Un abogado demanda al Ayuntamiento de Ayllón por impedir la grabación de los plenos a los vecinos

El abogado Manuel García Cob ha presentado en nombre propio una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia contra el Ayuntamiento de Ayllón por impedir a los vecinos grabar las sesiones plenarias municipales.

García Cob, candidato de Equo al Senado por la provincia de Segovia en los últimos comicios, explica que después de varios intentos infructuosos para filmar tales sesiones el Ayuntamiento ayllonés ha acordado en el Pleno no permitir las grabaciones a aquellos que no puedan acreditar que trabajan para un medio de comunicación.

Según recoge el texto de la demanda, en 2012 la alcaldesa, Sonia Palomar, también procuradora del PP en las Cortes de Castilla y León, invitó a una vecina a abandonar un Pleno argumentando que no era público y que no se podía filmar. En mayo de 2013 otro vecino solicitó permiso para grabar las jornadas y casi dos meses después obtuvo como respuesta una copia del acta de la sesión correspondiente al mes de junio.

Para Manuel García, ello supone vulnerar el artículo 20 de la Constitución española, donde se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

«El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa», ha señalado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En la demanda se solicita la medida cautelarísima de suspensión de la ejecución del acto recurrido porque «se trata de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas».

«Falta de transparencia»

García Cob considera que los ayuntamientos que impiden grabar plenos a sus vecinos son poco trasparentes porque, según indica, «suelen estar salpicados en un alto grado de corrupción, tal y como se viene observando a través de la prensa, televisión y otros medios de comunicación».

Así, ha reclamado a todos los ciudadanos que «no se dejen avasallar por los ayuntamientos caciquistas que prohíben las grabaciones en los plenos públicos».

Al mismo tiempo, les ha invitado a que presenten demandas contencioso-administrativas o penales para pedir la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años, tal como señala el Artículo 542 del Código Penal, para el funcionario público que a sabiendas impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.