«Si alguien busca un golpe de estado, no puede contar con la Policía ni con la Guardia Civil»
El presidente de Jusapol, Miguel Ángel Gómez, acusa a la clase política de utilizarles «para lanzarse piedras»
Jusapol, la asociación civil nacida el 9 de febrero de 2017 en Palencia y registrada el 18 de julio del mismo año con el objetivo de lograr la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas, ha observado con perplejidad el acuerdo del Gobierno para completar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El anuncio, en medio de una fortísima crispación política y tras la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido acogido con recelo por parte del presidente de la asociación, que responde sin paños calientes a esta y a otras cuestiones de actualidad.
–¿Por qué cree que llega ahora el anuncio de completar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
–No hay una causa lógica. Hace más de 40 días el Gobierno dijo que no iba a articular presupuestos y entonces indicamos que si no se hacía por presupuestos, se debía hacer por Real Decreto, como se hizo el año pasado. Intuimos que, aunque estaría previsto, lo sacaron para minimizar el impacto de la dimisión del director adjunto operativo y la polémica destitución del coronel Pérez de los Cobos. Las casualidades existen en muchos ámbitos de la vida, pero en política no se dan. Llevamos 30 años con esta reivindicación y de buenas a primeras, en medio de un revuelo, que salga esto en rueda de prensa parece que lo que se quería era apagar un fuego dentro del seno de la Guardia Civil. Si piensan que con esto nos han comprado, se equivocan. La Policía Nacional y la Guardia Civil no están en venta.
–¿Cómo valora Jusapol la destitución de Pérez de los Cobos?
–Desconocemos los entresijos de esta destitución. Si atendemos a lo que hemos conocido por la prensa, no tiene sentido. El currículum avala a esta persona y no entendemos que se le destituya por cumplir con lo que le dice la jueza, que es que mantenga el secreto de las actuaciones. El Gobierno lo que debería hacer es esperar al informe y si llega al juzgado, defenderse como cualquiera. No vale cortar la cabeza al que pueda firmar porque el que venga detrás se tendrá que centrar en los hechos, que siguen siendo los mismos, independientemente de quién elabore el informe.
–¿Cuál sería la forma más justa de repartir los 247 millones aprobados el jueves entre la Policía Nacional y la Guardia Civil?
–Los guardias civiles necesitan más dinero que los Policías Nacionales, simplemente por el hecho de que hay más guardias civiles que policías. Si hay más efectivos, no se puede repartir al 50%. Se deben igualar los sueldos puesto por puesto para que cada efectivo que realiza un mismo trabajo en cada Cuerpo cobre lo mismo. Lo que pasa es que el dinero no llega para todos, por lo que solicitamos que se haga una nueva auditoría en la que se incluyan todos los datos de las policías autonómicas y que se añada este tramo en el complemento específico general para que los compañeros de segunda actividad y reserva vean aumentadas sus retribuciones.
–¿Cree que el reparto de este dinero entre policías y guardias civiles puede generar tensiones entre Cuerpos?
–Se ha generado un debate innecesario para alimentar un enfrentamiento y romper la unión que ha creado Jusapol entre policías y guardias civiles. Nos quieren dividir y lo que tenemos que hacer todas las asociaciones es centrar el debate en que los policías y los guardias civiles con el mismo puesto de trabajo deben cobrar lo mismo, al igual que los policías autonómicos. Tenemos que mirar por el bien del colectivo.
–Sánchez dijo en marzo que ahora les percibía «como un escudo insustituible y no como un gasto superfluo». ¿Ya han digerido esta frase después de dos meses?
–Nos está costando. La Policía Nacional y la Guardia Civil son las instituciones que año tras año son muy bien valoradas por los ciudadanos. Habría que mirar en esa estadística dónde quedan los partidos políticos y el Gobierno. El ciudadano valora nuestro trabajo y no somos un gasto superfluo porque lo que hacemos va en beneficio de la sociedad. Nos dejamos la vida por nuestro trabajo y si alguien ve nuestra labor como un gasto superfluo, es porque no sabe lo que hacemos.
–Pablo Iglesias ha dicho que a Vox «le gustaría dar un golpe de estado pero no se atreve». ¿Todo este clima de crispación está haciendo que crezcan los opositores al Gobierno en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
–Se está poniendo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en el ojo del huracán. Están intentando utilizarnos para arrojarse piedras entre ellos. La Policía Nacional y la Guardia Civil deben estar aislados del debate político. Nuestra neutralidad debe ser incuestionable y vamos a hacer nuestro trabajo independientemente del partido que gobierne. Nos debemos al Estado y no a un Gobierno. Si alguien busca un golpe de estado, no puede contar con la Policía ni con la Guardia Civil. Nosotros estamos para defender el Derecho y la Constitución y eso queda fuera del marco constitucional. Ha costado mucho llegar a este estado democrático y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil lo van a defender. Siempre vamos a estar del lado de la Constitución, de la democracia y del ciudadano. Cada uno tendrá su ideología, pero cuando nos ponemos el uniforme eso queda atrás y nuestra única pretensión es hacer cumplir la ley.
–¿Ahora, dos meses y medio después, considera que fue buena idea que miembros de Jusapol protestaran frente a la casa de Iglesias y Montero?
–La ley que regula la reunión dice que no hace falta pedir autorización cuando hay menos de 19 personas. Allí había diez personas con una pancarta, no cortaron el tráfico, no profirieron insultos, no generaron desorden público, no traspasaron el límite de seguridad y atendieron a las consignas que les dio la Guardia Civil y ahora les han expedientado por régimen disciplinario a los policías y a los guardias civiles. No se les ha abierto nada por la vía administrativa o judicial, pero se les ha abierto un expediente cuando solo reclamaban la igualdad frente a la casa de la ministra de Igualdad.
–¿A qué sanción se enfrentan los guardias civiles y policías que participaron en ese acto reivindicativo?
–En algunos casos pueden llegar incluso a la expulsión del Cuerpo. Lo único que hemos hecho ha sido estar 20 minutos allí y gritar «equiparación». Esas personas iban bajo la pancarta de una asociación civil, fuera de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Entendemos que estas sanciones no atienden a derecho y vamos a defender a estas personas cueste lo que cueste porque lo que hicimos era legal.

«El covid debe ser una enfermedad profesional o iremos al juzgado»
–¿El Gobierno ha protegido lo suficiente a los agentes mientras estaban en la calle con la curva del coronavirus al alza?
–No. El Gobierno ha llegado tarde con las medidas de protección individual. Ha costado que todos los agentes tuvieran algo tan básico como una mascarilla. El agente necesitaba protegerse en las intervenciones porque no sabía si la persona a la que se enfrentaba podía transmitir o no el coronavirus. Desde un principio han faltado mascarillas, guantes, buzos, gel desinfectante y un mecanismo para limpiar los vehículos, que se rotan entre los compañeros. Inventaron la figura del 'kit' que se dejaba en los coches para intervenciones y en muchos casos no se han repuesto. Los compañeros han hecho un ejercicio de responsabilidad y muchos de ellos se han comprado su propio material para trabajar. Incluso Jusapol ha donado 20.000 mascarillas a policías y guardias civiles. El Gobierno ha llegado tarde y es cierto que ahora hay menos problemas de abastecimiento. Al principio había una orden que exigía a los guardias civiles a dar cuenta por escrito del uso de la mascarilla.
–¿Qué medidas van a tomar el la lucha para que los casos de covid de policías y guardias civiles sean reconocidos como enfermedad profesional?
–Hemos hablado con los grupos políticos para que se llegue a un consenso que sirva para reconocer el riesgo que hemos tenido en esta crisis sanitaria. Nos han necesitado y hemos estado ahí. Hemos estado y estamos expuestos a un contagio porque estamos todo el día en la calle. Si no se reconoce el covid como enfermedad profesional, vamos a llegar al juzgado. Sobre todo tenemos que dignificar a nuestros compañeros que se han contagiado mientras trabajaban y al final han fallecido.
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