Alcaldes de los municipios afectados alegan contra la mina de cuarzo proyectada

Los representantes de los pueblos afectados, que aseguran contar con el respaldo mayoritario de los vecinos, están convencidos de que la mina dañará la economía y el medio ambiente. «No vamos a tener ningún beneficio económico y sí muchos perjuicios en cuanto al agua, los caminos...», dijo el alcalde de Barbolla y diputado provincial, Basilio del Olmo, que acudió a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León con las alegaciones bajo el brazo, acompañado de los otros cinco alcaldes. Los regidores estuvieron arropados en la puerta por miembros de la plataforma contra la mina y de la Unión de Campesinos.

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Los vecinos de la zona afectada temen que se repita la experiencia que vivió Castillejo de Meslón hace unos años. «Extrajeron mucho quarzo, pero dejaron unas balsas y unas montoneras de tierra que allí siguen. El área afectada quedó completamente degradada. Fue un desastre», recordó Del Olmo.

Los alcaldes, respaldados por grupos ecologistas y las cámaras agrarias, llevan días celebrando reuniones a todos los niveles para conseguir que la Administración autonómica no otorgue las licencias. La última, con el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, Rodríguez Lucas, tuvo lugar el martes en Valladolid. «Se ha comprometido a mirar las alegaciones con lupa. Se mostró de acuerdo con lo que nosotros le expusimos y nos dijo que los técnicos analizarían las alegaciones detenidamente y con un trato razonable», afirmó el regidor de Barbolla.

En los pueblos se es consciente de que, si la ley lo permite, la Junta concederá los permisos, pero, llegado el caso, quieren tener las espaldas cubiertas y asegurarse de que la empresa obrará conforme a la legalidad. «Ahí vamos a estar nosotros, para impedir que se cometan barbaridades, exigiendo avales y lo que haga falta. No obstante, esperamos no tener que llegar a eso porque se les haya denegado», añadió.

De Olmo trasladó la inquietud de los agricultores porque la mina afecta a 1.600 hectáreas de la PAC, con las dificultades que eso entraña para la economía agraria de la zona. En este sentido, las alegaciones reflejan «aspectos como la flora, la fauna..., todo lo que nos podamos imaginar, empresas que quieren quedarse pero que, con movimientos como los previstos, se marcharían... Las carreteras y los caminos rurales también sufrirían un destrozo gravísimo», resumió Del Olmo. Tampoco creen los alcaldes que el proyecto genere puestos de trabajo. «Eventual, alguno; fijo, ninguno. Por ahí, no llevan razón».