Vecinos de la urbanización Arroyovereda de Arroyo reclaman «soluciones efectivas» por la ocupación ilegal de viviendas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, trasladó a los vecinos de la urbanización Arroyovereda, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, la voluntad del Ejecutivo autonómico de colaborar activamente con el Ayuntamiento y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la búsqueda de soluciones efectivas que garanticen la «restitución de la normalidad y el respeto a la propiedad privada».

Suárez-Quiñones mantuvo una reunión con representantes vecinales para conocer la situación actual derivada de la ocupación ilegal de viviendas que afecta a esta zona residencial desde el año 2022, donde el consejero subrayó que la Junta «está del lado de los vecinos y de la legalidad».

Durante la reunión, el consejero ha expresó la preocupación del Gobierno autonómico por las «graves consecuencias» que esta problemática genera en la «convivencia, la seguridad y la calidad de vida» de los vecinos, así como por el «deterioro urbano y económico que padece el entorno», dijo.

A ese respecto, apuntó que la Consejería realiza un seguimiento permanente de este tipo de situaciones, especialmente en aquellas zonas donde la «ocupación irregular provoca problemas de convivencia y seguridad». «La Junta defiende el derecho de acceso a una vivienda digna, pero siempre dentro de la legalidad y sin menoscabar los derechos de los propietarios ni el bienestar de las comunidades», afirmó.

Los vecinos trasladaron su malestar ante la prolongación del conflicto, que afecta a decenas de viviendas propiedad de la Sareb, y han descrito los problemas de «inseguridad, degradación de espacios comunes y pérdida de valor patrimonial» que sufren desde hace más de tres años. También destacaron la «falta de respuesta efectiva» por parte del Gobierno de España y de la Sareb, informa Ical.

Por ello, reclamaron actuaciones «más ágiles» en los procesos judiciales y medidas que «eviten nuevas ocupaciones». Una Sareb, participada mayoritariamente por el Ejecutivo central, que «ha hecho impago de los gastos de comunidad y que no pone fin a la grave situación creada», lamentaron.

En ese sentido, el consejero reiteró el compromiso de la Junta de «defender» los derechos de los ciudadanos que sufren esta situación y de «apoyar iniciativas y reformas legislativas» que permitan una actuación más rápida ante las ocupaciones ilegales.

Es decir, con la sustitución de los cambios normativos puestos en marcha por el Gobierno central, como la Ley por el Derecho a la Vivienda, «que amparan a los ocupas ilegales, dificultan la recuperación de la posesión por los legítimos propietarios y crean inseguridad y conflictividad para los vecinos pacíficos», de lo que es un ejemplo la situación creada en Arroyovereda, señalaron desde el Ejecutivo autonómico.

Suárez-Quiñones aseguró que «la ocupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia», al apostar por una «acción conjunta» de todas las administraciones que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para «restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal», apostilló.

«Con el objetivo de prevenir y actuar ante los casos de ocupación ilegal de viviendas, la Junta de Castilla y León mantiene un convenio con el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana para ofrecer, en todas las provincias, oficinas de información y asesoramiento antiocupación», recuerdan desde la Junta.

Estos puntos de atención, gestionados por las Cámaras de la Propiedad Urbana, facilitan a los ciudadanos información y apoyo jurídico sobre prevención, actuación inmediata y tramitación de casos en curso. El servicio se presta tanto de forma presencial como telemática, a través del 012 o de las páginas web de las Cámaras.

A fecha de octubre de 2025, las oficinas habían atendido 305 consultas presenciales y más de 11.900 consultas telemáticas, lo que evidencia la creciente demanda de información y asistencia especializada en esta materia en toda Castilla y León.

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