El PSOE acusa a la Diputación del ilegal derribo de viviendas en el barrio San José

El Grupo Socialista de la Diputación denunció ayer públicamente todas las irregularidades que cometió el organismo provincial en el derribo de ocho viviendas situadas en los alrededores del antiguo hospital psiquiátrico provincial, situado en el barrio San José.

El PSOE salió a denunciar este hecho cuando «hemos podido comprobar que la medida se tomó sin cobertura legal alguna».

Según el diputado socialista, Manuel Ambrosio, «el pasado 2012 su grupo se interesó por la situación de estos pisos, propiedad de la Diputación, y que estaban sin uso, se encontraban en mal estado», aunque según los socialistas «solo requerían una reforma menor».

En este sentido, Ambrosio explicó que «en noviembre de 2012, el diputado popular Francisco Albarrán se comprometió a rehabilitarlos y buscarles un uso ya que estaban registrado como bienes para el servicio público».

El Grupo Socialista dijo que «el pasado mes de julio, aprovechando que las máquinas pasaban por allí tras el derribo del Hospital Psiquiátrico, las viviendas fueron derruidas sin ajustarse al marco legal vigente y a lo que dice la Constitución Española sobre los inmuebles públicos».

Manuel Ambrosio Sánchez señaló «que el derribo se llevó a cabo sin proyecto de demolición y sin la licencia urbanística oportuna por parte del Ayuntamiento de Salamanca». Además, lamentó que se hayan demolido unas viviendas que con una «reforma no muy cara» podrían haber sido destinadas a otro tipo de gestiones «muy necesarias en tiempos de crisis como los que vivimos, por lo que nos parece que el PP se salta la ley a la torera».

En primer lugar, los socialistas hicieron hincapié en que «para tirar un inmueble público se necesita un expediente de derribo y de ruina, que no fue elaborado; tampoco se emitió un proyecto de derribo ni se solicitó al Ayuntamiento de Salamanca la licencia urbanística; por otro lado, no se solicitó ningún informe de rehabilitación al servicio de arquitectura de la Diputación, cuando en un pleno anterior se había llegado a ese acuerdo; y por último, el acta de recepción de las obras fue manipulado respecto al expediente ordinario».

Según Ambrosio, la Diputación cometió un «atentado injustificado y contra los salmantinos» y por ello exigió responsabilidades al diputado de organización y recursos humanos Francisco Albarrán Losada.

Mientras tanto, su partido está estudiando la posibilidad de acometer acciones legales al respecto puesto que consideró que «se han traspasado los límites de la acción política».

También explicó que en su momento la Diputación pidió un informe de rehabilitación al técnico Vidal Ruano Santos, externo al servicio del organismo provincial, que cifraba en 697.000 euros las obras de reforma.

No obstante, Ambrosio quiso dar a conocer «que el texto no es ni una memoria ni un proyecto, sino una estimación de presupuesto en el que no consta ninguna medición ni ningún sello indicativo con la fecha».

El diputado socialista considera «grave la destrucción de un patrimonio público» y sostiene que la Diputación «se ha saltado el proceso legal para el derribo. Por lo que atribuimos la decisión a la mala gestión y las malas prácticas instaladas desde hace tiempo en la Diputación» y al hecho de que el equipo de Gobierno haya preferido «quitarse un estorbo antes que gestionar».

Por último, el diputado por el grupo socialista remarcó que «ya que nos acusan de hacer demagogia, la voy hacer y recordar que nosotros habíamos propuesto destinar esos ocho pisos a alojar estudiantes becados de la provincia, a familiares de pacientes hospitalizados, a alojar familias desahuciadas o a familias víctimas de la violencia de género». En definitiva, cualquiera de las funciones hubiera sido posible dada la declaración como bien de dominio público y para el uso público que tenían los pisos antes de ser derribados por la Diputación de Salamanca.