Pide un año de cárcel a su exmujer por llevarse los electrodomésticos de la vivienda

«Esto no lo he visto en mi vida, increíble». Esta fue una de las afirmaciones que el presidente magistrado de la Sección 4ª de la Audiencia de Valladolid, José Luis Ruiz Romero, ha espetado durante la vista oral del juicio por apropiación indebida de los electrodomésticos tras una sentencia de modificación de un divorcio entre la acusada Tamara Crespo Sancho y su exmarido, Diego Matute Arranz. Solo le faltó añadir el adjetivo esperpéntico para lo vivido esta mañana tras pronunciar que «esto no es una discusión de cafetería».

Un proceso que viene coleando desde 2014, cuando se separó este matrimonio y que explotó entre finales de 2020 y 2021 tras la modificación de la sentencia de separación en la que Diego Matute compró el 50% de la vivienda. Un hogar, precisamente, en el que hasta marzo de 2021 vivió Tamara Crespo.

Es en esa modificación donde se halla la controversia del acuerdo, la cual ha llegado hasta la Audiencia de Valladolid ante el asombro del presidente magistrado, pues se fijó un precio de venta, 100.000 euros, en los que supuestamente el mobiliario del piso de la calle Monasterio de Santa María de Moreruela «estaba incluido».

Ese hecho lo ha desmentido en la Sala la acusada y ha afirmado que «consideraba que todo era suyo». De esta forma, su exmarido y el fiscal le solicitan 780 euros del valor de los electrodomésticos «que faltaban» y un año de cárcel. Estos son un microondas (40 euros), un horno (150), lavavajillas (100) y un frigorífico (200). Además se le reclama la ausencia de un mueble lavabo con espejo (150) y los dos colchones de los niños (140 euros).

«Me llevé el lavavajillas y el frigorífico porque son míos. El horno y el microondas los tiré porque estaban estropeados. El mueble del lavabo se retiró hace tiempo porque estaba dañado y los colchones no los cogí. Se me acusa de llevarme cuatro electrodomésticos de 2007 y, en cambio, también trasladé un dormitorio y la televisión y ahí no se me ha dicho nada. El error ha sido confiar en la otra parte», ha declarado Tamara Crespo.

Precisamente, sobre el dormitorio, el exmarido puntualizó que no puso ninguna objeción al haber sido «un regalo de los padres de ella». «La modificación incluía la custodia compartida de los hijos y la compra de la vivienda con todos los muebles. Además, nuestros hijos me avisaron de que su madre ya había vendido, tras la firma del acuerdo, un mueble por 'Wallapop'», ha detallado Diego Matute.

El acuerdo de venta de la vivienda la fijaron los dos propietarios (en gananciales hasta la firma del divorcio en 2014) en 200.000 euros, teniendo que abonar el exmarido 100.000 euros a Tamara Crespo. «Al ser una vivienda de protección oficial, no se podían superar los 140.000 euros, así que se fijó una cuantía de 26.000 euros en concepto de mobiliario, pero que no respondía a un peritaje concreto», ha explicado el abogado de la defensa, Juan José Alonso, quien negoció el acuerdo de la venta de la casa y que ha declarado como testigo este lunes en la Audiencia.

Precisamente, el letrado fue el encargado de entregar las llaves de la vivienda a la otra parte. Una acción que se demoró más de lo esperado, pues Tamara Crespo, tras la firma, solicitó un plazo de dos meses para abandonar la casa, tiempo en el que «reformé mi nuevo hogar». «Tenía que entregar las llaves a principios de febrero de 2020, y lo hice a primeros de marzo. No me pude ir antes...», ha añadido la acusada.

«Fui a dar las llaves y no pude contactar con el abogado de la otra parte. No me las quería coger porque me querían meter una demanda ejecutiva por el retraso», ha concluido el exabogado de Tamara Crespo.

Además, de los dos miembros del ya exmatrimonio, por la Sala también han desfilado las actuales parejas de la acusada y de la acusación particular para ratificar la declaración de Tamara y Diego, respectivamente. Además, han testificado peritos aportados por las partes, cuyos testimonios servirán para esclarecer el divorcio que acabó en la Audiencia de Valladolid tras haber pasado con anterioridad por el Juzgado de lo Penal. «Esto se está yendo de las manos, el proceso no tenía que haber salido del Juzgado de lo Penal, ni de el de Familia», ha manifestado Ruiz Romero.

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