Valladolid

La empresa del centro de llamadas 112 da marcha atrás y retira sanciones a tres trabajadores

Los hechos parten, según trasladan responsables sindicales, de un trabajador que tenía sobre su mesa un portátil, en lugar de mantener ese dispositivo guardado en la mochila. «A partir de ahí se elabora una construcción artificiosa de la gravedad del hecho insinuando y elucubrando sobre que podría darse una situación de ataque informático o de espionaje industrial en cinco folios de especulaciones descabelladas y se equipara la gravedad a la de un robo, un altercado o una agresión, con posibilidad incluso de despido», relata Domingo Largo, miembro de la sección sindical de CGT en este centro de trabajo.

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Junto al trabajador que tenía ese portátil sobre su mesa durante la jornada laboral, la empresa planteaba tomar medias contra las dos supervisoras de ese turno por no «impedirlo». Desde la parte sindical habían convocado una concentración en protesta por esos expedientes para este viernes, a las puertas del edificio que alberga el centro de llamadas del 112. Esa protesta se desconvocó en la tarde del jueves después de que responsables de Ilunion citaran al comité de empresa y de esa reunión saliera la retirada de las propuestas sancionadoras. Fuentes de la empresa del Grupo Social ONCE recalcan que la salida al conflicto, que aseguran que no era algo grave, se consensuó con los sindicatos.

Se daba la coincidencia de que el trabajador afectado por esa acusación de infracción «muy grave» había sido secretario del comité de empresa y participó de forma activa en la huelga indefinida que tuvo lugar en 2022. Un hecho que podía apuntar a una «represalia» y «persecución» por su actividad sindical. «Un sinsentido que refleja persecución y arbitrariedad, ya que hechos semejantes nunca se han calificado como faltas muy graves», remarcan desde el comité de empresa.

La plantilla que gestiona las llamadas de emergencias al 112 en Castilla y León se sitúa en el entorno de los 115 trabajadores que se han movilizado históricamente para reclamar que sea la Junta la que se haga cargo directamente de este servicio desde el ámbito público por su carácter «esencial» y no a través de licitaciones con empresas: antes el Grupo Norte y ahora Ilunion Emergencias. «Se hace abuso de la contratación temporal y a tiempo parcial», apunta Domingo Largo, que suma a esta situación condiciones laborales cada vez más «restrictivas» con relación a permisos por hospitalización de familiar, horas médicas, disfrute de excedencias, cambios de turnos y horarios «que hacen prácticamente imposible la conciliación y el derecho a la salud».