Fernando García Delgado es partidario del 'café para todos' en las transferencias de Justicia

Salmantino e hijo de juez, el letrado Fernando García Delgado García aplica su capacidad didáctica cuando explica la importancia de suscribir el Pacto por la Justicia incluso en unos tiempos que no son buenos para la lírica. «Que no es buen momento para abordar una empresa de tanto calado es obvio, pero tenemos un mandato constitucional y no es lógico que unas comunidades tengan transferida la Justicia y otras no; tienen que ser todas o ninguna».

En este contexto de 'café para todos', sostiene que «no es desacertado que la Administración autonómica comience a sentar las bases sobre las que poder llevar a cabo esas competencias si algún día se transfieren. Por el momento no se ha pedido nada al Estado. Lo que se ha hecho es decirle lo que necesitan las instituciones judiciales de Castilla y León. Si se garantiza, bienvenidas las competencias; si no se garantizan estos mínimos, no podremos aceptarlas.

¿Qué cree que dirá el ministro Gallardón al respecto?

No dudo que el ministro tenga sensibilidad, pero está mediatizada por una situación económica muy, muy deficiente que tenemos. La Justicia necesita medios, ha sido siempre la hermana pobre de la Administración y se necesitan importantes aportaciones. La Justicia necesita una reforma importante y de fondo. Poner parches no es bueno ni va a conducir a nada positivo.

¿En el trabajo de los abogados, como repercutirían estas transferencias?

Los abogados no hemos pedido nada. La Administración autonómica nos llamó y ha sido sensible al proponer que si se producen las competencias haya una igualación con el territorio nacional en la asignación por el turno de oficio, lo que supone un importante incremento. En la actualidad, en Castilla y León cobramos 5,5 millones de euros, muy por debajo de las asignaciones de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Valencia, que tienen transferidas las competencias. Aunque también es cierto que muchas tienen importantes problemas de cobro con sus respectivas autonomías.

Lo cual cuestiona las transferencias a las comunidades.

Por eso es una sabia medida que se haya suscrito este documento (por el Pacto por la Justicia de Castilla y León). Antes de que el Ministerio plantee las transferencias es bueno que las instituciones que representamos opinen sobre el particular. Es hacer los deberes antes de que se produzca el hecho y por ello este documento deber ser visto como positivo.

El Consejo General de la Abogacía se entrevista el próximo 23 de febrero con el nuevo ministro. ¿Qué demandas le van a plantear?

Una de ellas es que se reconsidere lo de hacer hábil el mes de agosto, porque no se soluciona el problema de la Justicia con trabajar ese mes. La Justicia tiene otros problemas mayores que el que ese mes sea o no hábil. Respecto de la jurisdicción voluntaria, la posibilidad de que los divorcios de mutuo acuerdo se tramiten en las notarías... Los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo no constituyen un tapón para la Justicia, es un mero trámite, apenas incidirá en la necesaria agilización. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y la primera es lograr un Pacto Nacional por la Justicia.

¿Qué opinión le merece la oficina judicial?

No se puede empezar la casa por el tejado, y las oficinas judiciales son un vuelco de una naturaleza tal que los primeros que tienen que asimilarlo son los funcionarios y habrá que preparar al personal que trabaja allí. Hoy el caos es evidente en Burgos y León, donde un asunto tardaen tramitarse dos meses. Así que tiene que haber un replanteamiento y conceder a los jueces la autoridad de la que han sido privados. y lo primero que habría que hacer es ordenar esta función pública.

¿Hay demasiados abogados ahora que la gente se lo piensa más a la hora de pleitear?

En España la proporción de abogados en relación a Europa es alta, pero hasta ahora todo el mundo ha vivido de su profesión. Lo que ocurre es que la crisis nos está azotando mucho. En los últimos ocho meses se han dado de baja 300 colegiados.