El Estado de Derecho tardó en reaccionar con toda la potencia de la ley para combatir las vulneraciones de derechos humanos cometidos por una ETA que fue perfeccionando y endureciendo su pulso liberticida contra la democracia española. Que existan aún 300 asesinatos de la organización terrorista cuya autoría está por esclarecer, total o parcialmente, constituye una mácula en la respuesta comprometida y eficaz de las instituciones y los poderes públicos para resarcir a las víctimas con lo único que puede aliviar su padecimiento: saber la verdad y quién segó la vida de sus seres queridos.
Publicidad
Cuando se cumple un aniversario tan simbólico y conmovedor como los 25 años sin Miguel Ángel Blanco, la imputación de los exjefes etarras 'Antza', 'Anboto' y 'Kantauri' certifica la determinación del juez García Castellón de explorar la vía para depurar las eventuales responsabilidades penales de quienes movían los hilos de los terroristas que ejecutaron a Blanco y del resto de activistas armados. Será el contraste de este paso en los tribunales lo que determinará si cabe aplicar o no la doctrina que retrotrae a 1990 los crímenes sin prescripción. Pero es mandato del Estado de Derecho combatir la impunidad allí donde sea posible y aunque ETA se haya extinguido.
3€ primer mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión