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Alumnos de Ciencias hacen un receso en sus clases diarias a las puertas de su facultad.

La Defensora del Pueblo insta a la Usal a mejorar su normativa sobre discapacidad

Detecta que no está regulado el mecanismo para que los alumnos con necesidades educativas especiales acrediten su situación

Ricardo Rábade

Viernes, 3 de marzo 2017, 18:58

La Usal, al igual que las otras tres universidades públicas de la región (Valladolid, León y Burgos) adolece en su normativa interna de un procedimiento específico para que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acreditar sus específicas circunstancias de discapacidad, con el fin de acceder a través del cupo de reserva para estudiantes con discapacidad. Esta laguna legislativa dificulta que los alumnos puedan ejercer con normalidad el derecho de acceso preferente que la normativa básica les reconoce. Así lo considera la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha detectado esta carencia en una reciente resolución, que responde a las quejas que ha recibido su organismo por dicho concepto.

En realidad, no solo las cuatro universidades de la región se han visto señaladas en el pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, sino un extenso listado de universidades de diferentes comunidades autónomas, que tampoco disponen de este procedimiento específico en su diseño normativo.

Soledad Becerril efectúa en su resolución, fechada el pasado 18 de enero, una recomendación expresa dirigida a la Universidad de Salamanca. Plantea que sus autoridades académicas establezcan en la normativa «el procedimiento al que deben acogerse los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad» y que durante su escolarización anterior hayan precisado de «recursos y apoyos para su plena normalización educativa». De esta forma, este colectivo de estudiantes podrían acceder a la Usal a través del cupo de reserva correspondiente. Por el momento, la Universidad no ha dado respuesta al requerimiento.

Gestiones

Becerril se dirigió también a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León durante la apertura del procedimiento. Lo hizo, con el fin de conocer si el departamento que dirige Fernando Rey disponía o tiene previsto implantar procedimientos a través de los cuales las personas interesadas pudieran obtener una acreditación relativa a su situación de estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes, asociadas a circunstancias personales de discapacidad, con el fin de poder acceder a los estudios superiores a través del cupo de plazas reservadas para alumnos con discapacidad. La Defensora del Pueblo también quería saber si las cuatro universidades públicas de la región tienen prevista la adecuada equiparación del citado alumnado con aquellos estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

«De la respuesta facilitada puntualiza Becerril en su resolución se desprende que la Comunidad de Castilla y León tiene regulado el procedimiento para solicitar las adaptaciones en las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de su ámbito territorial, pero no para obtener esta acreditación».

Becerril constató, a partir de las quejas recopiladas, que la inexistencia de un procedimiento general, tanto en las cuatro universidades castellano y leonesas como en otras muchas del territorio nacional, que estableciera la forma de acreditar las circunstancias de discapacidad estaba originando que los estudiantes «encontrasen continuas dificultades para acreditarlas documentalmente ante las universidades a las que desean acceder».

Toda esta situación, matiza la Defensora del Pueblo, afecta no solo a los alumnos que han participado en las convocatorias de las pruebas previas al acceso a las universidades, sino a cualquier estudiante que desee acceder a una universidad a partir de alguno de los supuestos que la normativa permite, y que se encuentra en esas circunstancias especiales de discapacidad.

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