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Medina investigará 300.000 euros sin destino  por una obra del último mandato del PP

Medina investigará 300.000 euros sin destino por una obra del último mandato del PP

La constructora de la antigua Travesía N-VI reclama un pago del que «no existe documentación» según urbanismo

PPLL

Lunes, 16 de mayo 2016, 17:14

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Las arcas municipales de Medina del Campo podrían sufrir un varapalo si el administrador concursal de la empresa SYH Construcciones, Servicios y Medio Ambiente S.A. ganara el contencioso administrativo que ha iniciado el pasado 4 de abril en el juzgado número 1 de Medina del Campo y por el que reclama a la administración local cerca de 300.000 euros de las obras de urbanización (las dos primera fases) de la antigua Travesía N-VI realizadas entre los años 2008 y 2009, bajo el mandato del popular Crescencio Martín Pascual.

Ante esta reclamación judicial y tras el silencio administrativo del Ayuntamiento, debido a la falta de expedientes y ante la falta de documentación que acredite las nueve certificaciones de obra por un importe de 858.298,30 euros, según concretó el concejal de Urbanismo, Julián Rodríguez, el equipo de gobierno (PSOE) registró durante la mañana de ayer una moción, que será debatida y votada a finales de este mes en la sesión plenaria, para poner en marcha una comisión de investigación que arroje luz sobre el procedimiento, ejecución y pagos de esta obra.

«Hemos decidido llevar a pleno, en forma de moción, este problema ya que consideramos necesaria la puesta en marcha de una comisión de investigación para aclarar esta situación, ya que ahora nosotros nos hemos encontrado con una reclamación de una cifra elevada por unas obras que al parecer no se realizaron como deberían haberse realizado según se detalla en la reclamación judicial», explicó Rodríguez.

Si esta propuesta saliera hacía delante con los votos de los grupos de la oposición, el Ayuntamiento, a través de la comisión de investigación, que se debería desarrollar en el plazo de tres meses, además de intentar aclarar esta demanda los detalles y pormenores de este requerimiento judicial «queremos conocer cómo se desarrollaron las fases, cuáles fueron las obras realizadas por SYH y por Enricar y en virtud de qué elemento jurídico Enricar realizó las obras», también investigaría todos los trámites administrativos de todas las actuaciones (obras, adjudicaciones, licencias, pagos y certificaciones) desarrolladas por Martín Pascual y su concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, desde el año 2007 al 2011.

Certificaciones

Según el expediente judicial de la reclamación, el 8 de junio de 2007 la junta de gobierno del Ayuntamiento medinense adjudicó a la empresa SHY Construcciones, Servicios y Medio Ambiente S.A. las obras de urbanización de la primera fase de la Travesía Nacional VI por un importe de 934.728,60 euros. Con motivo de la ejecución de esas obras, se emitieron un total de nueve certificaciones entre 2007 y 2008 por 858.298,38 euros.

Además de estos datos, el expediente también relata que en el transcurso de la ejecución de las labores de acondicionamiento de esta arteria medinense y «desconociendo el momento exacto» se propone «sin saber a petición de quien» (la demandante dice que es a petición de las autoridades municipales) un modificado de obra que se registra el 29 de mayo.

«El departamento de urbanismo nunca tramitó de manera legal el proyecto modificado, a pesar de que según la demanda contenciosa, el mismo fue ejecutado por la empresa adjudicataria», asegura el texto de la moción, para a continuación relatar que «casi de manera simultánea a la adjudicación de la primera fase de las obras, se adjudica la II fase a SYH Construcciones, Servicios y Medio Ambiente S.A., pero fue la empresa Enricar la encargada de realizar las obras, desconociendo en estos momentos qué parte ejecutó y cuál fue el instrumento jurídico que avalaba a Enricar para la ejecución de esas obras».

El 26 de octubre del pasado año, la concursal de SYH reclamó al Ayuntamiento 67.221,35 euros correspondientes a la décima certificación (fin de obra) más los intereses desde el año 2008 «por los impagos de dicha certificación que nunca fue registrada en la administración local en tiempo y forma».

Además de esta cantidad, también se reclama el importe del proyecto modificado que asciende a 76.464,22 euros y un suplemento de crédito de 190.000 euros.

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