El independentismo lanza un nuevo órdago al Gobierno por los 'papeles de Salamanca'

La Comisión de la Dignidad, que viene liderando desde nace 19 años la particular cruzada por el retorno a Cataluña de todos los documentos catalanes correspondientes al periodo de la II República y de la Guerra Civil que fueron trasladados al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, reconvertido actualmente bajo su nuevo perfil de Centro Documental de la Memoria Histórica, remitió el pasado 26 de enero un requerimiento al Ministerio de Cultura, paso previo al recurso judicial, para que proceda a devolver a Cataluña los fondos que aún siguen depositados en Salamanca.

El abogado y coordinador de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, anunció recientemente en Barcelona, justo cuando se cumplieron los 82 años de las primeras incautaciones de documentos catalanes con motivo de la entrada de las tropas del bando nacional en Barcelona el 28 de enero de 1939, que su asociación había enviado un requerimiento oficial al Ministerio de Cultura con el fin de denunciar que el proceso de restitución de los legajos catalanes no se ha completado. Cruanyes recordó que entre junio de 1939 y febrero de 1940 viajaron en trenes desde Barcelona a Salamanca un total de 150 toneladas de papeles, fruto de los 1.800 registros efectuados en diferentes edificios de la capital condal.

Cruanyes avanzó que, en el caso de que el Ministerio que dirige el socialista José Manuel Rodríguez haga caso omiso del requerimiento, su asociación emprenderá acciones legales y llevará al Ministerio a los tribunales para conseguir que los fondos catalanes que aún siguen almacenados en Salamanca sean devueltos a tierras catalanas. La Comisión de la Dignidad explicó que el requerimiento al Ministerio de Cultura pretende poner de relieve su «inactividad» por haber incumplido la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de junio de 2019, como se refleja en que Cultura sigue, a día de hoy, sin ejecutar el mandato de la misma cuando ya han transcurrido 19 meses desde que fue promulgada . La sentencia fue dictada en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de noviembre de 2005, donde se reconoce el derecho a la recuperación de estos documentos. Eso sí, la Generalitat no puede quedarse los legajos en su poder, sino que debe restituirlos a sus legítimos propietarios o a sus herederos legales.

Los datos que maneja la Comisión de la Dignidad ponen de manifiesto que la documentación retenida todavía en el Archivo salmantino asciende a un total de 23.101 folios vinculados a 76 empresas y particulares, así como a una decena de partidos políticos y sindicatos. A estos fondos hay que sumar cinco banderas y la documentación perteneciente a 47 ayuntamientos catalanes que siguen conservándose en el edificio de la calle Gibraltar, así como 10.000 documentos de la Consejería de Orden Público y Justicia de la Generalitat catalana correspondientes a los años de la Guerra Civil. Además, la Comisión de la Dignidad niega los argumentos que plantean desde el Ministerio, referidos a que toda esta documentación no se puede devolver, «cuando si se analizan uno a uno estos documentos, se ve que es posible devolverlos en su gran mayoría», puntualizó Cruanyes.

La primera salida de fondos el Archivo salmantino hacia Cataluña tuvo lugar en enero del año 2006, en medio de una tensa polémica política bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y con Carmen Calvo ocupando el despacho del Ministerio de Cultura. Pese a las críticas vertidas por la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que viene denunciando de forma reiterada que la Generalitat catalana está incumpliendo la ley, la Comisión de la Dignidad asegura que el 95% de los papeles que retornaron a Cataluña en sucesivas remesas desde el año 2006 ya han sido entregados a sus propietarios o descendientes, concretamente 1.674 cajas con unos 740.000 documentos, 938 libros, 10 carteles, 3 mapas y 4 banderas, además de 1.480.035 imágenes digitalizadas.

La Comisión de la Dignidad también remitió un requerimiento al Ministerio de Defensa, con el fin de que el departamento gubernamental que dirige la ministra Margarita Robles ordene la devolución a Cataluña de la documentación de aquella comunidad que fue incautada por el régimen del general Franco y que se encuentra almacenada en el Archivo General Militar de Ávila. Al igual que en el requerimiento dirigido al Ministerio de Cultura, se trata del paso previo a la tramitación de un recurso judicial contra Defensa si éste hace oídos sordos a la reclamación.

La asociación que encabeza Cruanyes consideró que «no tiene ninguna justificación» que se mantengan en los archivos salmantino y abulense todos estos fondos, por entender que constituye «una afrenta» a la Generalitat y a la población catalana. Además, subrayó que la memoria significa «reparación, justicia y verdad» y reprochó al Estado que «esconder la verdad de los expolios hechos como botín de guerra banaliza el franquismo».