Reabren dos causas contra varias promotoras por no devolver fianzas de pisos sin construir

Ambos órganos habían sobreseído provisionalmente las actuaciones, pero los recursos interpuestos por el abogado de los afectados, el letrado Jesús Díez Roig, han reactivado la investigación. Este colegiado ha presentado, además, otra denuncia por la promoción Margharita, en el Paseo de San Isidro, donde se registra la misma situación.

En el primer caso, un bloque de 57 viviendas en un solar ubicado en la confluencia de Juan Carlos I con Andrómeda, ha sido la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial la que ordena continuar con las diligencias. La Sala estima que «no puede sostenerse 'ab initio' que estemos en presencia de un conflicto cuya resolución haya de remitirse a la vía civil (algo que pretendían ambos juzgados), ya que se acredita que los contratos tratan de unas promesas de compraventa y en cada uno de ellos se determina el bien objeto de las mismos».

Los magistrados recuerdan que la sociedad vendedora recibió en 2021 de cada uno de los denunciantes al momento de su firma la cantidad de 5.000 euros en concepto de reserva sobre la futura compra. Sin haberse iniciado aún la construcción y con la licencia de obra caducada, «no se ha producido la devolución de las cantidades recibidas con tan clara finalidad».

«Ni tan siquiera el administrador de la sociedad que firmó los contratos ha ofrecido explicación alguna sobre ellos, ni tampoco ninguna aclaración se pudo obtener del acto de conciliación intentado en fecha 17 de julio de 2024», recalcan en el auto dictado el pasado mes de marzo. En el caso de Thempus, otro bloque previsto en el Paseo del Obregón de la zona de Puente Jardín (La Victoria), ha sido el propio Juzgado de Instrucción 5 el que ha atendido el recurso de reforma al archivo de la causa.

Díez Roig, que estima en unos 250.000 euros el montante de las señales entregadas y no devueltas, ha sumado una nueva denuncia contra este entramado empresarial por la promoción Margharita, otras 34 viviendas que se iban a levantar en un solar del Paseo de San Isidro, de las que nada se sabe y que han dejado al menos a otra decena de afectados sin el dinero que entregaron en concepto de señal de reserva.

Se recuerda en la denuncia, al igual que en las anteriores, que hasta hace poco tiempo, en este tipo de supuestos, el comprador solo podía acudir a la vía civil o administrativa para reclamar dichas cantidades, lo que no siempre daba resultado, «puesto que muchos promotores o constructores quedaban insolventes y al final el comprador veía cómo se quedaba sin el dinero entregado a cuenta y sin la vivienda finalmente terminada».

Incluso cuando el comprador emprendía acciones penales contra el promotor, los juzgados archivaban el asunto considerando que dicha cuestión debía ventilarse en la vía civil y no en la penal. No obstante, sentencias dictadas por el Tribunal Supremo consideran «casi automáticamente que existe delito de apropiación indebida de cantidades por venta de viviendas futuras cuando no han sido avaladas o garantizadas por el promotor», argumenta el abogado.

En los contratos de las tres promociones se establecían una serie de criterios, tales como si la causa de incumplimiento no fuera imputable a ninguno de los contratantes, ambos quedarían desligados de sus respectivas obligaciones, debiendo devolver la sociedad vendedora las cantidades percibidas. Para el caso de que el incumplimiento fuera imputable a la sociedad vendedora, esta devolvería a los compradores las cantidades percibidas, incrementadas con los intereses devengados a razón del 1% anual, en concepto de indemnización y cláusula penal por incumplimiento

Así, se recalca que llama «poderosamente la atención» que el dinero que fue entregado a cuenta en ningún caso fue avalado o garantizado, por lo que , «parece evidente, que la intención de los ahora denunciados en ningún momento era proceder a la devolución».

Fuentes de CHR (Construcciones Hermanos Riesgo) con las que se ha puesto en contacto este periódico señalan que la empresa matriz es el Grupo Urbas, que es el que tiene la capacidad de dar respuesta a los afectados. Esta compañía se encuentra en una delicada situación, con una deuda de 136 millones de euros, que le ha llevado a acogerse a un preconcurso de acreedores ante el riesgo de quiebra. Un portavoz de esta sociedad acota que continúan «haciendo todas las gestiones para obtener la financiación y dar curso a las promociones y si no, proceder a la devolución, pero estamos intentando financiarlas porque tenemos clientes y son proyectos viables».

«Estamos negociando con todos, dando la cara y hemos planteado un acuerdo con la representación legal de los afectados; para nosotros ahora lo importante es poder hacer una entrega de 51 viviendas en Arroyo, generar caja y dar solución a las situaciones que pueda haber con clientes». Grupo Urbas asegura que está buscando financiación para arrancar con la construcción. «En el caso de que tuviésemos una negativa absoluta de la financiación, evidentemente haríamos las devoluciones de las reservas», apuntan.

¿Que la empresa se encuentre en un preconcurso a acreedores puede complicar todas estas operaciones? «No, el concurso es del grupo financiero; puede complicarse porque encarece o endurece las condiciones de financiación. El proceso de refinanciación está presentado, se están consiguiendo las adhesiones para sacarlo adelante y entendemos que en dos meses tendremos el tema resuelto», explican las mismas fuentes.

El contencioso ha dejado a los afectados muy tocados. Familias que habían vendido su vivienda y habían optado por un alquiler provisional hasta poder entrar en el piso apalabrado o parejas jóvenes que se habían metido en su primera inversión inmobiliaria aportando todos sus ahorros en la señal son algunos de los casos que ha provocado esta situación.

Este entramado de promotoras sí llegó a un acuerdo con los reservistas de Panghea, otro desarrollo de 144 viviendas en Arroyo de la Encomienda, para devolver los 5.000 euros que aportaron como señal tras incoarse diligencias en los tribunales, aunque el abogado que defiende los intereses de los afectados continúa tramitando algunas solicitudes de reintegro que «se habían quedado colgadas».