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El Constitucional ratifica que un niño autista se escolarice en un centro especial

TRIBUNALES

El Constitucional ratifica que un niño autista se escolarice en un centro especial

Los padres fueron imputados por un delito de abandono por negarse a llevar a su hijo a un colegio que no fuera ordinario

07.02.14 - 12:30 -
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La administración pública puede imponer a unos padres la escolarización de su hijo en un centro público de educación especial frente a uno ordinario, según ha sentenciado el Tribunal Constitucional en un fallo que limita el alcance del derecho a la libertad de educación. En su fallo, el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo de unos padres de Palencia contra una resolución de la Consejería de Educación de Castilla y León.

De este modo, el fallo del Constitucional apunta que la «libertad de los padres para elegir un centro docente» no alcanza a permitir a los padres escolarizar a su hijo en un centro ordinario si la administración dispone, en interés del menor, que lo haga en uno de educación especial. Es decir, el citado derecho a la libertad de educación no incluye, añade la Sala Primera, «el derecho de los padres a escolarizar a su hijo en un centro ordinario de educación, en lugar de un centro de educación especial, pues ello vendrá condicionado a la acreditación por parte de las autoridades competentes de las necesidades educativas específicas del menor».

El caso se remonta al año 2010, cuando los padres del menor fueron denunciados por absentismo escolar y abandono de familia. Se negaban a escolarizar a su hijo en un centro de educación especial, ya que querían un colegio ordinario equipado con los apoyos necesarios para su completa integración y acusaban a la Junta de Castilla y León de vulnerar su derecho a elegir en este sentido.

En el año 2012, el Juzgado número 1 de Primera Instancia de Palencia les imputó un delito de abandono familiar y la Consejería de Educación de Castilla y León dictó una resolución acordando la continuación de la escolarización del niño en un centro de educación especial, decisión que fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palencia y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La familia siguió recurriendo, hasta llegar al Constitucional.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez, determina que el derecho a la educación se entiende como «libertad de los padres para elegir un centro docente», una libertad que «comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos».

Sin embargo, no incluye «el derecho de los padres a escolarizar a su hijo en un centro ordinario de educación, en lugar de en un centro de educación especial, pues ello vendrá condicionado a la acreditación por parte de las autoridades competentes de las necesidades educativas específicas del menor», conforme apunta el magistrado.

El Alto Tribunal explica que si bien la Ley Orgánica de Educación prohíbe la discriminación de los alumnos con discapacidad y propone la «escolarización inclusiva», obligando a la administración a facilitar las herramientas necesarias para la escolarización en centros ordinarios, esta norma cede cuando «los ajustes que deba realizar para dicha inclusión sean desproporcionados o no razonables».

El caso estudiado es el de un niño escolarizado en la ciudad de Palencia y a quien desde la Educación Infantil se le apreciaron trastornos que a los dos años (en 2008) se perfilaron como un «trastorno grave del espectro autista», una «discapacidad psíquica grave», «un retraso grave del lenguaje» y «un «trastorno de déficit de atención con hiperactividad».

«El nivel de competencia curricular corresponde especialmente en el lenguaje oral con un nivel aproximado de 1 año de edad», señaló sobre este menor el Equipo de Orientación Psicopedagógica del centro público ordinario.

Según los expertos de la administración, el perfil del niño requería «atención individualizada y constante del profesor en pequeño grupo (máximo 4 alumnos), por lo que la escolarización ha de realizarse en un Centro Específico de Educación Especial». Los padres, sin embargo, solicitaron su permanencia en un centro de educación ordinario «con los apoyos necesarios para su integración» y consideraron que al negarse a ello la Consejería de Educación de Castilla y León vulneró sus derechos.

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