«Tengo la seguridad moral de que alguien se sentará en el banquillo por las prejubilaciones de Caja Segovia»

No oculta que le hubiese gustado culminar su larga trayectoria profesional en una fiscalía de sala en Madrid, pero Antonio Silva Jaraquemada, segundo en el escalafón de antigüedad de la carrera fiscal en España, seguirá ocupando, «encantado» su pulcro despacho de la calle San Agustín, en el que siempre suena música de Radio Swiss Classic accede a través de su smartphone y luego la descarga en su ordenador. Horas después de esta entrevista, el Consejo Fiscal le renueva en su cargo por otros cinco años, pero Silva no agotará el mandato porque se jubila a finales de abril de 2017. Antes de esa fecha espera que estén resueltos los procedimientos judiciales en marcha por la gestión de la extinta Caja Segovia.

El ministerio ha manifestado el interés por el futuro Palacio de Justicia de Segovia, que evitará la actual dispersión de las sedes judiciales en la ciudad. La Fundación Caja Segovia les ha ofrecido en alquiler el Palacio de Mansilla y también se han barajado los edificios del antiguo Policlínico y del INSS se está construyendo una nueva sede. ¿Hacia dónde se inclinan sus preferencias?

El otro día tuvimos la visita de la secretaria de Estado de Justicia (Carmen Sánchez-Cortes) para tocar unos temas del ministerio, y de paso ese. Yo no estuve presente, pero se habló de los edificios que usted ha citado como posibles ubicaciones de los organismos judiciales. Yo soy partidario de aguantar como se pueda, un par de años o tres, hasta que se termine de verdad la obra, que se puede iniciar ya y que sería muy beneficiosa para Segovia. A mí esos traslados provisionales, con todo lo que eso conlleva, y sin que tengan un carácter de permanencia, me parecen un poco arriesgados. El Policlínico es un edificio fantástico, grande y bien situado en el centro de Segovia. ¿Pero sabe la cantidad de dinero que habría que gastar para adaptar ese inmueble, que es médico, con habitaciones, quirófanos, servicios, etcétera, a la actividad judicial? Sería una auténtica locura. Y el Palacio de Mansilla igual.

¿Cómo valora que a Castilla y León, la comunidad más extensa de España, solo le hayan concedido una más en el reparto de nuevas plazas de fiscales, que el Ministerio interpreta como un refuerzo en la lucha contra la corrupción?

Me parece que es un disparate. Yo llevo también tiempo pidiendo un fiscal para esta Fiscalía, y Segovia no es precisamente Miami Beach. Quiero decir con ello que siempre es necesario ampliar. Pero nos movemos en un mundo en el que son las grandes fiscalías las que solicitan y obtienen ampliación de plantilla, y las pequeñas, pues a morir un poco por Dios. Mientras, suplimos con voluntad y sacrificio personal por parte de todos los intervinientes la carencia de un compañero más. Me parece mal, yo comprendo que mi carrera, como todas, se mueve en virtud de las grandes fiscalías. Solo llama la atención la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Sevilla, los EREs, Madrid... La pequeña o mediana es una fiscalía desconocida, ignorada, sin gran consideración.

Las tímidas reformas de urgencia que el Ministerio de Justicia contempla en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aprobar en lo que queda de legislatura dejan fuera la aspiración de que los fiscales lideren la investigación criminal, una reivindicación que sí fue escuchada por Alberto Ruiz-Gallardón y cuya eliminación del programa supuestamente fue uno de los motivos por los que dimitió Eduardo Torres-Dulce. ¿Cree que la nueva fiscal general del Estado, la segoviana Consuelo Madrigal, retomara esa bandera o definitivamente se entierra esa aspiración?

En primer lugar, no sé cuál es su posición personal y su criterio en relación a este tema, pero no creo que tenga tiempo material, al igual que no lo va a tener el Ministerio de Justicia. Tenga en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina. En segundo lugar, el tema de adjudicar al ministerio público la investigación en los procedimientos penales es muy manido, muy antiguo. Es un problema de configuración jurídica o procesal completa. Es decir, señores, pensemos que tenemos a los jueces de instrucción que llevan así desde el siglo XIX hasta ahora, y ahora vamos a quitarles a ellos, jueces de instrucción, para pasar a fiscales instructores, con lo que eso conlleva de todo orden, dinero, ubicaciones, materialidades, personal, secretarios... En una palabra, competencias. Eso es una reforma muy grande, se podría hacer, no entro a valorar si se debería hacer o no, por consenso de los grandes partidos. Lo que no es factible es hacer una reforma de este calado para luego modificara al poco tiempo.

¿La conversión de faltas en delitos va a aligerar la carga de trabajo de los fiscales o no es para tanto?

Sin duda, el mundo de la falta es pequeño, ínfimo, diminuto, pero afecta mucho al ciudadano, molesta mucho a la gente y nos molesta a todos los intervinientes. Perjudica al personal del Juzgado, al secretario, abogados, procuradores, y a nosotros, mucho. Tenga en cuenta que, si no la mitad, una tercera parte de los señalamientos mensuales que tenemos son derivados de faltas. Ya lo decía Eduardo Torres-Dulce, y yo creo que se ha quedado con ganas de modificarlo, que pensaba que debía desaparecer al menos la intervención del ministerio público.

¿Cree que el hecho de que ningún representante del ministerio fiscal esté en el nuevo Consejo General del Poder Judicial, por primer vez en su historia, está incidiendo en la brecha entre los vocales?

No creo, yo parto en la premisa de que el que llegue a consejero del Poder Judicial es un hombre cuajado, con convicciones en su mundo, pero también en el mundo jurídico. Y su posición no puede verse modificada o limitada por si es juez, es fiscal o es abogado del Estado. Cuando llega uno a un cierto nivel y a una cierta situación hay que tener una mirada un poco más genérica de la Justicia. Y yo creo que los que están ahora más o menos la tienen.

Afirma que antes de jubilarse le gustaría que hubiera resolución sobre la gestión de Caja Segovia. UPyD viene siendo muy crítico con su actuación. La sensación que tiene la formación magenta es que el juzgado y la Fiscalía quieren dar carpetazo a esta causa.

No entro en valoraciones políticas, sino desde el punto de vista de su reflejo judicial. UPyD funciona siempre de la misma manera. Ellos lanzan una denuncia más o menos fundamentada y más o menos nueva, en el sentido de que cuando ellos presentaron esta denuncia nosotros ya estábamos actuando en relación a Caja Segovia, y luego van lanzando críticas, con peor o mejor carácter, contra todos los que se ponen por delante. Contra los otros partidos políticos, lo estamos viendo en su actuación ordinaria, contra los juzgados, contra los abogados, contra nosotros... Mire, nosotros funcionamos no por críticas ni por relaciones políticas. Si yo me fuera a presentar para alcalde, concejal, Procurador del Común o cualquier cargo político, a lo mejor sí, pero yo no estoy para eso. Mi actuación es la que creo que debe ser. No depende de nosotros. Estamos siempre en el mismo problema. El ministerio público pide, solicita actuaciones, diligencias, pruebas, y es el órgano judicial el que lo aprueba, lo encarga y requiere esas diligencias para que se practiquen. Si se tarda más de lo debido y de lo que quisiéramos, no es culpa nuestra y por mucho que un partido nos lo diga, no tenemos nada que ver con el tema. Lo de Caja Segovia va a su paso, a su trantán, que dirían los clásicos. Es decir, la Justicia a veces va más como un tren de mercancías que como un Ave, pero llega, suele llegar a las estaciones.

Precisamente, la Fiscalía ha solicitado al magistrado del número 2, que instruye la causa por las retribuciones millonarias, que traslade a la Audiencia un recurso con el propósito de no demorar por más tiempo la instrucción de ls actuaciones. ¿Cree que el juez va demasiado lento?

No lo sé. Tenga en cuenta que los jueces de instrucción de Segovia, como les pasa al 90% de los de España, son plurifuncionales, sirven para un roto y para un descosido, y queremos a veces que nuestro tema sea el tema del juzgado, pero el juzgado está a mil cosas. Es un asunto muy complicado, donde intervienen, sobre todo, organismos centrales del Estado, y es consecuencia lógica los parones. También se lo hemos pedido (celeridad) al Banco de España, que funciona muy bien, tiene unos letrados magníficos y unos inspectores excelentes, pero tiene un número determinado, no puede inventarse tiempo. Y son informes complicados y difíciles, si alguien le pide otro informe, nosotros nos pondremos a la cola. Y eso es lo que ocurre, no otra cosa.

Dada la envergadura del caso, ¿no hubiera sido necesario un refuerzo?

Un refuerzo a lo mejor, pero no una especialización. Siempre pasa, todos queremos que se nos resuelva rápido, nuestro expediente de dominio, el divorcio, si el niño se queda con la madre o con el padre... Pero a la vez ese juez tiene un montón de cosas más.

Tarjetas opacas

UPyD les ha solicitado una investigue sobre posibles casos de las tarjetas llamadas black en Caja Segovia. ¿La han abierto?

No existe tal denuncia. Lo habrá pedido al juzgado, a nosotros no nos lo ha pedido. Es un tema ajeno a la Fiscalía. Nosotros estamos investigando lo que investigamos, la actuación en Caja Segovia derivada, por un lado, del Torreón y, por otro, de la actuación transitoria de los órganos de Caja Segovia y de los apoderamientos, vamos a decirlo así, o beneficios económicos obtenidos de los miembros del consejo de administración.

Entonces, ¿no se plantean abrirla?

Por ahora no. Por supuesto, lo haremos si entra dentro de la normalidad investigada, pero no como una cosa especial.

Usted pidió la imputación de Andrés Herzog, abogado de la acusación popular, por un presunto delito de calumnias al asegurar que por parte del ministerio público se estaba «obstaculizando» la investigación sobre las retribuciones millonarias de Caja Segovia.

Yo, al señor letrado no tengo el gusto de conocerle. Lo que yo solicité era, más que nada y exclusivamente, por defensa de la propia institución. A mí me puede llamar lo que quiera, dentro, por supuesto, de una cierta normalidad, pero si pedí aquello fue en base a la defensa de la institución del ministerio público, no vaya a pensar la gente que nosotros estamos vendidos al oro de Moscú. No es así. Aquello llegó al juzgado, el letrado fue requerido para prestar declaración, se arrepintió, pidió disculpas y yo las aceptó encantado.

En su día usted afirmó que la declaración como imputados de los miembros del consejo de administración de la extinta Caja Segovia, entre ellos el exalcalde, Pedro Arahuetes, era «obligada» e «imprescindible» para aclarar por qué se aprobaron prejubilaciones e indemnizaciones en favor de los directivos de la entidad por un valor superior a 34 millones de euros. ¿Las declaraciones han sido esclarecedoras?

Se ha recibido declaración a todo el mundo y se está valorando.

A estas alturas de la investigación, ¿se puede anticipar ya si vamos a ver sentados en el banquillo a algunos de los implicados en la causa abierta?

Creo que sí. Tengo la seguridad moral, otra cosa es la jurídica, de que será así en el caso de las prejubilaciones. Hay otros aspectos de Caja Segovia, como pueda ser el tema del Torreón, que a lo mejor son más dudosos. No quiero decir con eso que yo esté anticipando nada, pero desde un punto de vista de estricta valoración, incluso moral, más que jurídica, yo veo que tienen más entidad unos temas que otros.

El reguero de cargos políticos imputados por presuntos casos de corrupción ha abierto el debate sobre si deben o no estar en las listas. ¿Qué opina?

Es un tema mal enfocado. Por ejemplo, a mí esta última postura que ha adoptado el Partido Socialista de esperar hasta que se les abra o no juicio oral me parece muy razonable. Yo puedo denunciarte a ti y con que el juez aprecie unos pequeñitos indicios, te va a llamar a declarar como imputado, pero eso no quiere decir que renuncies a tu fuero ni a nada. Hay un tanto por ciento importante de personas a las que se recibe declaración como imputadas que no son acusadas luego. Recibir a una persona declaración como imputado implica unas garantías para él.

Recortes

Hace unos meses fue muy crítico con el tijeretazo del Ministerio de Justicia a los medios habituales de locomoción, en este caso el taxi, que los fiscales utilizaban para acudir a las distintas sedes judiciales. ¿Sigue pensando que esos recortes denigran la figura del ministerio público?

Sigo afirmando lo que dije. Me parece lamentable que algunos organismos a nivel autonómico, municipal o del Estado tengan decenas de vehículos con chóferes, y la Administración de Justicia funcione prácticamente en burro, eso no es de recibo.

¿Está ya elaborada la memoria fiscal correspondiente a 2014? ¿Qué diagnóstico hace de la provincia judicialmente hablando?

No puedo dar datos exactos, porque se la acabo de enviar al fiscal general del Estado. Pero la impresión general es que hay una disminución de los procedimientos penales por un descenso del número de delitos. Y esta bajada se refleja también en ámbitos como la violencia doméstica, en el que han disminuido bastante las órdenes de protección. También ha habido muchos menos positivos en los controles de alcoholemia, tanto los realizados por la Guardia Civil como por la Policía local. Por el contrario, se mantiene el número de procedimientos civiles, la gente sigue pleiteando como en el siglo XIX, por una pared, por la tala de un árbol... Se puede decir que el estado jurídico-social de la provi