El Norte de Castilla

Los bancos abren un frente por la anulación del aval del soterramiento

frente judicial por la anulación del aval del soterramiento
Saravia, Puente y Gato hablan con otros miembros del consejo de Alta Velocidad, antes de la reunión celebrada el pasado febrero.
  • Recurren la decisión del Ayuntamiento de Valladolid, al que acusan haber actuado «de mala fe»

Ofensiva contra el Ayuntamiento de Valladolid, que suena a antesala de una demanda en los tribunales. Y no por parte de cualquiera. Las seis entidades bancarias que financian la operación de soterramiento –BBVA, Banco Santander, La Caixa, Bankia, ICO y Banco Ceiss– han presentado otros tantos recursos de reposición contra la decisión del Consistorio de la capital de anular la ‘comfort letter’ (carta de conformidad), que el exalcalde Francisco Javier León de la Riva firmó como aval municipal al préstamo de 400 millones que solicitó la Sociedad Alta Velocidad para llevar a cabo las obras.

Aunque fuentes del ejecutivo local restaron importancia a esta acción –«no van a ningún sitio»–, lo cierto es que este miércoles se reunirá con carácter extraordinario la Comisión de Hacienda para rechazar la suspensión del acuerdo que solicitan los acreedores. La iniciativa de las entidades obligará a celebrar, también, un pleno la próxima semana para ratificarlo. Así que tan intrascendente tampoco parece que es.

Los integrantes del ‘pool’ financiero se expresan en términos muy duros contra la actuación del equipo de gobierno al que acusan de haber actuado con «mala fe» en el proceso y le exigen que rectifique. Según se recoge en uno de los recursos, concretamente en el presentado por el BBVA, las entidades consideran «inadmisible» que una Administración se desentienda de sus obligaciones contractuales y arremeten contra el Consistorio por haber omitido su deber de controlar la legalidad de las decisiones de los órganos municipales.

Los bancos niegan de manera tajante que el Ayuntamiento desconociera la existencia de este aval, una fórmula que ya se había utilizado con dos contratos de crédito anteriores para el mismo proyecto en 2008 y 2010, al tiempo que critican la actitud del alcalde, Óscar Puente, y de los concejales Manuel Saravia (Urbanismo) y Antonio Gato (Hacienda) por la postura que mantuvieron el 4 de abril de 2016 cuando firmaron la prórroga para aplazar los pagos de préstamo. Así, el BBVA asegura que con el voto a favor para la novación del crédito los tres «crearon una apariencia de buena fe en el sentido de que iban a acometerse las actuaciones internas en el seno del Ayuntamiento para proceder a la ratificación de la carta de conformidad», «buena fe de la que carecían», según esta entidad, cuando un mes después se inició el procedimiento para su anulación.

«Arbitrariedad disfrazada»

El recurso considera que el Ayuntamiento ha utilizado «una rebuscada construcción jurídica para disfrazar su arbitrariedad» a la hora de tumbar el aval, al tiempo que califica de «retraso desleal» –cinco años y cuatro meses– el inicio del proceso de anulación, «sin que sea legítimo alegar desconocimiento de la existencia de la carta de conformidad, pues el porcentaje de capital ostentado en la Sociedad Alta Velocidad le permitía disponer del derecho más amplio de información que permite la legislación». Los bancos tiran de hemeroteca para recuperar las noticias que los medios publicaron sobre la firma del contrato de préstamo en 2011, unas informaciones que, según su versión, ponían el foco sobre este asunto . Y aquí tienen para todos. Para los grupos municipales por su «pasividad» y por «no haber ejercido el control político» al alcalde y también para el secretario general, quien habría incurrido «en una grave negligencia profesional si sabedor de que el Ayuntamiento iba a quedar obligado con el contrato y conocedor de la ausencia de los trámites legalmente exigibles, permaneció pasivo y no se ocupó de emitir informe alguno».

Para el BBVA, la decisión de anular la carta de conformidad «no responde a razones de interés general, sino a razones de enfrentamiento político, puramente revisionistas de un proyecto iniciado por el equipo anterior». Los bancos creen que se ha producido una vulneración clara del principio de confianza legítima. «El Ayuntamiento se enriquece, pues pretende desentenderse de los compromisos asumidos en la carta de conformidad de 2011 en perjuicio de las entidades bancarias, que, por el contrario, han cumplido los suyos», se lee en el escrito, donde se recuerda que el proceso de anulación se produce, además, cuando el crédito de 400 millones de euros está ya íntegramente dispuesto.