La multa a la que se arriesgan los conductores que graban las infracciones de otros

Las redes sociales se han convertido en una plataforma ideal para denunciar imprudencias al volante. Muchas veces los propios infractores cuelgan vídeos de sus temeridades, algo que suele ser clave para ser cazados si las imágenes aportan información suficiente. Otras son los testigos, otros conductores, quienes se deciden a grabar las infracciones y colgar el contenido en redes sociales o aplicaciones como SocialDrive. Los agentes pueden llegar a utilizar estas pruebas para sancionar al infractor... pero también al conductor que le grabó.

Hay que recordar que está prohibido manipular el teléfono móvil mientras se conduce, acción que la nueva Ley de Tráfico castiga con 200 euros y seis puntos de carné. Por ello, si en las imágenes se aprecia que quien graba la imprudencia está al volante, se arriesga a que su denuncia se vuelva contra él.

Para evitar la multa, lo mejor es que sea un acompañante quien realice la grabación correspondiente, nunca el conductor. Esa grabación se la podemos entregar directamente a la Guardia Civil de Tráfico. Otra opción es llamar al 112 para avisar cuanto antes de la temeridad que estamos viendo. De nuevo, para evitar una multa, debe llamar un acompañante, o si lo hace el conductor tendría que parar antes el vehículo. Las fotos, vídeos y toda la información que podamos aportar sobre el modelo de coche, matrícula, punto kilométrico... ayudará a los agentes. También se evitaría la multa si el conductor cuenta con una cámara en el salpicadero con control por voz que podamos encender sin tener que manipularla, o que se haya encendido antes de iniciar la marcha.

En España no existe ninguna recompensa económica por denunciar infracciones al volante, pero sí en otros países. Por ejemplo, en Nueva York se paga a quienes 'cazan' a conductores que llevan más de tres minutos con el motor encendido con el objetivo de reducir la contaminación. Por otra parte, en Francia se ha aprobado la instalación de radares en coches particulares para detectar los excesos de velocidad. Las personas que han sido seleccionadas para llevar estos radares en sus vehículos perciben 1.500 euros mensuales.

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