Los mineros juzgados por las protestas de 2010 no irán a la cárcel tras cerrar un acuerdo con la Fiscalía

Los diez acusados por desórdenes públicos y atentados a la autoridad en el marco de las movilizaciones mineras de septiembre de 2010 no irán finalmente a la cárcel tras el consenso alcanzado por la defensa y el Ministerio Público. El acuerdo se daba a conocer este miércoles en el juicio de conformidad celebrado en el Juzgado de lo Penal número uno de León.

En la vista, la fiscal, que inicialmente había solicitado dos años y medio de prisión para cada uno de los acusados, ha procedido a exponer los términos del acuerdo y la modificación de las conclusiones. Los imputados, todos ellos sin antecedentes penales o con antecedentes penales no computables, han aceptado los hechos y la condena solicitada por el Ministerio Público.

Siete de los diez acusados, todos ellos por delito de desórdenes públicos y cuatro además imputados por uno de atentado contra la autoridad, podrán computar la pena de seis meses y de un año de prisión, respectivamente, por dos años sin delinquir. Esta suspensión condicional de las penas privativas de libertad será revocada si los condenados se ven implicados en algún altercado. Además, uno de ellos tendrá que abonar una indemnización de 90 euros a un agente de la Guardia Civil.

Asimismo, otros dos de los acusados imputados por sendos delitos de desórdenes públicos condenados a seis meses de prisión, podrán computar la pena por doce meses de multa a razón de dos euros diarios, mientras que el otro acusado, este ajeno al colectivo minero, pero detenido también en el marco de estas protestas, sobre el que pesaba una falta de desobediencia, ha sido condenado a sesenta días de multa a razón de cuatro euros diarios.

Minutos antes del inicio de la vista, uno de los acusados, Lisardo Riesgo, ha explicado que el acuerdo es la mejor de las soluciones dentro de un proceso que, ha considerado, se fundamenta en unas acusaciones que no son ciertas, pero «es su palabra la de los agentes contra la nuestra, pero aquí tenemos que pagar justos por pecadores».

Además, también ha denunciado que se han sentido desamparados por los sindicatos, a quienes les ha reprochado: «Para ponernos allí contra los antidisturbios sí, pero venir aquí a dar la cara, absolutamente nada». Según ha dicho Riesgo, «quitando que nos han pagado el abogado, no han hecho mucho más y no ha venido aquí nadie».

Los hechos se remontan al 10, 14 y 16 de septiembre de 2010 en el marco de las protestas mineras en las que se produjeron diversos cortes en la autopista AP-66 y la carretera CL-626, a la altura de la localidad leonesa de La Magdalena.