Vecinos de la sala Siete Siete llevan once años sin cobrar indemnizaciones

La única persona condenada por el incendio en la discoteca Siete Siete, el dueño de la sala de fiestas que fue arrasada por el fuego el 6 de octubre de 1996 en el barrio de la Rondilla, y en la que murieron cuatro personas, ha hecho frente ya en estos once años a más del 75% de las indemnizaciones que fueron fijadas por sentencia judicial en cerca de 829.000 euros.

El empresario hostelero Jesús Arranz fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 por dos faltas por homicidio correspondientes a las muertes de la empleada de la discoteca, Lucía Escudero Martínez, y de la clienta María del Carmen Velasco González, y por otras cinco faltas más de lesiones por imprudencia leve de los cinco heridos en el suceso.

En la sentencia se consideró que las llamas iniciadas por un cliente prendieron con facilidad ya que en la discoteca «existían materiales inflamables que no había sido ignifugados en al menos los tres últimos años». Además de ello, se consideró que se habían realizado obras importantes sin obtener licencia municipal y sin posibilidad de control de las condiciones de seguridad.

Con este fallo en contra, el empresario único responsable penal de este suceso ha tenido que abonar en estos once años parte de las indemnizaciones que, sin embargo, no han sido percibidas por todas las partes personadas en el procedimiento. En este sentido, el letrado del empresario, Tomás Husillos, responde a las críticas de varios de los vecinos del inmueble de la calle Santa Teresa 34, que reclaman el pago por los daños generados por las llamas y el humo en sus viviendas y cuya mayor cuantía -unos 18.000 euros- corresponden a la propietaria del piso 1º F.

«En estos momentos quedan por liquidar cantidades pequeñas de algunos de los heridos y de los daños que fueron abonados por algunas de las aseguradoras a sus clientes. El dueño del Siete Siete sigue depositando de forma continuada cantidades en el Juzgado de lo Penal que las va entregando periódicamente a los afectados», explicó Husillos.

La ejecución de las indemnizaciones fijadas en la sentencia de la magistrada de lo Penal número 2 de Valladolid en el 2000, Ana Carrascosa, ha seguido el principio de indemnizar primero a las familias de las dos mujeres fallecidas. En su día, el fallo excluyó cualquier responsabilidad del empresario en la muerte de los dos bomberos municipales, José Luis Vidal y Juan Carlos Matarranz, ya que no se encontraron causas imputables al dueño respecto a su participación en las tareas de extinción de las llamas.

La propietaria del piso, que estaba situado encima de la discoteca Siete Siete, recordó ayer que los 18.000 euros fueron abonados por ella y su marido, ya fallecido, «porque no contábamos con un seguro de hogar».

El seguro de la comunidad de este edificio sí que permitió arreglar los desperfectos ocasionados por este incendio.

De discoteca a trasteros

Mientras algunos de los vecinos censuran la lentitud de la justicia para que once años después se puedan cobrar los daños materiales, cuyos importes fueron aportados anticipadamente por ellos, el letrado del empresario recuerda que desde que hubo condena en firme «se ha ido abonando periodicamente al juzgado. Si Jesús Arranz se hubiera ocultado y no hubiera dado la cara no se habrían pagado más de 600.000 euros en estos años», indicó ayer el letrado, que consideró «ridículo no pagar las indemnizaciones de mayor cuantía y dejar ahora las de menor importe».

Los vecinos llaman la atención también respecto a las obras que ha comenzado a realizar el dueño de este antiguo local, que pretende destinarlo a cuartos trasteros, cuya finalidad última sería alquilarlos.

Desde este verano, varios operarios trabajan en los bajos de esta antigua discoteca, cuyas paredes seguían ayer todavía ennegrecidas por el humo. Pese al desgraciado suceso del año 1996, Jesús Arranz ha seguido dirigiendo otros negocios relacionados con las salas de fiestas.