Más de 25.000 españoles han muerto este año a la espera de ayudas a la dependencia

Más de 25.000 españoles han muerto en los primeros nueve meses de este año mientras esperaban a que las autoridades autonómicas respondiesen a su solicitud de recibir las prestaciones que prevé la ley de dependencia, las ayudas que necesitaban para poder ingresar en una residencia, acceder a un centro de día o recibir el apoyo y los cuidados que les permitiesen seguir viviendo en su casa.

La mitad de estos fallecidos aún no sabían si tenían o no derecho a las prestaciones solicitadas, pero la otra mitad ya tenían reconocido desde hacía meses el derecho por parte de la administración, pero debido a las dilaciones nunca llegaron a disfrutar de las ayudas. Son 93 fallecidos a la espera de estos apoyos cada día de 2025 o uno cada 15 minutos, según el último chequeo del funcionamiento del sistema de la dependencia en España realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Estos 25.000 decesos son la expresión más dramática del gran retraso y atasco que padece el sistema español de la dependencia, originado por los enormes recortes de fondos que acordó el Gobierno de Mariano Rajoy en la década pasada, pero aún sin resolver debido, fundamentalmente, a la insuficiencia de las inversiones públicas actuales, al crecimiento constante de las solicitudes (por el envejecimiento acelerado de la población) y al exceso de burocracia para completar el proceso en muchas autonomías.

La plasmación más gráfica del atasco es la lista de espera. Según la asociación de gestores de centros de servicios sociales, algo más de 280.000 españoles esperan a que las comunidades les comuniquen si tienen derecho o no a beneficios de la ley de dependencia o, lo que es peor, a que se materialicen unas ayudas que ya tienen concedidas. Más o menos la mitad de la lista está en una situación o la otra y habría 13.695 personas más en el limbo de la dependencia desde que comenzó 2025.

El Ministerio de Derechos Sociales, sin embargo, reduce la lista de espera actual a 174.406 personas, con un recorte del 10% en el último año. La razón de la disparidad de cifras es que el ministerio solo cuenta a quienes llevan más de seis meses en espera (que es el plazo máximo que autoriza la ley) y los gerentes incluyen a todo el que tras presentar solicitud no le han resuelto el expediente. En cualquier caso, incluso con la cifras más favorables de Derechos Sociales, al ritmo actual de reducción de la lista harán falta no menos de diez años para que nadie tenga que esperar más de seis meses.

En lo que no hay debate alguno es en que las autonomías cada vez tardan más tiempo en resolver y ejecutar las peticiones de ayudas a la dependencia de los ciudadanos. El plazo medio para que el solicitante disfrute de la prestación pública a que tiene derecho era de 349 días en septiembre pasado. Es una espera 15 días superior a la de hace solo un año. El lapso en que el solicitante está en el limbo de la dependencia vuelve a aproximarse a un año (once meses y quince días) y es casi el doble del máximo de tardanza que admite la ley (seis meses). Se tarda más de ocho meses en decirle al ciudadano si tiene derecho a la dependencia y en qué grado y unos tres meses en que comience a recibir la ayuda.

Este enorme incumplimiento de los plazos de resolución que marca la ley es generalizado, pero no es igual de grave en todo el territorio. Trece de las diecisiete autonomías superan el plazo de resolución legal de seis meses, pero el mayor escándalo se concentra en tres de ellas. Murcia y Andalucía, con tiempos de espera de un año y medio, y Canarias, con casi un año y cuatro meses. De hecho, solo cuatro comunidades cumplen con la ley. Castilla y León y el País Vasco, que resuelven el trámite en unos cuatro meses, y Castilla-La Mancha y Aragón, que rondan lo cinco. Las dilaciones, a lo largo de 2025, lejos de arreglarse se han disparado en dos autonomías. Madrid tarda en resolver los expedientes 40 días más que el año pasado y Murcia, 43 días más.

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