Un juzgado de Soria recibe la primera denuncia de familiares de un residente por falta de cuidados sanitarios

Las primeras denuncias de familiares de residentes fallecidos en residencias de ancianos de Castilla y León empiezan a llegar con cuentagotas a los juzgados de Castilla y León, aunque son varios los parientes de abuelos difuntos en centros asistenciales que están comenzando a organizarse para cuando se controle la pandemia, según confirman fuentes familiares que tienen o han tenido a sus seres queridos en complejos residenciales donde el número de fallecidos por covid o con síntomas es muy elevado, como DomusVi de Arroyo de la Encomienda (60), Parquesol (10) y Orpea (20), en la capital vallisoletana, el centro de Mensajeros de la Paz (72) en La Bañeza o Los Royales (47 defunciones), en Soria.

Precisamente es en Soria donde ha abierto la primera investigación judicial a raíz de una denuncia presentada por particulares. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Almazán decidió abrir diligencias después de que una persona denunciara que un familiar, interno en una residencia y sospechoso de estar contagiado por coronavirus, no estaba recibiendo los cuidados sanitarios necesarios. El juzgado ha solicitado a la residencia, ubicada en la localidad de Serón de Nágima, y a la Consejería de Sanidad, que remitan los protocolos de actuación que se han activado en dicho centro asistencial como consecuencia de la pandemia, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El denunciante solicitaba que a su familiar le fuera practicada la prueba para conocer si era positivo por la covid-19. Otro pariente del anciano, tutor legal del mismo, comunicaba posteriormente al juzgado que el enfermo ya había sido trasladado a un hospital para recibir asistencia médica. La causa, precisa el TSJ, no se ha abierto por delitos concretos y la denuncia había sido presentada también ante la Fiscalía de Soria, que la archivó al estar iniciada ya la investigación en el Juzgado de Almazán.

Fuentes del grupo Latorre, propietario de la residencia, puntualizaron al respecto que la denuncia no está planteada «propiamente» contra la residencia de ancianos, «sino contra la Gerencia de Servicios Sociales y la Junta, porque nosotros no nos negamos a hacer el test, sino que no nos lo proporcionaron».

El TSJ hizo ayer pública esta denuncia, después de que el día anterior la Fiscalía General del Estado confirmara que tiene abiertas diligencias penales de investigación sobre seis residencias de Castilla y León: tres de Valladolid, una en León, otra en Salamanca y otra en Soria. En este sentido, el vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, señaló que Familia pone a disposición de la Fiscalía, a diario, informes sobre las residencias pero, respecto de las investigaciones abiertas, aseguró desconocer de qué centros se trata aunque se puso a disposición del ministerio público.

Según los datos facilitados ayer por la Junta, el 51,09% de las 2.100 defunciones en Castilla y León por coronavirus confirmado corresponden a usuarios de residencias y pisos tutelados: 1.073 ancianos y otras personas dependientes.

Los muertos con positivo en los hospitales ascienden a 1.582, pero en esta estadística oficial de defunciones en Castilla y León relacionadas con la epidemia faltan los usuarios de residencias que no fueron trasladados al hospital: 518. Esta estadística tampoco computa a quienes fallecieron en sus casas, ni a quienes tenían síntomas compatibles pero no se les hicieron test. Solo los ancianos muertos en residencias con sospecha de covid suman 1.058, según la Consejería de Familia. Así que son 2.132 las defunciones por o con covid en estos establecimientos, 43 de ellos en las últimas 24 horas. En 251 residencias de Castilla y León se han producido estas muertes y Valladolid cuenta el mayor número de difuntos por covid, 214. Le siguen Salamanca, Segovia, León y Burgos, que registran más de un centenar de defunciones por la epidemia.