La Usal desestima los primeros recursos de alzada en el litigio de las oposiciones

El Rectorado de la Universidad ha comenzado a desestimar los primeros recursos de alzadas presentados por los aspirantes excluidos en las controvertidas oposiciones a 31 plazas de auxiliar administrativo de la institución académica. El rechazo de estas reclamaciones conduce a los opositores disconformes a una única opción si quieren materializar sus reivindicaciones, como es la presentación de un recurso, por la vía contencioso-administrativa, en los juzgados.

En concreto, una de las opositoras que ha puesto en tela de juicio esta polémica convocatoria elevó semanas atrás un recurso de alzada ante el rector Daniel Hernández Ruipérez. En el mismo se solicitaba, entre otras cuestiones, la suspensión cautelar del segundo ejercicio de las oposiciones, cuyas pruebas se celebraron finalmente en dos edificios del Campus de Ciencias el 16 de noviembre. La opositora recibió la negativa del Rectorado a la suspensión de los ejercicios el 18 de noviembre, es decir, dos días después de la realización material de los mismos.

Además de estos recursos individuales, otro bloque de opositores ha contratado ya los servicios de un abogado para defender sus derechos en este espinoso asunto.Si los recursos de alzada que tienen previsto presentar en las próximas semanas son desestimados por el Rectorado, al igual que sucedió con el citado anteriormente, han anunciado que acudirán los tribunales para iniciar el proceso judicial con la presentación de un recurso contencioso administrativo.

Por su parte, el Rectorado ha suscrito un convenio de colaboración con la Abogacía del Estado, que fue autorizado el pasado mes de octubre por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, con el fin de que este organismo asesore jurídicamente y defienda los intereses de la Usal en el litigio abierto con los opositores. El convenio estipula expresamente que la institución académica deberá abonar a la Abogacía General del Estado, perteneciente a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, un total de 3.000 euros, más el IVA correspondiente, en los primeros días del mes de abril de 2015, como contraprestación por el servicio dado de asistencia jurídica a la Universidad salmantina.

La Abogacía General del Estado deberá designar a un letrado suyo en activo, que actuará de coordinador de la asistencia jurídica de la Usal, tanto en los asuntos meramente consultivos como en los posibles contenciosos administrativos que tramiten los opositores.

Aunque se habían inscrito inicialmente más de 5.500 personas, finalmente fueron 3.209 el número de aspirantes que concurrieron al primer examen, celebrado el pasado mes de septiembre. De ellos, solo 84 aprobaron y realizaron el segundo ejercicio, que tuvo lugar el 16 de noviembre en Físicas y Químicas.