La cárcel moderna que necesitaba Valladolid

Fue el concejal Emilio Martín-Calero el primero en fijar su mirada en la finca denominada Navabuena, de más de 11 hectáreas, situada en el término municipal de Villanubla, a 22 kilómetros de la capital, y propiedad del Ayuntamiento. Una propuesta que hizo suya, en junio de 1978, el alcalde Manuel Vidal García, después de rechazar, en conversación con el entonces director general de Instituciones Penitenciarias, Antonio Fernández Galán, la posibilidad de ubicar la nueva prisión en los terrenos situados junto al Hospital Psiquiátrico «Doctor Villacián». Gobernaba España la UCD, con Adolfo Suárez como presidente, y la filosofía del centro penitenciario a construir se basaría, según el citado Fernández Galán, en «la reinserción social, para que las prisiones dejen de ser escuela de delincuentes», lo que pasaba por «separar a preventivos de condenados por sentencia firme, a homicidas de rateros».

El proyecto se consolidó un año más tarde, ya con el socialista Tomás Rodríguez Bolaños al frente del Ayuntamiento de Valladolid y tras la pertinente entrevista con miembros del gobierno. A las pésimas condiciones de habitabilidad de los reclusos, hacinados en el edificio de la calle Madre de Dios (hoy Centro Cívico Esgueva) se sumó la urgencia de cumplir la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. En el pleno municipal de 21 de diciembre de 1981 se aprobó la cesión gratuita de la parcela de Navabuena a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, si bien las obras no comenzaron hasta septiembre del año siguiente.

Presupuestadas inicialmente en 1.390 millones de pesetas (al final se irían a 1.700), las acometió la empresa Dragados y Construcciones conforme los planos del arquitecto Enrique López García. La principal causa del encarecimiento fue la necesidad de urbanizar toda la zona circundante, construir una carretera que enlazara con la Valladolid-León, montar el tendido eléctrico, establecer el abastecimiento de agua por medio de una conducción de quince kilómetros desde la Estación Municipal de Las Eras, fijar la red de telefonía y levantar toda la planta depuradora de aguas residuales.

Casi lista en el verano de 1984, ya con el PSOE de Felipe González al frente del gobierno de la nación, coincidió con la construcción de otros 11 centros penitenciarios para cumplir la Ley (los más cercanos cronológicamente eran los de Sevilla, Valencia y Roca del Vallés, en Barcelona). La opinión pública no ocultaba su satisfacción. Entre los elementos más elogiados destacaban, sin duda, la existencia de módulos independientes y los modernos sistemas de seguridad. Un croquis publicado por este periódico detallaba el edificio de acceso y los siete módulos del recinto vigilado: servicios generales, adultos 1, adultos 2, jóvenes, penados, nocivos y aislamiento, y toxicómanos y enfermería; todos ellos constaban de tres plantas y patio.

Las celdas, 406 en total (además de una múltiple para detenciones masivas o casos excepcionales) serían de 4 por 2,40 metros, tendrían una cama fija de hormigón para evitar que los somieres fueran utilizados para fabricar artefactos cortantes, y dispondrían de lavabo con agua caliente y fría, inodoro y dos estanterías para ropa y objetos. El conjunto estaría rodeado por dos muros de hormigón de cinco metros de altura, separados por un ancho de diez metros (el llamado Paseo de Ronda), contaría con campo de fútbol en la parte izquierda, nueve garitas de vigilancia, locutorios para visitas de letrados y familiares, y, fuera del recinto, con cincuenta viviendas unifamiliares para los funcionarios casados y con familia. Especial atención recibieron los modernos sistemas de seguridad y vigilancia, sobre todo los «sensores de puerta abierta, puerta cerrada» de las dos puertas rastrillo que daban salida a cada módulo, el circuito cerrado de televisión en la zona de patios y en las puertas de entrada, los sensores volumétricos en el Paseo de Ronda, y el sistema de intercomunicación entre garitas.

La inauguración de la nueva cárcel de Villanubla tuvo lugar el 22 de junio de 1985, hace ahora 40 años, y contó con la asistencia del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba. Su primer director fue Miguel Mateos Cuesta, el mismo que desde 1981 dirigía la prisión provincial de la calle Madre de Dios, desde la que días antes fueron trasladados sus 130 reclusos. Aquel 22 de junio de 1985, algunos de ellos le confesaron al director general de Instituciones Penitenciarias, Juan José Martínez Zato, que «al menos aquí hay limpieza y se puede vivir mejor».