El nombramiento de Bachiller abre el debate del voto para los discapacitados

Ángela Bachiller fue muy sincera respecto a su opinión de la política. A ella, primera edil de España con síndrome de Down, no le interesaba demasiado cuando le ofrecieron formar parte de las listas electorales. Pero algo en esa posibilidad sí le atraía. «Que nos vieran». A ella y a los que sufren su mismo problema. A juzgar por la repercusión internacional y por los debates que ha originado, se puede decir que ha conseguido su objetivo. Medios tan relevantes como el argentino Clarín, el brasileño O Globo o el italiano La Reppublica llevaron a sus páginas web el nombramiento de Ángela Bachiller.

Su aterrizaje en la política ha empezado, de hecho, a tener consecuencias sobre algunas cuestiones que ahora parecen encontrar el pretexto para debatirse. Por ejemplo, el hecho de que quienes sufren síndrome de Down no puedan votar no parece casar demasiado bien con que alguien que lo padece sea concejal. El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Joan Josep Nuet, admitía ayer que este hecho «obliga a repensar» el derecho al voto de los discapacitados, 80.000 de los cuales no lo tienen por haber estimado un juez que no tienen facultad para decidir.

Nuet dijo a Servimedia que le parece «estupendo» el nombramiento de Ángela Bachiller como concejala del Ayuntamiento de la capital vallisoletana, gobernado por el PP, puesto que «puede abrir caminos» y hacer que esta participación «se generalice, y personas con discapacidad puedan acceder a un cargo público».

La ley que impide el voto a los discapacitados es la orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que permite que un juez pueda retirar el derecho al sufragio de un discapacitado si piensa que no tiene facultad para elegir por sí mismo. «Hace tiempo ese tema se veía desde un punto de vista muy conservador y tenemos que abrir la participación electoral al mundo de la discapacidad», propuso el diputado de IU.

«El caso de Ángela Bachiller ha hecho repensar el tema y seguro que a la vuelta de vacaciones» se podrá «llevar a cabo alguna iniciativa», aseguraba.

Otros partidos políticos, como el PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, han querido tratar el tema con una normalidad que choca con su repercusión. El argumento es que solo dándole la misma relevancia que a cualquier otro nombramiento se consigue alcanzar esa normalización que se pretende.

El PNV siguió ayer la misma línea. El portavoz del grupo vasco en la Comisión Constitucional del Congreso, Emilio Olabarría, afirmó que cuando casos como el de la concejala vallisoletana dejen de ser noticia se «estará cumpliendo con el Derecho Internacional».

Olabarría se felicitó, en declaraciones a Servimedia, de que una persona como Ángela Bachiller, «con ese nivel de discapacidad, haya adquirido un puesto de dimensión política relevante, por lo que el hecho tiene de trascendente» para demostrar que las personas con discapacidad tienen derecho a «desarrollar todas sus expectativas», como de hecho reconoce la Convención de Naciones Unidas.

No obstante, el portavoz del PNV advitió de que «no deja de ser llamativa la dimensión mediática» que ha adquirido este hecho por su «excepcionalidad», algo que «revela que es un tema que aún» no está «bien resuelto y que el derecho de participación en los asuntos públicos no se ejerce en condiciones de igualdad», cuando España, por ejemplo, es uno de los países firmantes de esa convención de la ONU.