IU denuncia pasividad en el Ayuntamiento al no registrar a su nombre tres ermitas municipales

Izquierda Unida cree que el ayuntamiento de Aranda «no debe permanecer impasible ante la inmatriculación de tres bienes inmuebles que considera municipales», las ermitas de San Pedro, San Isidro y San Antonio Abad, por parte de sendas parroquias, Santa Catalina, San Juan de la Veracruz y Santa María, acto que ha calificado de «mala fe» y pide que se suspendan todos los acuerdos, de cualquier tipo, que pudieran existir entre el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Iglesia Católica, así como las ayudas económicas concedidas, si existieran a las tres parroquias implicadas.

La Formación Política acusa a la alcaldesa, Raquel González, de no informar a la Corporación, en el Pleno del 29 de enero de este año, de que la parroquia de Santa María había inscrito a su nombre, en el Registro de la Propiedad, la ermita de San Antón y más de dos mil metros cuadrados del parque del mismo nombre, en el mes de julio, cuando respondió al portavoz de Izquierda Unida, que le instó a agilizar los trámites para registrar las ermitas de San Antonio Abad y de la Virgen de las Viñas, «si falta algún documento o alguna cosa, pues que se agilice para inscribirlas a nombre del Ayuntamiento», ésta respondió: «Bien. También decirles que esta misma mañana he vuelto a tener una nueva reunión con el presidente y el abogado de la Cofradía de la Virgen de las Viñas, y que esta misma semana también tuve una reunión con las mayordomas de la Cofradía de San Antón, y que se está trabajando en todos estos aspectos», según consta en el acta de la sesión.

En Izquierda Unida responsabilizan al Ayuntamiento de Aranda de Duero de no cumplir su obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, y a la Iglesia Católica, a través de sus parroquias, de actuar con mala fe en la inmatriculación de las ermitas inscritas en el Inventario Municipal, por lo que, se reserva las acciones, de todo tipo, que se puedan ejercer por las acciones u omisiones de los cargos públicos, funcionarios y cualquier otra persona o entidad para exigir las responsabilidades pertinentes y recuperar los bienes y hacen un llamamiento a las personas que forman parte de las Cofradías para que defiendan el carácter público de las ermitas.