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La pandemia de la covid dio el último empujón a un sistema que lleva instaurado con efectividad hace más de una década entre la Fiscalía de Valladolid y el Colegio de Abogados. Son las conformidades previas a los juicios para ahorrar tiempo y esfuerzos y agilizar los procesos judiciales. Hasta tal punto que en 2021 se registraron hasta 349 conformidades en Valladolid gracias a un protocolo que tuvo diferentes variaciones con la llegada de la covid. De hecho, este año ya se han contabilizado 244. Unos datos que contrastan con las 275 y las 254 que se alcanzaron en 2019 y 2020, respectivamente.
Una alarma sanitaria que sirvió, sala virtual incluida, para que las conformidades (delitos cuyo enjuiciamiento y fallo sea competencia de los Juzgados de lo Penal y de la Audiencia Provincial) entre fiscales y abogados despegaran en cifras a través de citas durantes dos días a la semana con el teniente fiscal, José Carlos Jaramillo, y la fiscal jefe, Soledad Martín Nájera, al frente desde la Fiscalía. Fue una adaptación a unos acuerdos que se venían desarrollando ya con anterioridad con el objetivo de aligerar y desatascar, principalmente, el retraso que la pandemia agravaba y que 'paralizó' la celebración de vistas. Tan solo, tras el acuerdo, los investigados o acusados, con sus letrados y los de la acusación particular si la hubiera, tenían que acudir a dependencias de Fiscalía para la firma, que en todo caso debe ser ratificada ante el juzgado o tribunal sentenciador y que hace el correspondiente control de legalidad.
Unas conformidades previas en auge que van en paralelo también con el aumento de trabajo en los despachos de la Fiscalía. Así lo refleja la fiscal jefe, que reconoce que la carga laboral ha crecido de forma «exponencial» en los últimos años. «Se ha disparado», añade mientras destaca la labor de los fiscales. «Se ha hecho un esfuerzo desproporcionado en los últimos meses. El nivel de la profesionalidad de los funcionarios es excepcional», recalca Soledad Martín Nájera.
Y es que una correcta aplicación del protocolo, según se ha visto en la última década, mejora sensiblemente la administración de Justicia, «siendo beneficiosa para toda la sociedad en general». Por un lado, y en relación a la Administración de Justicia, este protocolo incide en la descongestión de los juzgados, colaborando a reducir el colapso y a agilizar la finalización de procesos penales por vía del acuerdo entre las partes. Por otro lado, también producirá efectos beneficiosos a todos los ciudadanos que se ven obligados a colaborar con la Administración de Justicia –testigos en general, funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y peritos-, pues previendo con antelación suficiente la conformidad de las partes en el proceso, se evitan citaciones, esperas y molestias innecesarias.
Un sobreesfuerzo que sería más liviano si se ampliara la plantilla de fiscales en la provincia. Actualmente, incluido la fiscal jefe y el teniente, hay 24 fiscales en Valladolid. «Lo ideal sería contar con otros dos, pero a Valladolid no se le ha ampliado la plantilla a pesar de ser la provincia con más población de Castilla y León», prosigue.
Precisamente, a la par que se instauraban las nuevas modificaciones del protocolo de conformidad, la Fiscalía de Valladolid, también en plena pandemia, ha habilitado una dirección de correo electrónico cuyo resultado ha sido positivo. «Es abrumador. Supone un esfuerzo importante, pero sirve para mejorar y estar más cerca del ciudadano», destaca la fiscal jefe. «En 2020 realizamos un esfuerzo enorme. Ahora somos conscientes de que la carga de trabajo incrementará, pero tenemos uno de los trabajos más bonitos», concluye Soledad Martín Najera.
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