Los jueces vallisoletanos deberán elegir a su decano para cuatro años

Los 36 jueces y magistrados de la capital vallisoletana, titulares de órganos jurisdiccionales unipersonales, deberán elegir en el mes de noviembre, en una consulta democrática, libre y secreta, a su nuevo decano hasta el año 2014. Un proceso electoral que está regulado por el Consejo General del Poder Judicial, que atribuye a este cargo la representación de la carrera judicial en una provincia como Valladolid, que dispone del mayor número de jueces de Castilla y León.

El mandato del actual decano, el magistrado de Primera Instancia número 9, Ignacio Segoviano Astaburuaga, finaliza este mes de octubre, por lo que la convocatoria para estas elecciones debe hacerse un mes antes de la votación, a comienzos de noviembre.

A este puesto podrán optar todos aquellos jueces que estén destinados en Valladolid capital (se excluyen los del partido judicial de Medina del Campo y Medina de Rioseco), entre los que se encuentran los 15 juzgados de Primera Instancia, 6 juzgados de Instrucción, uno del Registro Civil, cuatro de lo Penal, otros cuatro de lo Social, un juzgado de Menores, tres Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León.

Pendientes de que se abra el plazo para presentar las candidaturas, miembros de las asociaciones profesionales de jueces consultadas han valorado el trabajo realizado por el actual juez decano, Ignacio Segoviano, pese a estar afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial en España, pero en minoría en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. No obstante, algunos de los jueces recordaron las complicaciones que tendrá el nuevo mandato del decano hasta el 2014, como son la implantación de la nueva oficina judicial, desarrollada por ley, la posible llegada de las transferencias de justicia a la Junta y la unificación de sedes judiciales.

Este traspaso está en este momento paralizado por las diferencias de valoración del coste de la trasferencia, tanto de personal como de infraestructuras.

El actual decano, que se trasladará en los próximos días como titular del nuevo Juzgado de Primera Instancia 15 de Valladolid, que comenzó a funcionar el pasado 30 de septiembre, no descartó ayer a este diario la posibilidad de volver a optar al puesto para un nuevo mandato de otros cuatro años.

Segoviano agradeció el reconocimiento de algunos de sus compañeros, pero recordó que en caso de presentarse le gustaría que fuese para ejercer como «decano de consenso sin marcar ideleológicamente mi trabajo en el puesto».

En este sentido, desde el movimiento de jueces no adscritos a ninguna asociación profesional, con mayor implantación en Castilla y León, se indicó que «no existe por ahora» intención de presentar un candidato al puesto.

Aunque Jueces para la Democracia tendrá una reunión territorial de la comunidad autónoma en los próximos días, no hay signos de que presente tampoco un candidato a esta elección que pueda superar los apoyos de Segoviano.

Trayectoria profesional

El actual decano de los jueces se licenció en Valladolid en 1985, e ingresó en la carrera judicial en 1988. Su primer destino fue el juzgado de Distrito en Vilafranca del Penedés (Barcelona). Con posterioridad fue trasladado a la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, y en 1991 ascendió a la categoría de magistrado ocupando la plaza del Juzgado de Instrucción número 4 de Baracaldo (Vizcaya) donde estuvo entre 1991 a 1993.

Un año más tarde pasó a ocupar la vacante del Juzgado de Vitoria, desde donde en 1996 se trasladó hasta el Juzgado de lo Social número 2 de Palencia. Desde el año 1999 hasta la fecha es titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid.

Ignacio Segoviano es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, cuya representación desempeña como delegado de Valladolid. Durante el actual mandato, ha compatibilizado sus funciones en el decanato con las propias de su juzgado.

La ley establece la posibilidad de que los jueces decanos queden liberados del 40% de los pleitos que se registran en su juzgado, para poder atender así a las funciones de representación y reparto.