«Endurecer las penas forma parte del plan contra la delincuencia itinerante»

Comunica a toda velocidad y se adelanta a la siguiente pregunta. Haber sido director general del gabinete del ministro del Interior antes de ser nombrado número dos de la cartera que está en manos de Jorge Fernández Díaz le ha servido a este letrado de las Cortes Generales, número uno de su promoción, para vadear cómodamente las aguas periodísticas: sabe lo que interesa en el otro lado, se moja lo justo y con chaleco salvavidas. Francisco Martínez Vázquez (Madrid, 1975) es desde enero de 2013 el responsable de la Seguridad en España y eso incluye saber desde cuantos tricornios hay en la Guardia Civil hasta qué yihadistas adoctrinan en la prisión de Topas o si al pequeño Nicolás le echaron de la final del Mutua Madrid Open entre Nadal y Murray. Entre sus muchas funciones, la puesta en marcha de planes contra la delincuencia organizada, desde las bandas del cobre hasta el blanqueo de capitales, y la coordinación de la lucha antiterrorista.

Está usted en una de las comunidades autónomas más seguras de España, según la estadística.

Sí, en Castilla y León las cifras son magníficas y, sobre todo, por la evolución de los datos: las cifras son una foto fija pero es que, además, la baja criminalidad se sostiene a lo largo del tiempo. Incluso algunas tipologías propias, como el robo en explotaciones agrícolas, están teniendo una evolución muy buena.

¿Tienen una estrategia para mejorar resultados? En los pueblos recalan supuestos mendigos que, se aprovechan de la solidaridad de los vecinos. Parece que los equipos Roca no son suficientes.

Estrategia claro que tenemos. Desde 2013, el Gobierno está siendo muy sensible con este asunto, cuando las organizaciones agrarias y colectivos y profesionales del campo nos plantearon esta demanda. Este tipo de delitos genera mucha inseguridad en el medio rural, porque a quienes lo sufren les generan una pérdida más grande que la mercancía, les roban su medio de vida. Por eso se pusieron en marcha los planes operativos y la creación de diez equipos Roca en Castilla y León, con un resultado muy bueno. Además, se ha querido que el Código Penal sea especialmente sensible a este tipo de delitos, ya que generan una enorme alarma y sensación de inseguridad. Por eso debía recoger todo el reproche sancionador. Así que, a partir del 1 de julio se contemplarán en el Código Penal como un delito específico el robo de bienes y medios para trabajar en explotaciones agrarias, endurece las penas y toma medidas contra los reincidentes, porque no puede ser que entren por una puerta y salgan por la otra y no pase nada.

¿Cree que así se lo pensarán las bandas itinerantes antes de venir de otros sitios a dar el golpe a Castilla y León?

La itinerancia exigió planes específicos porque hay robos que dependen de la estacionalidad: los robos de cobre van en función de la subida del precio, y los relacionados con el campo van en función de las cosechas. Hay una delincuencia itinerante que va en paralelo al mapa de las cosechas. Toda esa inteligencia criminal nos ha permitido detectar patrones de los grupos en cada punto de España y montar planes operativos con la Guardia Civil y la Policía Nacional cuyo resultado, creo, está a la vista. Luego, el Código Penal tiene una función disuasoria y que castiga estos delitos. La lucha contra la trata de seres humanos, que no solo es sexual, hay explotación de la mendicidad, y también forma parte de estos planes.

Como jurista, ¿cree que era necesario endurecer las penas en el Código Penal, uno de los más duros del entorno europeo?

En la comunidad jurídica hay diversidad de opiniones. Pero desde el Gobierno hay el compromiso de que determinados delitos especialmente repugnantes y ofensivos (en los que las víctimas son menores, dispacitados, los que van en contra de la integridad sexual...), iban a recibir mayor reproche y una respuesta más dura a la multirreincidencia. Tengo la firme convicción de que, con las faltas contra el patrimonio (hurtos) y la falta de consideración penal de la reincidencia, se ha instalado una sensación de impunidad. Desde mi perspectiva, endurecer las penas en determinados delitos era necesario. A partir del 1 de julio, que entra en vigor la reforma del Código Penal, valoraremos el efecto.

Acaba de ser juzgado en Valladolid al autor del crimen de una joven madre en Medina del Campo. Un crimen a raíz del cual se anunció que iba a haber unidades especiales para víctimas en todas las comisarías. ¿Han detectado un cambio de actitud en la población del medio rural, casi siempre muy reacia a denunciar el maltrato?

En violencia de género el trabajo de Interior es relevante, pero también en otros departamentos. La lucha policial consiste en la detención del maltratador y en la protección a la víctima, y a la Administración del Estado poner a disposición herramientas tecnológicas, como el sistema integral de violencia de género (Viogen) de seguimiento integral, que da un ámbito de protección muy amplio. A este sistema se han ido incorporando las policías locales y autonómicas. La comunidad de Castilla y León es precursora en la firma de estos convenios para conectar la gran base de datos de Interior con el Gobierno de Castilla y León y así permitir que la información circule en ambas direcciones. Pero tienen que implicarse otras administraciones públicas y departamentos que trabajen en el ámbito preventivo y de promoción de la igualdad, generando otras iniciativas a veces muy complejas, como la conexión de bases de datos de Instituciones Penitenciarias por si se produce la excarcelación de personas con delitos de maltrato y permisos, actualizar los sistemas de evaluación del riesgo... Es una lucha sin tregua: una sola víctima es un fracaso.

Ha sido esta una semana trágica en violencia machista. ¿Van a intensificar desde el Gobierno los mecanismos de protección a las mujeres y las campañas de concienciación social?

Muchas veces es más cuestión de sensibilidad que de presencia policial. Hay herramientas, algunas innovadoras, que se han puesto en marcha en esta legislatura, como la posibilidad de denunciar desde un teléfono móvil sin que la llamada deje rastro. Pero hay que seguir trabajando para erradicar la cultura machista, que horada la base de convivencia de esta sociedad. En este sentido, todas las campañas de concienciación son pocas, todas son necesarias y generan una conciencia y el cambio de la forma de pensar.

Preocupa el gran aumento de casos de violencia ejercida por menores.

En esta legislatura se ha trabajado mucho en la prevención de la cultura del odio. Vamos a lanzar más campañas sobre los riesgos que suponen para menores y adolescentes determinados contenidos en las redes sociales, Internet se está utilizando como canal para difundir la cultura de la violencia, el odio, comportamientos muy nocivos que no se pueden difundir. En eso estamos trabajando en el terreno preventivo. Otro plan es el de mejora de convvencia en los centros escolares, a petición de la comunidad educativa. En las charlas policiales de este curso 2014-2015 se ha hecho especial hincapié en el mundo digital a petición de los propios educadores y de los escolares.

¿Al final, se reducirá la plantilla policial en Parquesol?

Es verdad que en esta legislatura la oferta de empleo en la Guardia Civil, la Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias se ha visto afectada por la restricciones, como en todas las administraciones. ¿Se ha reducido? Sí. Pero se ha hecho un esfuerzo enorme para trabajar mejor y ser más eficaces, como lo demuestra que la delincuencia ha bajado notablemente en toda España. Porque se ha organizado el trabajo de una forma más racional, más eficiente y más eficaz. Con menos efectivos se han conseguido muy buenos resultados. ¿Eso quiere decir que nos damos por satisfechos? No. Yo confío en que la oferta de plazas sea mayor con la bonanza económica. En el caso de Valladolid, se planteó reducir las unidades de intervención pero eso era un borrador y no se van a producir esos cambios.

Esos recortes también han afectado a infraestructuras que estaban previstas o en construcción, como el centro penitenciario de Soria. ¿Qué va a pasar con estas instalaciones?

También en este caso nos vemos afectados por la oferta de empleo, con solo convocada una tasa de reposición del 10%; ha bajado el número de internos en las cárceles y nos encontramos al inicio de la legislatura con un montón de centros penitenciarios en construcción. Hicimos un estudio para racionalizar la situación, porque, además, en algunos de los que ya existían había ciertos elementos suntuarios o de lujo que resultaban innecesarios en el proceso de resocialización de los internos. Así que hicimos un proceso de racionalización de lo que heredamos. Se había hecho un diseño de la red de centros que no tuvo en cuenta ni la realidad económica ni la realidad penitenciaria.

Los funcionarios de prisiones de Castilla y León han alertado también de que algunos centros son semilleros de yihadistas.

Yo matizaría lo de vivero de yihadistas. Es verdad que hay quienes adoctrinan en las cárceles y que hay un potencial que hay que vigilar muy de cerca, pero a día de hoy es Internet, y no las cárceles ni las mezquitas, el verdadero canal de captación del fanatismo islamista.

Cuando quienes nos tienen que proteger son los que delinquen o se corrompen, como ha ocurrido en los policías juzgados en Ávila por extorsión, o el inspector detenido en Madrid por grabar pornografía infantil, ¿qué siente el secretario de Estado de Seguridad?

Ente la Guardia Civil y la Policía Nacional hay casi 150.000 personas. Esto son casos aislados y claramente minoritarios de comportamientos no éticos y delicitivos que los propios Cuerpos quieren expulsar cuanto antes por su elevada exigencia de probidad y ética. Los ciudadanos siguen percibiendo que son instituciones serias y sólidas en las que se puede confiar, y ahí están las encuestas. Estas conductas repugnantes tendrán sus consecuencias. Nadie las va a amparar ni proteger.