Condenados dos constructores de Valladolid a seis años de cárcel por falsedad y estafa a doce bancos y cajas

La Audiencia de Valladolid ha condenado al presidente y gerente de la constructora Tecprogresa a tres años y seis meses de cárcel a cada uno como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito de estafa, al haber endosado 78 pagarés en el año 2007 a una docena de entidades bancarias por los que obtuvieron unos 11 millones de euros.

El fallo exonera a la constructora extremeña Placonsa, que había formado parte con Tecprogesa de una Unión Temporal de Empresas (UTE), con la que lograron la adjudicación del Palacio de Congresos de La Rioja, obra concedida por el Gobierno riojano en el 2002.

La Sección IV de la Audiencia Provincial considera que José Antonio F. R. y Santiago O. F., presidente y administrador de Tecprogesa, respectivamente, libraron y endosaron a entidades como el BBVA, Deutsche Bank, Banco Pastor, Caja Rural, Caja España, Caixa Galicia, Caja Laboral, Caja de La Rioja, Banco Sabadell, o Banco Popular, entre otras, un total de 78 pagarés con la intención de obtener liquidez para pagar otras deudas.

Para ello con anterioridad, los dos directivos de la constructora vallisoletana se valieron de la UTE Palacio de Congresos de La Rioja, que ya había finalizado la construcción de la obra en el 2005 y había sido liquidada por el Ejecutivo riojano, pero que, sin embargo, utilizaron para emitir las letras que luego endosaron a las distintas entidades financieras. Según el fallo, estos documentos mercantiles «no obedecían a ninguna deuda o relación mercantil entre la UTE Palacio y Tecprogesa». Esta sociedad entró en concurso de acreedores en junio del 2007, dejando varias obras sin ejecutar.

Sin comunicación

Los jueces sostienen que en ningún momento el libramiento de los pagarés se comunicó a Placonsa, que presentó una querella en abril del 2007 por estos hechos. En este sentido ordenan a los dos condenados a indemnizar a esta empresa, defendida por el despacho de abogados RHGR, con más de 50.000 euros por los gastos soportados en los procesos cambiarios, así como por la inmovilización de sus activos. Alguna de las entidades financieras han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo al no haberse acreditado la apropiación indebida.

La Fiscalía de Valladolid calificó los hechos como un delito societario y otro continuado de falsedad en documento mercantil, por los que solicitó un total de 12 años de cárcel. Por su parte el letrado del BBVA, reclamó cinco años y seis meses para cada uno por un delito continuado de estafa, así como el abono de una indemnización al banco de los 854.053 euros entregados.