Del Olmo retoma hoy la reivindicación sobre el agravio de Montoro a la región

Pilar del Olmo se reúne hoy, en Madrid, con la secretaria de Estado de Coordinación de Política Autonómica y Local, Rosana Navarro, miembro del equipo del ministro Cristóbal Montoro, para aclarar cómo afecta a Castilla y León el mecanismo de financiación diseñado por el Gobierno central y el baile de cifras sobre el supuesto beneficio a la comunidad que han dado desde el Ministerio de Hacienda.

No va a ser una reunión cordial. De fondo, el conflicto generado por el Gobierno central tras perdonar los intereses a las comunidades a las que rescató entre 2012 y 2014 porque no conseguían contratar deuda por sí mismas en los mercados. Unos intereses que asumirán las arcas estatales, mientras que los territorios que cumplieron todas las exigencias de estabilidad presupuestaria, entre los que se encuentra Castilla y León, siguen abonando los suyos. Lo que está en juego en Madrid es dinero para pagar las facturas. A más fondos, más holgura financiera y mejores servicios.

Si el contenido de la propuesta ministerial agravia a los ciudadanos de la comunidad, situación reconocida por el propio presidente de la Junta, el envoltorio que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho del mismo, presentado cifras hinchadas e incorrectas del supuesto beneficio que iba a recibir Castilla y León con el nuevo plan de financiación estatal ha colmado la paciencia del presidente de Castilla y León. Juan Vicente Herrera llamó «mentiroso» y «manipulador» al ministro de Hacienda la víspera de Nochevieja. Y volvió a reiterar lo que había transmitido días antes de Nochebuena por boca de su portavoz: «una cosa es ser leales y otra tontos».

La reunión que de Pilar del Olmo y Rosana Navarro tiene como objetivo «aclarar las muchas dudas y ambigüedades» que el Ejecutivo de Castilla y León encuentra en el Decreto Ley que regula el nuevo instrumento de liquidez que ofrece el departamento de Montoro. Y analizar también cómo hacen las cuentas en el ministerio para que hayan facilitado hasta tres cifras diferentes (483, 424,3 y 163,8 millones de euros) del supuesto ahorro para las arcas regionales, que no coinciden con la suma que hace la Junta, que reduce esta cantidad a 93,2 millones de euros. Una cuantía insuficiente, si se compara con la tajada que sacan comunidades como Cataluña, Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha, a la cabeza de las nueve que se benefician con el plan del Gobierno Rajoy.

«Queremos ver cómo hacen las cuentas, de dónde sacan la primera cifra. Hay que analizar de dónde sale la segunda corrección con la que tampoco estamos de acuerdo. Han dicho que nos habían confundido con Castilla-La Mancha», ha apuntado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez López.

El ministerio ofrece financiación a tipo de interés cero a partir de ahora, entre 2015 y 2017, pero la clave está en la compensación por los intereses pagados por la deuda de 2012, 2013 y 2014 que comunidades como Castilla y León, Madrid, Aragón y Galicia, que han cumplido religiosamente todas las exigencias de recorte de déficit y límite de deuda, y también Extremadura y La Rioja deben recibir para no resultar agraviadas frente al resto de territorios, que no tendrán que abonar esos intereses al Ministerio, porque el Gobierno de Rajoy ha decidido que se paguen a escote. Entre todos.

Esa es la clave. Pilar del Olmo ya planteó el día 23 que el Ejecutivo central condonara a la comunidad la devolución correspondiente a 2014 por lo recibido de más en los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009, y que supone alrededor de 180 millones de euros. Esto ayudaría a Castilla y León a controlar el déficit del año que acaba de terminar.

El camino que inicia hoy la consejera en Madrid no concluye ahí. La información con la que vuelva a Valladolid la responsable de Hacienda servirá para que Juan Vicente Herrera se dirija al presidente Mariano Rajoy. Será algo inmediato, avanzó el portavoz de la Junta. Todavía no está claro cómo lo hará. Si pedirá o no un encuentro personal. Lo que sí se ha reiterado la Junta es que no aceptarán un trato que agravie a la comunidad, porque ello supone perjudicar a sus ciudadanos. «Que también son españoles», concluyó.