Valladolid legaliza tras cuatro décadas la 'urbanización campestre' de Los Doctrinos

El Norte

Valladolid

Domingo, 9 de agosto 2020, 15:32 | Actualizado 19:27h.

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Cuatro décadas han pasado desde que un grupo de personas se decidió a construir un conjunto de 'chalés campestres' dentro del término municipal de Valladolid, pero alejados 17 kilómetros del centro de la ciudad y sin estar amparados por legalidad alguna. La legalización llega ahora tras un acuerdo urbanístico entre el Ayuntamiento y los propietarios.

Básicamente el acuerdo consiste en que las arcas municipales ingresarán 62.000 euros en compensación por estos años de limbo legal y los vecinos de Los Doctrinos tendrán que asumir el coste de urbanización de las calles, para cambiar en un año la gravilla actual por pavimento, lo que supondrá un desembolso de 2,8 millones de euros –a razón de algo más de 45.000 euros si se reparte entre los 62 propietarios–, informa Efe.

No obstante, el acuerdo incluye la posibilidad de que puedan construirse hasta 30 parcelas más, por lo que el reparto de los costes variará en función del número por el que se tenga que dividir la inversión, ya que de sumarse esta treintena de propietarios el reparto sería de unos 30.000 euros.

En un comunicado, el Ayuntamiento se ha congratulado del acuerdo alcanzado por el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, por haber dado un «final feliz» a esta historia arrastrada por los sucesivos gobiernos municipales desde la década de los setenta, con amenazas de derribo incluidas en algunos momentos.

La zona residencial más alejada de la ciudad encuentra así una solución para «uno de los problemas urbanísticos más encallados de la historia del municipio, cuyas raíces se remontan a los años setenta, cuando se concibieron los 'chalés campestres'», en palabras del Ayuntamiento.

El presidente de la comunidad de propietarios, Raúl Casado, elogió el acuerdo, que «a todo el mundo le parece justo», y la disposición del Ayuntamiento, que calificó como «fundamental», ya que lamentó la «pasividad y desidia» que han percibido durante los últimos decenios en la Casa Consistorial, según el comunicado del gobierno municipal.

Por su parte, el concejal consideró el acuerdo como «un ejemplo de actitud realista y buena gestión que ha derivado en un acuerdo satisfactorio para el Ayuntamiento y también para los vecinos», a quienes agradece su voluntad para resolver todos los asuntos, incluidas las «complicadísimas herencias recibidas».

El denominado 'sector 47' se encuentra situado al sur del término municipal de Valladolid, a 17 kilómetros de la Plaza Mayor, lindando con el río Adaja al sur y con el término municipal de Villanueva de Duero al este, conectado con la carretera C-610 (Valladolid- Medina del Campo).

La propietaria del suelo, en el pago de Los Doctrinos, lo dividió en 58 parcelas de 5.000 metros cuadrados, considerada en aquellos años como la «unidad mínima de cultivo», media hectárea.

Posteriormente algunas de esas parcelas se fueron subdividiendo hasta llegar a las 90 de la actualidad, con una tipología de construcción que se denominaba 'chalet campestre'.

Se dotó de «una urbanización elemental»: red de agua (que tomaba de un pozo), saneamiento, abastecimiento eléctrico, red de alumbrado y se pusieron nombres de apóstoles a sus calles.

En 1982, el entonces concejal de Urbanismo, Manuel González, dijo que «se actuaría con la máxima energía y a llegar hasta la demolición de los chalés edificados», pero nunca se llevó a efecto.

Posteriormente, en el Plan General de Ordenación Urbana de 1984 no se dejó fuera de ordenación, sino que se previó su posible legalización al calificarlo como PAU (Programa de Acción Urbanístico), al igual que Fuente Berrocal y Santa Ana, pero con unas condiciones de edificabilidad que dificultaban su desarrollo.

Hasta 2001 no se llegó a aprobar el plan parcial y en 2003 se constituyó la Junta de Compensación, pero también se creó una sociedad anónima entre los propietarios, que complicó aún más el desenlace, según el Ayuntamiento.

Hubo muchos problemas, tanto jurídicos como de «equidistribución» entre los distintos propietarios, tanto por el reconocimiento de lo edificado como por el reparto de costes de la urbanización y de todos los gastos de gestión.

A partir de 2007, cuando se aprobó un proyecto de actuación y la reparcelación, comenzaron las disputas en los juzgados y las alegaciones ante los acuerdos propuestos por el Ayuntamiento para buscar una solución.

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