«Ni hay proyecto ni estudio de la variante de San Rafael, es la nada absoluta»

Por su profesión –profesora de la Universidad de Valladolid– y por su manera de desarrollar las respuestas, Lirio Martín aporta una cierta pedagogía a las contestaciones. Pide comprensión y paciencia, porque apenas lleva un mes como subdelegada del Gobierno en Segovia. La posibilidad de errar para luego aprender y mejorar encaja en la filosofía de vida y trabajo de esta segoviana licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid, premio fin de carrera al mejor expediente académico, coronado por el sobresaliente cum laude que consiguió en su doctorado.

–¿Qué le parece la indemnización de 40 euros por daños morales que ofrece Abertis a los afectados por el colapso de la AP-6? ¿Cree que el Gobierno ha sido tibio con la concesionaria de la autopista?

–Está claro que el Gobierno debe ejercer un control sobre este tipo de empresas. Por otra parte, si me pongo en la piel de consumidora, el ofrecimiento es escaso. La plataforma de afectados tendrá que mediar para llegar a un acuerdo, porque derivar el asunto a la vía judicial por unas pequeñas cantidades económicas no interesa ni compensa. Luego, hay que considerar la oferta de la empresa como el primer paso dentro de una negociación, por lo que creo que al final demostrará buena voluntad. Lo suyo sería llegar a un acuerdo.

–Cuando cita el control del Ejecutivo sobre estas empresas, ¿es que no lo hubo en el caos por la nevada?

–Fue una situación excepcional, una nevada que desbordó las previsiones y es la que causó el colapso; no creo que fuera por falta de voluntad de la concesionaria o por una mala gestión. Son enseñanzas que sacamos a posteriori. Se han de revisar los protocolos de intervención de la concesionaria en casos de fuerza de mayor y replantear si las actuaciones han sido suficientes, siempre contando con el complemento de Fomento, del uso de medios, personal y, por supuesto, de la Unidad Militar de Emergencias.

–Hace unos días, criticaba la caducidad de la declaración de impacto ambiental del proyecto para solucionar el tráfico de la travesía de San Rafael. El PP la desdijo y aseguró que la caducidad es en diciembre de 2019. ¿A quién hay que hacer caso?

–De acuerdo con la normativa aplicable, la declaración caducó el 28 de febrero. Se ha pedido a los servicios jurídicos que estudien si hay una disposición transitoria para que se nos aclare si ha caducado o no. Y en el caso de que no haya caducado, hay que ver el margen de tiempo que hay, que sería hasta el próximo 28 de febrero; y de momento ni hay proyecto, ni un estudio informativo que se puedan ejecutar. Se necesitaría más tiempo si la declaración está agotada o habría que solicitar una prórroga... todo eso habrá que dilucidarlo.

–¿Está entonces la variante en una nebulosa de indefinición?

–Es que en los procesos administrativos tiene que haber un estudio, y no lo hay; no hay un proyecto, es la nada más absoluta.

–Por lo que dice, no se pueden plantear ni plazos.

–No. Ya digo que hay que estudiar la situación a partir de lo que digan los servicios jurídicos y empezar a plantear algunas vías, como la de la colaboración de la Junta de Castilla y León, como ya se plasmó en un acuerdo en las Cortes regionales. Podría ser una vía sobre la que trabajar y agilizar los procesos. Los tiempos son importantes. Hablar en términos presupuestarios es vender humo.

–¿Para cuándo las autopistas de Segovia estarán libres de peajes?

–Cuando sea posible, porque ahora está judicializado. Hay una resolución europea que fue un toque de atención a España como consecuencia de un contrato con deficiencias en la redacción. Se desarrollaron unas obras que no estaban contempladas. La Unión Europea dice que la concesión se ha de revisar en noviembre de 2019. Y eso es lo que se hará, revisar los parámetros objetivos para luego ver hasta cuándo se puede prorrogar. Por lo tanto, a partir de noviembre de 2019 se valorará qué hacer a partir del informe que se haga.

–Continuando con plazos, ¿para cuándo el final del desdoblamiento de la SG-20?

–El objetivo que existe es el verano de 2019; pero ya sabemos que hay imponderables, como hemos visto el pasado invierno. El tramo desde la AP-61 hacia Ávila está encontrando menos problemas y va más rápido. En cuanto al otro, en dirección a Valladolid, es más complejo técnicamente; pero este verano se han impulsado las obras con voladuras prácticamente cada semana.

–¿Se incorporarán los viales a la estación del Ave?

–Esta propuesta ya se ha hablado con la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Es una demanda social y empresarial. Trataremos de impulsarlo; pero hay unos presupuestos que no contemplan la infraestructura.

–¿Y para los de 2019?

–Esperemos que haya voluntad política para ello.

–Respecto al abastecimiento de agua en Segovia, ¿qué opción le parece mejor, Ciguiñuela, como ha defendido la Confederación Hidrográfica del Duero, o la recrecida de Puente Alta, que es la apuesta del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de la capital?

–Las dos están encima de la mesa y se adoptará la que más beneficie a los ciudadanos y teniendo en cuenta las necesidades de agua. Creo que no es incompatible que nos solidaricemos con los vecinos de Valladolid para la producción de regadío y tener asegurado el agua de boca. No son excluyentes los dos intereses.

–Lo que apunta está en sintonía con la idea de la presa del Ciguiñuela.

–Insisto en que se pueden compatibilizar ambos intereses, con prioridad al consumo de la población.

–La despoblación es posiblemente el problema más grave que sufre la provincia. ¿Es partidaria de incentivar fiscalmente el asentamiento en el mundo rural, tal y como piden algunos alcaldes e incluso el presidente de la Diputación?

–Lógicamente se tienen que tomar medidas. Hay que recordar que es competencia de la Junta; pero es fundamental mantener la sanidad y la educación en los pueblos y dotar de eficacia a la ley de dependencia. A partir de ahí se puede pensar en la prestación de otros servicios, como en materia de transporte, la extensión de la banda ancha o esos beneficios fiscales . Pero insisto, si nos llevamos las escuelas y los centros de salud, la base no será nada sólida. No se pueden desmantelar los servicios básicos si queremos asentar industria, tenemos que mantenerlos hasta donde sea posible para dotar de eficacia a otras prestaciones, como puede ser la dotación de suelo para las empresas a coste cero o casi cero.

–Asume la representación del Ejecutivo central en la provincia con una vieja aspiración resucitada: la rehabilitación del teatro Cervantes de la capital. ¿Ya se han puesto manos a al obra con los trámites?

–Se han introducido unos pequeños cambios técnicos en el proyecto para adecuarlo. Este año hay un millón de euros para invertir y dotarlo de efectividad. La voluntad del Gobierno es sacarlo adelante. Si hay un millón de euros, hay que darle continuidad.

–Otra infraestructura pendiente en Segovia es el Palacio de Justicia.

–Sí, es necesario acabar con la dispersión de los órganos judiciales, porque la dispersión en cualquier administración dificulta el trabajo. Al unificar el espacio, se facilitan las relaciones profesionales y las personales.

–Usted, además, conoce la administración pública y lo mal que lo ha pasado los últimos años.

–En la función pública han sido años en los que no ha habido convocatorias de empleo público; por eso hay que valorar la apuesta del Gobierno de plantear una oferta pública de empleo de 30.000 puestos de trabajo; pero aunque ayude, queda mucho por hacer. Y es que no solo está la carencia de empleo público, también está el envejecimiento del funcionariado y las bajas laborales cada vez más largas por estas circunstancias. Por el momento, se está tratando de dignificar el salario público, tanto de los pensionistas como de los trabajadores de la administración.

–¿Qué infraestructura considera más prioritaria: el Círculo de las Artes y la Tecnología o el Palacio de Congresos y Exposiciones?

– Veo más factible y realista el CAT, más que nada porque hay una dotación presupuestaria conocida por parte del Ayuntamiento de Segovia, que además está haciendo todas las gestiones para acabar la obra. Es una iniciativa que tiene viabilidad y que se puede desarrollar. Pienso que hay más concreción en torno a este proyecto, aunque no tengo referencias directas del del Palacio de Congresos.