La dieta celiaca salva la salud pero castiga el bolsillo

Seguir una dieta sin gluten no es una moda ni una elección, sino el único tratamiento eficaz para las personas con enfermedad celiaca. Sin embargo, cumplir con esta obligación médica tiene un alto precio. En 2025, las personas celiacas gastan casi 1.000 euros más al año que el resto de la población en productos específicos. Mientras los alimentos aptos para las personas que sufren esta dolencia se encarecen cada vez más, el Congreso de los Diputados ha iniciado la tramitación de una ley que contempla deducciones fiscales y ayudas de hasta 600 euros anuales para compensar este sobrecoste.

Según el último Informe de Precios 2025 elaborado por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), el coste anual de los productos sin gluten asciende a 1.654 euros por persona, frente a los 656 que gastaría alguien sin esta restricción alimentaria. Todo ello sin contar que este problema alimentación suele estar ligado a otro tipo de intolerancias. Un alto porcentaje de ellos tampoco puede consumir productos que contengan lactosa, lo que encarece aún más la cesta de la compra. La diferencia —unos 997 euros al año— refleja una brecha que apenas se ha reducido respecto a ejercicios anteriores, pese a la ligera bajada de precios registrada en algunos productos de panadería como consecuencia de la rebaja del IVA al 4% en estos productos. Panes, magdalenas y pan rallado encabezan la lista de alimentos con mayores sobrecostes, y representan, paradójicamente, los básicos más necesarios para quienes deben evitar el gluten por prescripción médica.

El impacto económico de la dieta sin gluten va más allá de la simple diferencia de precios. Para una familia con uno o varios miembros celiacos, el sobrecoste puede superar fácilmente los 2.000 euros anuales, un gasto que se suma a la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación y el encarecimiento general de la cesta de la compra. Aunque en 2025 algunos productos sin gluten han reducido ligeramente su precio —un 2,9 % respecto al año anterior—, el incremento simultáneo del coste de los alimentos convencionales ha mantenido la brecha prácticamente intacta. En la práctica, vivir sin gluten continúa siendo un lujo obligado que sitúa al colectivo celiaco en desventaja frente al resto de consumidores.

En los últimos cinco años, el coste de la dieta sin gluten en España ha experimentado altibajos, pero el balance general sigue siendo desfavorable. Según los informes de FACE, en 2021 una persona celiaca gastaba alrededor de 1.280 euros anuales en productos específicos, frente a los 345 euros de quienes podían consumir gluten, lo que implicaba un sobrecoste de 934 euros. En 2022, esa diferencia se redujo ligeramente hasta cerca de 845 euros, debido a cierta moderación en los precios y al auge de las marcas blancas. Sin embargo, la tendencia volvió a invertirse en 2023, cuando la cesta sin gluten aumentó un 12 % respecto al año anterior, situándose en torno a 1.536 euros anuales. En 2024, el gasto medio ascendió a 1.704 euros, con una diferencia de más de 1.080 euros frente a los productos con gluten, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Ya en 2025, aunque se ha producido un leve descenso, del 2,9 %, en el precio medio de los productos sin gluten —equivalente a unos 50 euros menos al año—, el sobrecoste sigue siendo notable: casi 1.000 euros adicionales por persona.

En paralelo, el número de diagnósticos de celiaquía ha crecido de forma constante. Entre 2011 y 2023 aumentó un 430 %, lo que refleja que existe una mejor detección y sensibilización social. Es decir, cada año más españoles necesitan una dieta sin gluten, pero el acceso a ella sigue condicionado por su coste económico.

Entre los productos con mayor diferencia de precio entre sus versiones con y sin gluten destacan algunos básicos de la dieta diaria como el pan de barra, las magdalenas o el pan rallado. En 2025, el pan sin gluten cuesta de media 1,27 €/100 g, frente a los 0,25 €/100 g del pan convencional, lo que supone pagar más de cinco veces su precio. Las magdalenas, por su parte, presentan una disparidad similar. De 1,61 €/100 g sin gluten frente a 0,34 €/100 g con gluten. El pan rallado multiplica por cuatro su coste, de manera que pasa de 0,16 €/100 g a 0,67 €/100 g.

La brecha también se mantiene en otras categorías. Los cereales sin gluten cuestan un 32 % más, las pizzas un 48 % más, y las galletas pueden llegar a duplicar o, incluso, triplicar el precio de sus equivalentes. En la bollería y repostería, las diferencias alcanzan los niveles más altos. Las tartas sin gluten cuestan en torno a 2,45 €/100 g, mientras que las convencionales apenas llegan a 1,20 €/100 g. Aunque la brecha ha disminuido ligeramente respecto a 2024 —año en que los productos de temporada como mantecados o roscones superaban el 80 % de sobrecoste—, el encarecimiento persiste. Este diferencial no solo encarece la cesta de la compra, sino que también condiciona la alimentación del colectivo celiaco, que a menudo se ve obligado a reducir el consumo de algunos productos para poder mantener una dieta asequible.

Las demandas del colectivo celiaco han llegado ya al ámbito político. El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la tramitación de una proposición de ley presentada por el Partido Popular, y apoyada por el resto de grupos parlamentarios, para poner en marcha ayudas económicas y fiscales destinadas a las personas con esta enfermedad. La iniciativa propone una deducción de hasta 600 euros anuales en el IRPF para quienes acrediten el diagnóstico, además de la creación de un registro estatal de personas celiacas que permita coordinar políticas públicas. La medida busca, así, compensar el sobrecoste que supone mantener una dieta sin gluten, considerado un tratamiento médico indispensable y, hasta ahora, completamente autofinanciado por los pacientes.

Esta propuesta llega después de años de reclamaciones por parte de asociaciones como FACE, que llevan décadas denunciando la falta de ayudas, a diferencia de otros países europeos donde los productos sin gluten cuentan con subvenciones directas o reembolsos parciales. Aunque la iniciativa legislativa ha sido recibida con optimismo, el sector mantiene una postura cautelosa ya que la deducción prevista cubriría solo una fracción del gasto real. Además, el texto aún debe lograr el visto bueno en comisión para, posteriormente, llegar al Senado y que, así, llegase su entrada en vigor. Mientras tanto, las familias continúan asumiendo en solitario el sobrecoste de un tratamiento que aunque no sea una elección, ya que no seguir una dieta sin gluten siendo celiaco conlleva problemas de salud tanto a corto como a largo plazo, es un pequeño lujo.

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