Las empleadas de hogar que cotizan a la Seguridad Social suben el 12%, hasta 1.185
Desde el día 1 de julio, Trabajo lleva a cabo una intensa campaña de vigilancia para detectar casos de trabajadoras sin regularizar
N. S. Y P. R.
Domingo, 8 de julio 2012, 14:13
Transcurrida una semana desde la conclusión del periodo transitorio de seis meses que concedió el Gobierno para regularizar la situación de las empleadas de hogar y darlas de alta en el régimen de la Seguridad Social, los resultados en Segovia son discutibles en función de quien los analice. El total de empleadas de hogar que cotizan a la Seguridad Social ha aumentado en torno al 12% en relación a finales de diciembre.
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La nueva ley obliga a que todas las empleadas de hogar, independientemente de las horas que trabajen en cada domicilio, estén dadas de alta en la Seguridad Social. A comienzos del mes de enero, la Tesorería comenzó en Segovia a aplicar la nueva norma a las 735 empleadas que ya estaban inscritas en el régimen especial a finales del año pasado había, además, 138 fijas discontinuas. El INSS envió cartas informativas a los trabajadores y a los empleadores para explicarles los cambios que deben realizarse. A fecha de ayer, la Tesorería General de la Seguridad Social tenía inscritas a 1.185 trabajadoras (la mayor parte son mujeres) en el nuevo régimen que se ha creado para ellas. Estas altas en el sistema especial del hogar incluyen a trabajadoras que están prestando servicios en más de una vivienda familiar. Entre 130 y 180 altas, aproximadamente, corresponden a unas 60 trabajadoras. En total, la cifra actual de trabajadoras del hogar inscritas en la Seguridad Social es de 1.185, una cifra considerablemente superior a las 735 que cotizaban hasta el pasado 31 de diciembre.
El incremento registrado se aproxima al 12% respecto a la situación anterior. Además, la cifra aumentará con la incorporación de las restantes 86 altas de trabajadoras no integradas voluntariamente, pues en los próximas días se procederá, de oficio, a la integración de estas empleadas en el nuevo sistema especial con la base de cotización máxima prevista, con independencia del número de horas trabajadas o de su retribución. En el caso de las 40 empleadas discontinuas no integradas, se producirá su baja de oficio con efectos a 30 de junio de 2012, y quedarán fuera del sistema de la Seguridad Social. Estas representan aproximadamente un 28% de las dadas de alta como discontinuos a 31 de diciembre de 2011, que eran 128 empleadas.
Bases de cotización
La obligación de dar de alta al trabajador es extensiva a todos, desde la primera hora de trabajo, con unas bases de cotización que se establecen en doce tramos en función del salario, y que oscilan entre los 90 euros y los 785, en el mayor de los casos. Un porcentaje elevado de los afectados optaron por esperar casi al final del periodo transitorio que concedió el Gobierno para regularizar su situación. Sin embargo, el Estado se ha propuesto ser tajante en ese intento de que aflore una economía sumergida que encuentra en el sector del servicio doméstico un campo donde el trabajo no está regulado. Desde el día 1 de julio, con el apoyo de la Inspección de Trabajo, se está llevando a cabo una campaña especial de vigilancia. Cuando se detecten casos en los que los empleados de hogar no estén dados de alta, da igual que acudan una hora o cuarenta a la semana, la propia Tesorería de la Seguridad Social les dará de alta de oficio, además de tramitar la correspondiente sanción.
El sistema para inscribir a trabajadores es sencillo. El empleador crea un código de cuenta de cotización, que podrá formalizarlo en las oficinas de la propia Tesorería de la Seguridad Social o a través de Internet, donde especifique el número de horas y las condiciones. La misma fórmula se aplica en el caso de las trabajadoras que acuden a varios domicilios. Cada empleador creará su propio código y abonará la parte proporcional de la cuota en función de las horas que acuda a su domicilio. La ley contempla también reducciones para casos especiales como familias numerosas. La cobertura para las trabajadoras no incluye el derecho a cobrar el desempleo, pero sí que cotizan con vistas a una futura jubilación, tienen derecho a percibir dinero en caso de incapacidad temporal y se amplía la protección a las contingencias profesionales, además de regular las vacaciones y los descansos. Al margen de valoraciones, todos reconocen que la ley dignifica un empleo que durante muchos años ha permanecido oculto.
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Valoración de los sindicatos
La secretaria de Acción Sindical de FSP-UGT, Isabel García, evita pronunciarse sobre la efectividad del nuevo sistema especial del régimen general del servicio doméstico, pero considera positivo que se reconozcan los derechos de estas trabajadoras. «Me parece bien que tengan sus derechos, que estén aseguradas y que se puedan coger sus vacaciones. Es positivo que estén dadas de alta. Ya era hora de que esa situación fuera así», señala Isabel García.
Desde UGT han proporcionado, durante los meses que ha durado el periodo transitorio, información a las trabajadoras de cuáles eran los pasos que tenían que ir dando. Denuncia, sin embargo, la secretaria de Acción Sindical de la FSP-UGT que los empleadores han querido que se repartieran los costes que suponía dar de alta a la empleada del hogar. «En muchos casos que ya hemos podido conocer, las diferencias se han repartido. Por ejemplo, si el coste de dar de alta a la mujer suponía cincuenta euros, veinticinco euros los pagaba el empleador y veinticinco la trabajadora», asegura.
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Mientras, el secretario provincial de CCOO, Ignacio Velasco está convencido de que «un porcentaje elevado van a seguir trabajando en negro». Subraya el problema que existe debido a que muchas son inmigrantes en situación irregular. «Se debería adecuar alguna vía porque la norma ha venido a solucionar poco», indica Velasco, que reconoce, sin embargo, la dificultad de la tarea, «porque una situación que no la conoces, no la puedes solucionar». El secretario provincial de CCOO se refiere al temor que tienen las propias trabajadoras a denunciar. «Una denuncia puede conllevar para ellas la pérdida de un trabajo que necesitan para vivir e incluso la expulsión si están en situación irregular», apunta Velasco.
«La propia Inspección de Trabajo tiene también dificultades para actuar de oficio», continúa. No puede entrar en los domicilios. Una solución podría ser darles a los inspectores esa facultad sin necesitar tantos permisos». Velasco cree que hay que seguir trabajando para encontrar una mejor solución.
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