El exjefe antidroga pide al Estado que le indemnice por 62 días «de prisión indebida» y daños morales

El final de la trama en la que se vio envuelto el que era jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga de Segovia (EDOA) en la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia todavía no está escrito. Ayer, la abogada del sargento Miguel Ángel Barbero –cuya puesta en libertad fue decretada el pasado 25 de julio por el juzgado valenciano de Sagunto– registró una queja formal por «la mala praxis» desarrollada durante las diligencias y que derivó en la detención de su cliente. La queja tiene tres destinatarios: el Ministerio de Interior con su titular al frente; el coronel de Asuntos Internos de la Guardia Civil y el director general del Instituto Armado.

La letrada del sargento segoviano añade que la queja también está justificada por las consideraciones que recoge el atestado de Asuntos Internos de la Guardia Civil referido a la investigación que se hizo sobre Barbero. En ella, «se deja entrever la posible comisión de un delito de revelación de secretos», señala.

La representación legal del exjefe antidroga, cuya reincorporación a la Comandancia es inminente, va más allá. La abogada también ha presentado una reclamación ante el Tribunal Supremo en la que solicita una indemnización para el sargento de la EDOA por daños morales y prisión indebida. La cuantía no está determinada; pero si hay fallo favorable a los intereses de Barbero hay que tener en cuenta que cada día de cárcel está indemnizado con entre 180 y 300 euros.

El exjefe del equipo antidroga estuvo 62 días en prisión provisional. Es el tiempo transcurrido desde su detención el 25 de mayo de 2017, cuando ingresó en el centro penitenciario de Valdemoro en cuyos calabozos pasó dos días, hasta el 25 de julio de ese mismo año, fecha en la que el sargento declaró de manera voluntaria tras el levantamiento del secreto procesal que trajo consigo la libertad con cargos. La instrucción judicial acabó con el sobreseimiento definitivo de todas las causas que pesaban sobre el guardia civil –tráfico de droga, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia–. Entre medias, el sargento pasó por múltiples traslados. Si el Supremo dictamina a favor del exjefe antidroga, la indemnización solo por la posible prisión indebida podría oscilar entre 11.160 y 18.600 euros.

Mientras tanto, el sargento está a punto de reincorporarse a su puesto de trabajo en la Comandancia Provincial, en cumplimiento de la orden publicada en verano. Miguel Ángel Barbero, con una amplia experiencia y numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera que avalan su profesionalidad y trabajo, fue repuesto por el Instituto Armado en la responsabilidad que venía ocupando de jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga.