El juez tomará declaración a 32 cargos y afiliados del PP de Salamanca por las primarias de Mañueco

El auto supone un paso más en la investigación judicial que tiene su inicio en la denuncia de un afiliado ya fallecido, que dejó grabado un vídeo en el que relata pormenorizadamente que le llamaron de la Diputación de Salamanca pidiendo su voto para Fernández Mañueco y que le pagaban los atrasos de las cuotas para que pudiera hacerlo. Estar al día de las cuotas de afiliación era requisito imprescindible para poder votar.

Las 32 personas a las que se refiere el auto de la Audiencia Provincial habían presentado declaraciones juradas sobre los pagos efectuados al PP salmantino, acumulados en dos días de marzo de 2017 para poner al día las cuotas de afiliados morosos y que estos pudieran incorporarse con urgencia al censo de votantes de las primarias que enfrentaron a Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván.

Los magistrados consideran «pertinente» que presten testimonio en persona. En ese listado, según fuentes judiciales, hay parlamentarios autonómicos y nacionales, como el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, el senador Gonzalo Robles; procuradores autonómicos como Salvador Cruz, y altos cargos de la Junta como Xabier Domínguez, director general de Análisis y Planificación de la Consejería de la Presidencia.

Los magistrados de la Audiencia, además de ordenar que se tome testimonio a estos cargos, dirigentes y afiliados del PP, mandan al instructor de la investigación que requiera un exhaustivo listado de documentación bancaria y contable para comprobar que esas aportaciones se hicieron de forma legal, puesto que la normativa prohíbe a los partidos políticos aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas, finalistas o revocables y regula de forma estricta el modo en que deben pagarse las cuotas de los afiliados. Las aportaciones que se investigan se habrían hecho, presuntamente, en mano y sin registro bancario. Estas pruebas las requería la acusación popular y el instructor no las había admitido, de ahí el recurso ante la Audiencia, tercero que ha promovido la acción popular de Foto de Izquierdas Los Verdes.

El escrito plantea que el PP debe facilitar los datos de las cuentas bancarias abiertas para el ingresos de cuotas de los afiliados, para las donaciones y otras aportaciones. También la contabilidad del partido de 2017, la auditoría interna que se envío a Génova y al Tribunal de Cuentas, el certificado con la relación de morosos a fecha de diciembre de 2016 y la deuda que tenían todos ellos, además de los ingresos por cuotas hasta el 17 de marzo de 2017, entre otros documentos. Una parte de esa documentación fue aportada por el PP a finales de enero, el día 26, dos semanas antes de que la Audiencia comunicara su decisión a los implicados en el procedimiento judicial. Los datos de los militantes serán «anonimizados» por el letrado de la Administración de Justicia e incorporados a la documentación del procedimiento solamente con iniciales y el último número y la letra del DNI.

«Si algo queda claro en la opacidad en las operaciones llevadas a cabo para un poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral interno que se iba a celebrar de forma inmediata», recoge textualmente el escrito de la Audiencia de Salamanca, que no entra a calificar los hechos. En la decisión de requerir al instructor nueva probatorias ha pesado el hecho de que la gerente provincial del partido advirtiera que la documentación aportada hasta el momento, «fragmentada e indescifrable» según el recurso presentado contra la decisión del instructor de no practicar más pruebas, no fuera elaborada por ella, sino por otros dirigentes del partido, además de asegurar que quienes presentaron declaración jurada por las aportaciones nunca le dieron cuenta de ese dinero.