De presupuestos

Nuestra historia regional es un buen ejemplo de lo dicho: los Reyes de León y de Castilla ya necesitaban reunir a las Cortes de entonces para recabar la aprobación de un gasto, especialmente entonces de un gasto militar, con el que se pretendiera financiar cualquier iniciativa en interés del Reino. Y bien conocidas son las tensiones y enfrentamientos con tal motivo, hasta el punto de que los conflictos más notorios (el levantamiento de los Comuneros contra el Emperador, entre ellos) tuvieron ese origen.

El paso del tiempo no ha cambiado esa función principal del presupuesto como elemento clave para entender las relaciones entre los parlamentos y los gobiernos, aunque también es cierto que se han producido cambios importantes en aquel esquema histórico. Nuestra propia Constitución, en su artículo 134, es un buen ejemplo de regulación ponderada, en la que se combinan esos dos aspectos.

Empieza por distribuir la competencia: al Gobierno corresponde elaborar los presupuestos y a las Cortes examinarlos, enmendarlos y aprobarlos, añadiendo que tienen carácter anual y que en ellos debe incluirse la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. A partir de ahí, y en términos imperativos, se impone al Gobierno el deber de presentar los presupuestos ante el Congreso de los Diputados, con un mínimo de tres meses antes de que expiren los del año anterior, antes pues del 1 de octubre, con el fin de que puedan aprobarse antes del 31 de diciembre, que es cuando se extinguen los del año anterior. Lo dice también el propio precepto constitucional: si no estuvieran aprobados los presupuestos antes del primer día del ejercicio económico siguiente (el 1 de enero), quedan automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta que se aprueben los nuevos. Obviamente, si no se aprobaron en tiempo los presupuestos para el año siguiente, porque ni siquiera fueron presentados en las Cortes para que siguieran la tramitación, la solución es la misma, la prórroga del presupuesto anterior, o del último que se aprobó, que puede ser el de varios años antes si se prorrogó más veces. Y esto es lo que está ocurriendo aquí.

Aún el precepto constitucional añade otra regla que debe entenderse como una prerrogativa del Gobierno, una vez que el presupuesto ha sido aprobado por el Parlamento. Podría pensarse que, una vez aprobado, las diversas partidas que lo componen resultarían inamovibles, sin posibilidad de modificación, ni del lado de los ingresos, ni del lado de los gastos. Pero solo es verdad para los Grupos Parlamentarios, cuyas iniciativas, proposiciones o enmiendas, que supongan aumento de gastos o disminución de ingresos, solo se pueden tramitar si el Gobierno da su conformidad; incluso por otras vías legales y reglamentarias puede exigirse que toda modificación al alza de un gasto lleve consigo la modificación a la baja de otro en términos equivalentes, y lo mismo con una baja de ingresos, para preservar el volumen total presupuestado. El Gobierno, sin embargo, puede presentar proyectos de ley que supongan aumentos de gasto o disminución de ingresos del mismo ejercicio económico, lo mismo que puede acordar otras modificaciones o ampliaciones de crédito, estando ya aprobado el presupuesto, cuyo dominio se le reconoce durante la fase de ejecución.

El modelo expuesto, indudablemente equilibrado en lo que corresponde a cada una de las dos instancias, Parlamento y Gobierno, tiene un punto de partida evidente, que es la presentación en tiempo y forma del Proyecto de Presupuestos; todo lo demás, se apruebe o no, está previsto. Y lo que está pasando es que, mediada ya la legislatura que comenzó en 2023, ningún nuevo presupuesto ha sido aprobado, entre otras cosas porque ninguno ha sido presentado a fin de que pudiera serlo. Sigue aplicándose, con prórrogas sucesivas en 2024 y 2025, el presupuesto que se aprobó para 2023 por la Ley de 23 de diciembre de 2022. De entonces acá ha habido circunstancias muy variadas que hubieran necesitado una respuesta presupuestaria actualizada; y aunque sea cierto que la prórroga citada, y también el acceso periódico a cuantiosos fondos europeos, pueden compensar una parte del vacío, la falta de adecuación entre lo presupuestado en 2022 y las necesidades de 2026, que hubieran debido preverse ahora, en el proyecto de 2025, tiene que estar teniendo un notable impacto, con consecuencias negativas.

Muchas veces se ha comprometido la presentación del proyecto, incluso a sabiendas de que las posibilidades de que fuera aprobado no eran muchos. De momento, ya se ha superado el límite temporal que dispone el comentado precepto constitucional, y no sé si se está esperando a detectar algún indicio de algún margen de aprobación, a sabiendas de que sería la última oportunidad, pues dentro de un año por ahora será materialmente imposible que se presente y se apruebe un presupuesto para aplicarlo al año siguiente, 2027, año de elecciones, si no han sido antes. Este es el dilema, y esa será también la irresponsabilidad de quienes dieron luz verde a una investidura, se supone que para contribuir a una gobernabilidad, que ha sido continuamente negada. Y el reto del Gobierno, que debería pensar si es razonable seguir en esta situación.