«Si coincido con mi adscripción al PP, me critican y si discrepo, también»

En el enésimo capítulo de las críticas sobre la falta de independencia del nuevo CGPJ, el vocal no judicial Vicente Guilarte está hoy en el ojo del huracán porque con su voto ha impedido que al juez de la constitución catalana, Santiago Vidal, se le haya impuesto la suspensión cautelar en sus funciones que había propuesto el promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero. Para Guilarte, «resulta caótico que en los medios se haga una lectura estrictamente política de decisiones tan solo jurídicas». Y confiesa su perplejidad: «si coincido con la adscripción al PP que me asignan, me critican. Si discrepo, también. ¿Quid facere?», se pregunta con su sorna característica.

Arranca el año judicial con nuevo ministro de Justicia. ¿Cuál es su percepción sobre Rafael Catalá? ¿Comparte la opinión general de que es un técnico apagafuegos?

Mi percepción sobre el nuevo ministro es inmejorable. Al margen de ello confío plenamente en el acierto de quien lo ha nombrado. Acierto del que hemos tenido reciente ejemplo en el anterior nombramiento ministerial vallisoletano (en referencia a Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura). Añadiré que el fuego es instrumento de progreso, basta con ver sus infinitas utilidades, pues fue rasgo determinante de la singularidad de la especie humana frente al animal, que sigue sin poder dominarlo. El fuego ni se apaga ni se aviva, se domina.

¿Cree usted que en el año que le queda a Catalá para que concluya la legislatura le dará tiempo a culminar las muchas e importantes reformas orquestadas por su antecesor en el cargo?

Evidentemente es imprescindible seleccionar, como ya he visto que ha hecho este miércoles el ministro en el Congreso, a cuyas prioridades, como la lucha contra la corrupción y la organización judicial, entre otras, me remito.

¿Considera que el próximo julio los registradores estarán preparados para asumir el Registro Civil?

No tengo la menor duda siempre y cuando se aúnen esfuerzos, ahora un tanto dispersos.

Usted conoce bien el colectivo de los registradores, del que fue letrado muchos años.

Efectivamente. Es por ello un colectivo que aprecio profundamente y en cuyo seno hay un profundo debate sobre el tema frente al que quiero mantener una cierta neutralidad. Sí me gustaría precisar que, al margen del natural debate interno, en su proyección exterior se expresa de forma intencionadamente distorsionada. El exitoso lema repetido hasta la saciedad, que ha llegado a interiorizarse socialmente, es que se trata de un proceso de privatización del Registro Civil: es justamente lo contrario. Se trata de reforzar el carácter de servicio público de la institución registral.

Se duda también de que vaya a ser gratuito.

Es una duda carente de fundamento alguno. Hay un principio interpretativo básico del que, veo, discrepan los críticos del nuevo Registro Civil: a veces las leyes dicen lo que dicen. El diseño legal expresa inequívocamente la gratuidad del Registro Civil: otra cosa es que en ciertos casos deba repensarse de futuro su gratuidad. Y debe precisarse que el gran beneficiario será el usuario dada la mayor eficiencia de un Registro avanzado tecnológicamente- y, asimismo, lo será quien articule los futuros Presupuestos Generales del Estado, pues podrán destinar los importantes recursos que hoy consume el Registro Civil a otras atenciones. Pero para ello es decisivo propiciar un trato exquisito a los actuales servidores del Registro Civil, de forma que no se vean perturbadas sus garantías y expectativas laborales. Es decisivo atender esta necesidad.

Usted ya vaticinó en el II Ciclo de Justicia de El Norte que iba a ser imposible poner en marcha la reforma de la Ley de Planta antes de que concluyera la legislatura. El nuevo ministro habla de «negociación en un tiempo corto para presentar un proyecto de ley que goce del apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios».

La reforma de la Planta judicial me parece ineludible. Las estructuras del Estado, y esta muy especialmente, deben acomodarse a las tecnologías del siglo XXI, donde lo presencial debe ser episódico. Y con una perspectiva de más largo aliento, hay que superar el ancestral apego al terruño que, en su máxima expresión, determina situaciones como la que hoy vive España, donde cada dirigente político, coyunturalmente poderoso en un ámbito a veces pueblerino, otras veces provincial, regional o nacional, quiere sectorizar y aislar un territorio en el que ejercer su poder. La evolución de la condición humana del siglo XXI la lleva a ser global y solidaria. Volvamos a Garibaldi y a Jean Monnet.

¿Qué balance general hace de su primer año en el Consejo?

Está siendo realmente interesante. He retomado el contacto con amigos entrañables (Fernando Grande-Marlaska) y, al margen de aquellos que ya conocía por su labor jurisdiccional o profesional, he descubierto nuevas personas que coadyuvan magníficamente al buen funcionar del órgano, por ejemplo, Mar Cabrejas. He comprobado también que algún alumno mío de Derecho Civil ha tenido que encauzar sus saberes, con gran éxito, hacia otros órdenes jurisdiccionales ante el presumible hueco que causé en su formación: ¿o no, amigo Gerardo? (por Martínez Tristán). Sin ellos, mi presencia en el órgano sería aún más estéril.

¿Cuál es su valoración de la toma de decisiones en el seno del CGPJ en este primer año de trabajo?

Personalmente, me preocupa que no siempre acierto en el complejo tema de los nombramientos pues, a menudo, con más frecuencia de la deseable, no coincido con la valoración de la excelencia profesional que a todos nos guía para llevar a cabo tales nombramientos. Quizás influya el que para acceder a ella yo tengo menos condicionantes que otros de mis compañeros, lo que seguramente devalúa mi criterio. No quiero pensar que el devaluado sea el de ellos.

Parece que al Promotor de la Acción Disciplinaria no le ha faltado el trabajo en solo un año.

Antonio Fonseca es un profesional intachable. Lo mismo acaece con Wenceslao Olea, que preside la Comisión Disciplinaria. Me preocuparía discrepar más veces de ellos. Evidenciaría mi inhabilidad para tales menesteres.

A usted se le cuestiona por haber dado su voto, decisivo, a favor de la continuidad del juez Santiago Vidal, a pesar de que sus compañeros del sector conservador del CGPJ votaron por la suspensión del magistrado.¿Por qué se desmarcó?

Me he cansado de oir mi militante adscripción al PP: todos los nominados somos milicianos de unas siglas. Era el instrumento para criticar el diseño del CGPJ y concluir su politización. Y cuando se toman decisiones jurídicas que se desmarcan de esa ficticia pero fatal adscripción, alguien se rasga las vestiduras: no esperábamos eso de él. Yo estoy desorientado: si coincido con mi adscripción me critican. Si discrepo también:¿quid facere? En definitiva, niego la mayor: yo, ni estoy marcado ni me desmarco. En el caso que se cuestiona, valoré que en esta fase cautelar no se integraban las exigencias normativas para adoptar preventivamente una decisión que diluye el principio de inamovilidad judicial, fundamento de la independencia judicial. No existe ningún otro trasfondo, que yo sepa. Si lo hay, soy ajeno a él. En todo caso siempre será mejor que redacte una proposición normativa, sea la que sea, un jurista y no Gasol o el central del Barça: seamos solidarios con nuestros nacionales.

Pero le siguen incluyendo en un círculo próximo al Gobierno.

Ciertamente, émulo del Coronel Aureliano Buendía, se me atribuyen unas macondianas proximidades e influencias. He de precisar, para despejar equívocos, que a pesar de mi inicial y frontal negativa, diré que sí conozco al presidente del Gobierno. También a Rafael Nadal, si bien, en ambos casos, falta la reciprocidad: dudo que ellos me conozcan a mí. Si aquél me conoce, agradezco que nunca, ni directa ni indirectamente, me haya hecho el más mínimo susurro sobre cómo debo proceder en el seno del CGPJ: seguramente le defraudaría.