«La fianza impuesta a los exconsejeros de Caja Segovia es una barbaridad, inasumible»

La fianza que la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil de Segovia ha impuesto a los exconsejeros de la extinta Caja Segovia Atilano Soto Rábanos (expresidente), Manuel Escribano Soto (exdirector general), Manuel Agudíez Calvo, Elena García Gil, Antonio Tapias Domínguez y Enrique Quintanilla Herrero asciende a 24,4 millones de euros, cantidad por la que tienen que responder, de manera solidaria, cada uno de los miembros del consejo de administración procesados por el caso de las prejubilaciones millonarias aprobadas en 2011, meses antes de la desaparición de la entidad de ahorro segoviana.

Así lo confirmó ayer el abogado Luis Rodríguez Ramos, que asumirá las defensas de cuatro de ellos (Atilano Soto, Manuel Escribano, Manuel Agudíez y Antonio Tapias) en el juicio oral que la juez ha decidido abrir contra la antigua cúpula de la Caja de Ahorros de Segovia atendiendo la petición de las acusaciones y desestimando la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Fiscal. Según Rodríguez Ramos, pedir que cada persona responda por 24,4 millones de euros es «una barbaridad» y algo inasumible. «No hay quien lo entienda –dijo el letrado–. Es tremendo e imposible de asumir. Una locura. La mitad de lo que han percibido se lo ha llevado Hacienda, lo tiene Hacienda, y a Caja Segovia le hubiera salido mucho más caro que ellos continuaran allí, y no digamos su despido... Pero es una locura también porque esas prejubilaciones acordadas en el año 2011 son absolutamente legales, no tienen problema penal alguno, en absoluto. Ni penal ni de otro orden jurídico».

En el auto, la magistrada también requiere a los exconsejeros para que, en un plazo de cinco días, depositen la fianza exigida para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que pudieran imponérseles, con el apercibimiento de que si no lo hacen, les embargarán sus bienes. El plazo expiraría el 20 de febrero. «En Derecho Penal, los plazos empiezan a contar desde la última notificación y como hasta el día 15 no les notifican el auto a los acusados, hasta el día siguiente no empezaría a correr el plazo establecido», explica Rodríguez Ramos. No obstante, los acusados han recurrido ya una fianza que consideran fuera de toda lógica. «El auto es irrecurrible, pero sí se puede pedir la modificación de la fianza porque es una medida cautelar.

Como en cada juzgado hay una costumbre (unos tienen como cauce el recurso de reforma, otros el incidente de nulidad y otros simplemente un escrito de alegaciones), lo que hemos hecho ha sido presentar las tres opciones en el mismo escrito para que el juzgado elija en función de su costumbre. Y en ese escrito lo que decimos es que la fianza es arbitraria, primero porque no se motiva y segundo, porque no tiene sentido que se fije una cuantía tan alta sin tener en cuenta, por ejemplo, que la mitad de lo que estas personas han cobrado se lo ha llevado Hacienda, y tampoco que, de haber seguido en activo, a Caja Segovia le hubiera costado mucho más, porque se trata de prejubilaciones al 74%, creo recordar. Por lo tanto, no tiene ni pies ni cabeza», afirma el letrado. También cuestionan los acusados en su recurso que sea la Fundación Caja Segovia la principal perjudicada por esas prejubilaciones millonarias, «porque, en todo caso, lo sería el conjunto que formaron todas las cajas de ahorro».

Como se recordará, la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil de Segovia entiende que cabe enjuiciar a exconsejeros y exdirectivos de Caja Segovia por un presunto delito de apropiación indebida agravado y, según los casos, otro de administración desleal. Igualmente, al tiempo que da por formulada la acusación, pide a los exconsejeros las mencionadas fianzas y decreta la apertura de juicio oral como responsable civil directo contra la Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y reaseguros SA (Caser). Con este auto, contra el que no cabe recurso, la magistrada declara competente para juzgar la causa a la Audiencia Provincial, casi siete años después de que se iniciaran las diligencias previas. La juez ha tenido en cuenta las acusaciones formuladas por Izquierda Unida, la Fundación Caja Segovia y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC). Las acusaciones piden penas de prisión para los acusados que oscilan entre tres y ocho años.

La parte dispositiva de la resolución judicial tiene catorce puntos. En cada uno de los referidos a los acusados indica las penas y fianzas que les requiere y su condición de cara a la apertura del juicio oral. Así, tras declarar responsable civil directo a Caser (entidad a la que pide 18,38 millones de euros de fianza), en el punto tercero indica que procede abrir juicio como responsables civiles a título lucrativo contra Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas de la Fuente, Juan Magaña Busutil, Malaquías del Pozo Frutos y José Antonio Folgado Pascual, todos exdirectivos. El punto cuarto requiere a los exconsejeros Elena García Gil, Atilano Soto Rábanos, Manuel Agudíez Calvo, Manuel Escribano Soto (exdirector general), Antonio tapias Domínguez y Enrique Quintanilla Herrero, para que en el plazo de cinco días afronten, de manera solidaria (cada uno de ellos), una fianza de 24,45 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que pudieran imponérseles. Según Luis Rodríguez Ramos es «previsible y razonable» que se demore el plazo para depositar las fianzas. «No tendría sentido otra cosa, al margen de que es algo imposible porque ¿quién va a poder responder por ese dinero? Igual el dueño de Zara...», ironizó el letrado.

Por otra parte, a Miguel Ángel Sánchez Plaza, como partícipe a título lucrativo, le solicita una fianza de 3,91 millones de euros; para Óscar Varas, con la misma condición, la fianza establecida es de 2,48 millones de euros, y para Juan Bautista Magaña, algo más de un millón con el mismo apercibimiento. Las otras dos personas consideradas partícipes a título lucrativo en este caso de las prejubilaciones de la extinta Caja Segovia son Juan Antonio Folgado y Malaquías del Pozo, a quienes el auto impone, respectivamente, una fianza de 977.406 euros y 363.212 euros.