El traslado de guardias civiles deja los cuarteles de Piñel y Esguevillas al borde del cierre

Una situación que, unida al número de efectivos que «realmente» prestan servicio y patrullan las calles de la veintena de localidades que forman parte de estas demarcaciones, está generando una «creciente sensación de inseguridad» entre sus vecinos. «Solo hay dos personas, un sargento y un agente, prestando servicio en el cuartel y no hay oficina prácticamente nunca, por lo que poner denuncias o ir a tramitar algo es misión imposible para la población», asevera el alcalde de Piñel de Abajo, Fernando Sanz. «La semana pasada eran tres agentes; si acuden a un sitio, no pueden ir a otro, están en cuadro», añade su homólogo en Esguevillas, Rubén Colina.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, defiende el trabajo de los guardias civiles a pie de calle, «donde de verdad se necesita», y no en oficinas cuando apenas contabilizan denuncias. Remarca, del mismo modo, que «aunque en el cuartel no haya nadie, hay patrullas operativas las 24 horas». «Cuanto más tiempo están los agentes en los cuarteles, menos están patrullando. Los recursos son finitos y limitados y si tienes una pareja allí, no están patrullando que es lo que de verdad se necesita, por eso se prioriza que estén fuera», explica el representante del Ejecutivo central en la provincia, al tiempo que insiste en que «no tiene sentido que estén en el cuartel cuando se está recibiendo menos de una denuncia a la semana».

Asegura entender las peticiones de los alcaldes por mejorar y reforzar servicios como el de la Benemérita en sus comarcas, pero hace hincapié Canales en que son conocedores de los horarios de apertura de los cuarteles y «se puede pedir cita telemática». «Dependiendo de la gravedad pueden llamar al 062 y la patrulla se acerca al pueblo, tanto en Piñel como en cualquier pueblo de Valladolid, y hace dos semanas entró en funcionamiento la posibilidad de realizar denuncias de forma telemática para ciertos tipos de delitos, los más comunes», apostilla. No obstante, destaca que «no hay previsión de cerrar ninguno de esos puestos, ni está en estudio ni nada por el estilo». En cualquier caso, Canales apunta hacia el tiempo medio de respuesta del instituto armado en la provincia: doce minutos y medio desde que se recibe un aviso hasta que los agentes llegan al lugar en cuestión.

En cuanto al número de efectivos disponibles, situación que preocupa tanto a los regidores de ambos municipios como a sindicatos como la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), el subdelegado subraya que el catálogo de agentes destinados en cada puesto «no se ha tocado en los últimos años», si bien el hecho de que en los últimos meses haya menos guardias en la zona se debe a las denominadas comisiones de servicio. «Es algo temporal y se solucionará después del verano, cuando está previsto que vuelvan a su destino», sostiene.

No obstante, hace Jacinto Canales, con las estadísticas en mano, un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía. Porque ni la de Piñel ni la de Esguevillas son demarcaciones con elevadas tasas de criminalidad. Todo lo contrario. Durante el primer semestre del año, desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio, la zona de Piñel registra «menos de cinco infracciones penales», con un descenso del 85% de las denuncias respecto a los mismos meses de 2024, mientras que en Esguevillas, en el mismo periodo, las incidencias penales se han reducido el 71%. «La sensación de inseguridad cada uno tiene la suya, pero el número de incidencias penales que hay es bajísimo, es una de las zonas más tranquilas de la provincia», añade.

Todo ello está presente en la agenda de ambos regidores, que recientemente se han reunido con representantes de Jucil para abordar esta problemática y crear un «frente común» para que se les «escuche» y se refuerce el personal, más aún en una época del año en la que la población de los municipios crece exponencialmente con la llegada de veraneantes a las segundas residencias. Piñel de Abajo llevó a pleno una moción para instar a la Subdelegación del Gobierno a que «se tomen las medidas necesarias para dotar de personal real» al puesto de la Benemérita mientras que el Ayuntamiento de Esguevillas prevé hacerlo en la sesión plenaria del próximo septiembre.

En el encuentro, el sindicato les trasladó la necesidad de reforzar las plantillas en ambas localidades, ya que son «insuficientes para cubrir las necesidades de vigilancia, atención ciudadana y actuación inmediata ante emergencias o situaciones de riesgo». «Se han constatado dificultades derivadas de la escasez de recursos materiales y humanos, lo que repercute negativamente en la eficacia del servicio», comentan fuentes de Jucil, que alertan de que, a nivel nacional, la suma de factores como vehículos «con kilometrajes muy elevados, la falta de sistemas que permitan a las patrullas recoger denuncias directamente en el lugar de los hechos» o equipos de comunicaciones obsoletos están generando «auténticos desiertos de seguridad» en las zonas rurales. «La falta de presencia policial visible, la ausencia de patrullas, el cierre de cuarteles en determinados horarios y la escasez de recursos operativos transmiten a la población una sensación de desprotección, abandono e inseguridad que, además, puede contribuir directamente a la pérdida de población en estos territorios», advierten estas mismas fuentes.

Coinciden ambos alcaldes en reivindicar la importancia de guiarse, a la hora de desplegar efectivos, por criterios como la extensión del territorio –en este caso, buena parte del noreste de Valladolid– y no tanto de la población que abarca, pues se trata de municipios de tamaño reducido, cada vez más vaciados. Algo, opina Rubén Colina, «de sentido común». Más aún en una zona con «robos agrícolas, accidentes con animales y vandalismo». «Si están en una intervención y les llaman para otra, no pueden ir; es una cosa de sentido común y por la seguridad de la ciudadanía, no es nada del otro mundo», reitera. «Con dos efectivos reales es imposible dar un servicio adecuado a los once municipios que forman parte de la demarcación de Piñel», lamenta Sanz.

Pero, respecto a estas pautas, Canales se muestra contundente, en base a la forma en la que la Guardia Civil reorganiza a sus efectivos: «Conforme a las necesidades». «Hay dos factores importantes que tienen en cuenta como son la tasa de criminalidad y la población, y en estos casos hay muy poca población y muy poca tasa de criminalidad», apostilla, mientras concreta que, desde 2018, la cifra de agentes tanto del Cuerpo Nacional de Policía como del instituto armado se ha incrementado un 10% en territorio vallisoletano, en torno a 160 efectivos más.