Sotosalbos envía al fiscal los documentos sobre el empadronamiento de Maroto

Jimeno, que comenta pesaroso que «parece que el único problema de este país es el empadronamiento de Javier Maroto», se ampara en la ley de protección de datos para no pronunciarse públicamente sobre la polémica por el nombramiento. Ha venido defendiendo la legalidad del trámite y asegurando que facilitará la documentación si así se le exige, como ha hecho ahora a requerimiento de la Fiscalía, que investiga la denuncia presentada por SOS Racismo Álava en contra del empadronamiento de Maroto en el municipio segoviano por entender que incurre en un supuesto delito de falsedad documental por «incumplimiento de la normativa vigente».

También se la entregará en los próximos días al Partido Socialista, que presentó un escrito en el Ayuntamiento para solicitar que dieran de baja el empadronamiento de Maroto después de haber esperado los ocho días de plazo que establece la ley para que el propio Consistorio actuara de oficio y anulara el registro. Han pedido los socialistas la documentación que el dirigente del PP entregó para empadronarse. Fundamentalmente, exigen que se aclaren tres cuestiones. Por un lado, qué día y en qué momento se dirigió Javier Maroto al Ayuntamiento de Sotosalbos para empadronarse.

En segundo lugar, pretenden aclarar, si no fue el político vasco quien lo hizo presencialmente, qué cargo del Partido Popular llevó la documentación para que así se hiciera. Y por último, qué propiedad tiene el senador autonómico en Sotosalbos y en qué régimen se encuentra, si de arrendado o como titular de un inmueble. Feliciano Isabel Jimeno explicó ayer que la información solicitada por el Ministerio Público es similar a la que reclama el Partido Socialista.

En medio de la polémica, Maroto sostiene que ha cumplido todos los requisitos legales y afirma que ha alquilado una casa en el municipio segoviano, a la que en estos momentos traslada enseres y mobiliario. La vivienda está situada muy cerca del Ayuntamiento y ocupa la parte baja de una casa de piedra con dos alturas más que guarda la estética arquitectónica del entorno. Lo que no ha precisado es si ese arrendamiento lo realizó antes o después de su empadronamiento.

El exalcalde de Vitoria –al que hasta la polémica no se le conocía ninguna vinculación con un municipio escogido por otros políticos como Esperanza Aguirre o Albert Rivera para desconectar– se defendió de las acusaciones de sus adversarios políticos asegurando que se le vería «mucho» por el pequeño municipio segoviano. Y si al principio del verano los vecinos afirmaban no conocer en persona al político del PP, durante los últimos días sí que se dejado ver con cierta frecuencia por las calles de Sotosalbos. La semana pasada comió, acompañado de su pareja, en uno de los restaurantes de la localidad, donde coincidió con el alcalde, y también estuvo en el bar del pueblo conversando con unos vecinos.

Tras el parón de agosto, la Fiscalía de Segovia decidirá si incoa diligencias o desestima la petición de investigación de SOS Racismo, que considera que la inscripción del senador autonómico popular en el padrón municipal de Sotosalbos «no respeta las instrucciones de la resolución de la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Competencias». En concreto, SOS Racismo se refiere a que Maroto no acredita tener una residencia real en el pueblo segoviano, tal y como estipula esa norma. El colectivo ha esgrimido estos mismos argumentos para solicitar al Ayuntamiento de Sotosalbos que dé de baja de oficio al senador autonómico.