La Junta revoca sus denegaciones a ayudas para créditos de VPO tras el consejo del Procurador del Común

La Dirección General de la Vivienda de la Junta de Castilla y León ha dado marcha atrás y ha comenzado a remitir cartas a los propietarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Valladolid, a los que el pasado año denegó las ayudas oficiales para la subsidiación de los intereses que pagaban por sus casas de primera residencia.

En las mismas, los responsables regionales comunican que la Consejería de Fomento ha resuelto «revocar la resolución dictada con fecha 29 de octubre de 2012, por la que se denegaba la ampliación del periodo de subsidiación solicitado», para aquellos propietarios que habían comprado su vivienda al amparo de los planes comprendidos entre los años 2000 y 2012.

La anulación de estas ayudas, que tradicionalmente se daban para reducir las cuotas de los préstamos hipotecarios que se pagan, se produjo por el decreto del 13 de julio del 2012, cuando el Gobierno central comenzó a aplicar una serie de recortes con el objetivo de reducir el déficit en las administraciones públicas y garantizar la estabilidad presupuestaria. Una medida cuyas consecuencias han afectado a todas las comunidades autónomas.

Estas aportaciones llegaban a suponer hasta 3.000 euros al año para aquellos dueños de VPO con escasos recursos económicos, y cuyos ingresos siempre fueran inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.

La normativa para recibir las ayudas establecía que la Administración regional, que tramita las mismas pero que no aporta los fondos, revisaría cada cinco años la situación económica de los beneficiarios. Ese era el caso de los que compraron sus pisos entre los años 2006 y 2007, en pleno desarrollo urbanístico de barrios como Monasterio de Prado, Pinar de Jalón o Santos-Pilarica.

15% durante otros cinco años

En la nueva resolución de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se reconoce «la ampliación de la subsidiación por un único periodo de cinco años del 15% del préstamo cualificado», que fue concedido a las entidades bancarias y de ahorro que tramitaron las hipotecas.

En las comunicaciones a los afectados, la Consejería de Fomento reconoce que revoca su anterior decisión por recomendación del Procurador del Común, Javier Amoedo, quien en octubre del 2013 rechazó en un informe que, tanto la Junta como el Ministerio de Fomento, pudieran aplicar este recorte con carácter retroactivo.

El Defensor del Pueblo de Castilla y León se hizo eco de las quejas de varias decenas de ciudadanos de la comunidad. Amoedo fue contundente al afirmar que si «la Administración autonómica deniega una ayuda prevista en el Plan Estatal a quien reúne los requisitos para acceder a la misma, se estará adoptando una resolución administrativa irregular, vulneradora de los derechos del solicitante». Por ello, el Procurador pedía que se ordenase la revocación de las denegaciones.

681 expedientes en Castilla y León

Fuentes de la Consejería de Fomento justificaron ayer la revocación de su anterior decisión por «la recomendación del Procurador del Común. La Junta es mera intermediaria en este proceso, ya que los fondos los aporta el Gobierno central», recordaron desde el Ejecutivo, que cifra en 681 los expedientes de VPO denegados en toda la comunidad.

El reparto provincial es el siguiente: Ávila 81; Burgos 2; León 86, Palencia 64; Salamanca 81; Segovia 40; Soria 14; Valladolid 255; y Zamora 58. A pesar de este reconocimiento favorable a la subsidiación, la Junta recuerda a los afectados que «mientras la Administración del Estado mantenga su criterio pueden existir dificultades para obtener el abono de la ayuda reconocida».