Valladolid

El edificio de la Seguridad Social en La Rondilla vuelve al limbo a la espera de otra licitación

El edificio comenzó a levantarse en enero de 2020 a partir de los planos del estudio de arquitectura de Primitivo González, con tres años de demora sobre lo previsto y la mala suerte de que en marzo la covid obligó a interrumpir los trabajos. Aunque se retomaron al mes, volvieron a paralizarse en abril de 2021 y desde esa fecha ni operarios ni máquinas han vuelto al solar. A día de hoy el inmueble, que parece 'gafado' desde su origen, se encuentra otra vez en la casilla de salida después de un cúmulo de incidencias que han llevado a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a pulsar el botón de 'reseteo'.

El informe al respecto de la Secretaría General de ese organismo es prolijo en detalles sobre las numerosas vicisitudes por las que ha atravesado el procedimiento. De hecho, es la segunda vez que se adopta una determinación similar. Tal y como se recuerda en el documento, el expediente 2019/47601 que permitió iniciar las obras ya tuvo que ser resuelto a raíz de «los retrasos acumulados» en que incurrió la adjudicataria, Trauxia SA. Fue después de un cruce de sanciones y recursos y de la redacción de un modificado ante «una serie de incidencias totalmente imprevisibles» que afectaban a «elementos de imposible acceso en la fase de redacción». La empresa se negó a ejecutarlo por estar en desacuerdo con «los precios contradictorios» que establecía, lo que llevó a la TGSS a poner fin al contrato el 17 de marzo de 2023.

En octubre de ese ejercicio y antes de retomar la construcción la Seguridad Social encargó «la actualización técnica y económica del proyecto», de la que resultó un presupuesto de 5,7 millones de euros que implicaba un sobrecoste de 2,3 en comparación con el inicial. Con base en ese estudio el 4 de julio de 2024 se publicó la segunda licitación, pero el 8 de agosto quedó en suspenso después de que Trauxia argumentara que «algunas de las partidas incluidas en el nuevo proyecto ya habían sido ejecutadas» por ella. La Oficina Técnica de la Tesorería comprobó que era así en cinco de las 27 unidades sobre las que pesaba la reclamación y que había dudas sobre una sexta, y a raíz de esto la Vocalía de Contratación, Inversiones, Obras y Régimen Interior consideró que lo más adecuado era cerrar ese procedimiento y empezar otra vez de cero.

Es lo que hizo el pasado 15 de abril la Secretaría General de la Tesorería, que decidió «desistir del expediente de contratación número 2024/47296B», articulado para intentar llevar a buen puerto las dependencias de la Seguridad Social, apelando a «razones de interés público, fundadas en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato consistente en la inadecuada formulación del presupuesto». Algo que se notificó a las seis compañías que habían concurrido –entre ellas la primera adjudicataria–, para las que se estableció una compensación de 100 euros como máximo «por los gastos» en los que hubieran incurrido.

En este punto es en el que se encuentra ahora el proceso, para indignación de un vecindario que el pasado 6 de junio volvió a salir a la calle para exigir soluciones y que durante la friolera de 17 años reivindicó un uso social para el complejo. Fuentes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones integrada en el ministerio de Elma Saiz se limitan a asegurar que «en la actualidad, se están realizando las actuaciones necesarias para identificar las necesidades que serán objeto del contrato. Una vez se reconozcan, se procederá a iniciar una nueva licitación de este expediente con la mayor brevedad posible».

En la misma línea se expresa el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien precisa que aunque esta materia no está en el ámbito de su competencia, le consta «la intención de la Tesorería de seguir adelante con el proyecto y sacar esto cuanto antes, en el menor plazo posible, con las garantías jurídicas necesarias». Sobre lo que ha ocurrido estos años en la parcela que ocupó el San Juan de la Cruz, tiene una posición clara. «¿Cómo se podría haber evitado?», pregunta, y responde acto seguido que «tragando con lo que te propone la empresa y dándole el dinero de la modificación a mayores que te pidan».

Al hilo de esto, Canales hace una reflexión sobre la obra civil. En su opinión, en este campo los contratistas «van al límite en bajada de oferta, porque saben que hay una probabilidad alta de que si piden una modificación de contrato la Administración Pública se avenga y les pague lo que decidan en ese momento. Con eso lo que se revienta es el mercado porque todo el mundo va a mínimos y luego claro, hay pérdidas», sentencia. Y traslada a los ciudadanos que en este caso «el procedimiento administrativo y los procedimientos judiciales, porque aquí hay dos litigios con la empresa que dejó colgada la obra que interfieren, hacen que no se pueda hacer tan rápido como a la Administración Pública le gustaría».

Si la contratación de las obras no se produce hasta 2026, algo que no resulta descabellado teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, el proceso se reactivará una década después de que la piqueta echara abajo el colegio San Juan de la Cruz. El centro escolar cerró sus puertas en 1999 y fue derruido el 4 de agosto de 2016 para hacer posible su transformación en un edificio que tardará en estar operativo pese a que los primeros anuncios sobre su realización datan de 2010.