presentadas». Recuerda además que estos cursos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo, «por lo que las subvenciones concedidas están también fiscalizadas por la Unión Europea».