Las setas incautadas en Soria no irán este año a las residencias de ancianos por "seguridad alimentaria"

Los 1.000 kilos de setas incautadas en los ocho decomisos que se han producido en la provincia de Soria, desde el inicio de la campaña micológica, el pasado 19 de octubre, han ido a parar a la basura, por motivos de seguridad alimentaria. Hasta el pasado año, las instituciones sorianas repartían los níscalos y los boletus edulis incautados, por vulnerar la normativa medio ambiental o sanitaria, entre las residencias de ancianos de la provincia o en la cárcel, sin embargo, lo que se había convertido en una tradición ha finalizado.

El Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) es el encargado de supervisar los decomisos fungis, al ser el gestor del proyecto Myas RC (Proyecto para la Regulación y Comercialización Micológica en Castilla y León), por lo que todas las setas incautadas van a parar a su sede. El director del proyecto Myas, Arturo Esteban, explica que las setas decomisadas se almacenan durante unos días y finalmente van a parar a la basura, ya que no se puede correr ningún riesgo. Los ancianos están en una posición sanitaria delicada y quizás las setas no son un alimento adecuado para su dieta. Si se las dispensamos corremos un riesgo, puesto que si un anciano o un preso tienen un percance por ingerir setas, bien porque haya ingerido mucha cantidad o por su mal estado, tendríamos un problema. Es por ello que hemos descartado su reparto, indicó para recalcar que con la salud no se puede correr riesgos.

La residencia de ancianos de Almarza fue uno de los centros más beneficiados de estos decomisos en 2010, según fuentes consultadas de la Subdelegación del Gobierno. En años de campañas micológicas con producción media, los residentes de todos los centros sorianos y los reclusos de la prisión, han ingerido setas decomisadas sin que se registrara percance alguno.

Estos recursos fungis provenían de los decomisos realizados por agentes de la Guardia Civil (Seprona) o de los agentes medio ambientales que se encargan de velar porque en Soria se cumpla la Ley que determina que para recolectar en la mayoría de los bosques de esta provincia se necesita contar con licencia.

El jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria, José María Barrios, precisa que se dan dos tipos de decomisos, uno que concierne al servicio de Medio Ambiente, que se hace cargo del control de la recolección y otro al Sanitario que, debe garantizar la trazabilidad del producto micológico por ser un alimento.

De 100 a 120 euros

Cuando un agente medio ambiental o guardia civil denuncia a los recolectores sin licencia en una zona regulada, debe decomisar el producto y depositarlo en el Cesefor, al ser el gestor del sistema, es decir, que se encarga de determinar si se destruye o puede ser aprovechado. La sanción que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León impone al recolector furtivo oscila entre los 100 y 120 euros.

En 2011 tan solo se tramitaban once expedientes sancionadores, debido a que la campaña fue escasa. Este año, desde su inicio y hasta el pasado jueves, se habían tramitado 24. Además, también están en curso 51 expedientes sancionadores personales que no están relacionados con la recolección sin permiso pero sí ligados a la práctica recolectora, es decir, los producidos por acampadas ilegales, ocupación de refugios o por verter residuos, por parte de grupos organizados que hacen la campaña setera.

En este sentido, el técnico asegura que desde el Servicio de Medio Ambiente se vela porque se cumpla la normativa que impide que se acampe en cualquier sitio.

El aumento de las sanciones este año bien por recolectar sin permiso o porque los recolectores no pueden garantizar la trazabilidad alimentaria del producto, viene a evidenciar la presión recolectora que existe, ya no solo en los bosques de Soria sino en todo el territorio de Castilla y León, por parte de grupos organizados (de nacionalidad rumana) que llegan a este territorio micologicamente rico para hacer su campaña setera y deciden acampar en las zonas verdes.

Orden en el sistema

El director del proyecto Myas explica que el problema de la presión recolectora está contemplado en el proyecto desde una perspectiva global e integrada al igual que los aspectos sanitarios, comerciales y fiscales. Se debe poner orden y freno a los recolectores furtivos o que recolectan de forma incontrolada con el sistema de permisos, con el control sanitario y con la vigilancia adecuada y para ello es necesario la colaboración extraordinaria de los agentes medio ambientales y de la Guardia Civil de Soria, destaca para recordar que recoger setas sin permiso es una actividad ilícita.

La recolección de estos productos endógenos por parte de grupos organizados no gusta a ciertos sectores de la población local que aseguran que aniquilan las zonas verdes a su paso. A este respecto, el director del Myas precisa que entiende la percepción de la población local que está apegada al monte, pero recuerda que, con el permiso, todo el mundo puede recolectar. El sistema tiene varias modalidades y favorece a la persona que está empadrona o vinculadas a la zona. No se puede hacer un tratamiento discriminatorio, afirma.

Además sostiene que son los ayuntamientos propietarios de la superficie forestal los encargados de determinar los límites de recolección. La unidad de gestión de Las Merindades es la única que ha establecido límites a la recolección, puntualiza.

Todo el territorio forestal de la región sufre actualmente presión recolectora, según Esteban, quien apunta que las zonas que reciben más micoturistas (Soria y León) son las que mayor presión soportan. Hasta Valladolid que está considerada como la hermana pobre micologicamente es buena productora de setas y sufre presión, advierte.

Desde el pasado día 19 de octubre hasta el pasado viernes, la Guardia Civil ha denunciado ya a 45 personas por infracciones a la Ley de Montes. En la mayor parte de los casos, por recolectar setas en zonas que requerían para ello licencia. También se han producido cinco casos de denuncian contra la reglamentación sanitaria en vigor. Además, los agentes incautaban una tonelada de setas y hongos en ocho decomisos.