La ARMH presenta una demanda de conciliación al alcalde de Hontoria por el represaliado por los nazis

La solicitud está respaldada por Ángel Redondo Gallego, representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia, para dar un «reconocimiento a la dignidad» de Antonio García Hevia, un vecino de Hontoria de Cerrato que fue deportado y asesinado en el campo de concentración nazi de Gusen en 1941.

Recientemente la Secretaría de Estado de Memoria Democrática remitió una carta al Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato recordándole la importancia de respetar la normativa vigente y de seleccionar un lugar adecuado para la colocación del adoquín, garantizando así el valor y el respeto que merece este reconocimiento y pidiendo al Ayuntamiento que colabore «para lograr un reconocimiento digno y acorde con los objetivos de la ley».

El alcalde de Hontoria de Cerrato, en el Pleno celebrado el 25 de marzo, se mostró abierto a ceder un espacio público para celebrar el homenaje, pero en el cementerio municipal, en el lugar próximo a las placas ya existentes. «El lugar idóneo es el cementerio y no una plaza o lugar público», afirmó Antonio Abarquero, asegurando que, si accedieran a este tipo de homenajes, «tendrían las calles llenas de símbolos». La propuesta salió adelante con los votos de los tres ediles del PP y los dos votos en contra de IU, mientras que la petición de los familiares de Antonio García Hevia, apoyados por la ARMH, de colocar un adoquín en una calle o plaza del pueblo, fue rechazada en la misma proporción.

«Al cementerio se lleva a los muertos, no a los asesinados. Queremos que sea un sitio visible, que recuerde la historia, para no repetirla, porque con estas actitudes se va a repetir», afirmó ese día indignada Mercedes Gutiérrez, sobrina nieta de Antonio García Hevia, quien advirtió ese día de que los familiares y la ARMH de Palencia seguirían adelante en su reclamación para que el adoquín se coloque en un espacio público, «tal como se ha hecho en otros municipios de Castilla y León y de España». Por ello, anunció que recurrirían al Defensor del Pueblo y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.