IU quiere que la Diputación recorte un 90% en publicidad y protocolo

Izquierda Unida ha presentado 59 enmiendas al presupuesto de la Diputación de Segovia con el objetivo de sustituir lo que considera «gasto superfluo» por inversiones en vivienda, servicios y políticas de apoyo a municipios y jóvenes. La diputada del grupo, Ana Peñalosa, critica que los números elaborados por el equipo de gobierno del Partido Popular responden a un «copia-pega» de años anteriores y que la falta de ideas ya causa «estragos en la provincia».

Entre las críticas de IU destacan dos nuevas tasas: la tasa de recaudación de tributos -con un beneficio estimado de 148.324 euros obtenido de los ayuntamientos- y la tasa de incendios, que pretende recaudar más de medio millón de euros. Para el grupo, estos fondos deberían proceder de ingresos propios o de partidas reestructuradas, no de medidas impositivas sobre municipios. Por eso proponen eliminar ambas tasas.

En paralelo, IU plantea destinar fondos a medidas sociales concretas como la compra pública de vivienda para alquiler social, la creación de una oficina de intermediación, duplicar el presupuesto del plan de adquisición de viviendas para jóvenes o ayudas al transporte universitario, el fomento de espacios de ocio juvenil, coworking, y planes de relevo generacional en negocios rurales.

También demandan reforzar los servicios públicos, con más ayudas a familias, reparación de colegios, apoyo a asociaciones locales -como la de amigos saharauis-, inversiones sociales para colectivos vulnerables, un plan provincial de adicciones y mayor dotación a igualdad y servicios sociales.

Para garantizar un reparto equitativo de recursos, IU propone incrementar en 500.000 euros el fondo destinado a inversiones municipales (PAIMP), crear ayudas para mejorar la accesibilidad, construir áreas de autocaravanas y asegurar que todas las localidades tengan acceso a obras e infraestructuras.

Para financiar estos cambios, la formación sugiere recortar en un 90% los gastos en publicidad, protocolo, publicaciones institucionales (793.100 euros) y reducir las transferencias a entidades religiosas y el gasto político, situado por IU en medio millón de euros.

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